“Entendemos que es necesario regular la forestación. Es necesario impedir que continúe avanzando de la manera que lo está haciendo. Si consideramos el derecho al agua como un derecho fundamental para la vida, tenemos que hacer propuestas en este sentido”, manifestó Karin Nansen, integrante de Redes-Amigos de la Tierra. Ella fue la encargada de moderar la charla Derecho al agua bajo amenaza e impactos de la forestación con especies exóticas que tuvo lugar en la tarde del lunes. Allí la organización presentó formalmente la iniciativa que elaboró junto con el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias. Tiene como objetivo ordenar la forestación y proteger cuencas hídricas estratégicas para el abastecimiento de poblaciones. Aclaró que la propuesta se basa en “priorizar el derecho al agua, pero sabemos que hay otras dimensiones a tener en cuenta” y citó como ejemplo de variable a contemplar si existe producción familiar en una cuenca. Esto busca ser un impulso para retomar el debate en torno a la regulación de la forestación.
En el conversatorio hubo varias exposiciones. Sin ir más lejos, estuvieron presentes Marcel Achkar e Ismael Díaz, investigadores del IECA que recopilaron antecedentes y elaboraron la propuesta. Ellos explicaron las decisiones que tomaron en torno a la iniciativa y los impactos ambientales de los monocultivos forestales. “Recientemente hemos realizado una revisión de los trabajos disponibles. Un elemento que es importante destacar es que no logramos encontrar trabajos científicos que sostuvieran que los monocultivos forestales no afectan el funcionamiento del ciclo hidrológico. Aquel discurso de la década de los 80, de que la forestación no afectaba, no se pudo demostrar científicamente [...]. Buena parte de estos trabajos fueron financiados por las propias empresas forestales en Uruguay, pensando que los resultados iban a indicar que no había modificaciones. Llegaron a que hay modificaciones [del ciclo hidrológico] y modificaciones importantes”, enfatizó Achkar, que ocupa el rol de director del IECA.
Entre otros puntos, puso sobre la mesa que sí se ha evidenciado científicamente la sustitución de pastizal –uno de los ecosistemas más amenazados en nuestro país– por la forestación. “La conversión de pastizales a plantaciones forestales ha alcanzado en algunas zonas del país un umbral que compromete la seguridad hídrica”, sostuvo el científico. Afirmó que es necesario “integrar la gestión de cuencas y el ordenamiento territorial en la planificación forestal para garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico”. Por su parte, Díaz remarcó que la iniciativa se suma al reclamo de muchos vecinos y productores.
Ofelia Gutiérrez, también investigadora del IECA, celebró la iniciativa y expresó que “era hora de cambiar un poco la pisada y ver cómo hacemos para tener otro modelo de país, por lo menos otro modelo de forestación”. Ella resumió los impactos ambientales que recopilaron sus colegas: “Menos agua en el suelo, menos agua en los pozos, más escurrimiento, menos recarga, más plantaciones, más desajuste hidrológico y degradación del suelo”. Hizo una serie de comentarios y sugerencias como, por ejemplo, incorporar variables sociales, el valor patrimonial del paisaje o si determinadas tierras son de interés para el Instituto Nacional de Colonización. “Se va a criticar, alguien va a decir que hay que hacer más cosas, pero propongamos: hay que empezar de una vez por todas”, insistió. En su exposición hizo un repaso por la historia de la forestación en Uruguay y enfatizó que esta forma de producción no puede ser considerada sostenible.
La responsabilidad del sector político
María Selva Ortiz, presidenta de Redes-Amigos de la Tierra, centró su presentación en la importancia de la participación y la “urgencia de sensibilizar a nuestro sistema político para que escuche e implemente políticas y medidas que regulen el agronegocio forestal en nuestro territorio”. “La gente que vive en los territorios no puede seguir siendo invisibilizada por el marketing de la forestación, porque eso es lo que les pasa a muchos vecinos, muchos productores familiares que hemos acompañado durante todos estos años, a quienes hemos visto resistir, luchar, tener que irse del campo”, describió la activista. Enseguida, expresó que la evidencia sobre los impactos ambientales “la tenemos, la crisis hídrica la estamos viviendo, la pérdida de biodiversidad es diaria y también la pérdida de soberanía”.
A su vez, Ortiz hizo mención a la reforma constitucional de 2004. “La ciudadanía uruguaya votó la reforma del agua, que levantó las propuestas que veníamos construyendo desde el movimiento ambiental a través de los diagnósticos sociales, participativos y que llegaron a rango constitucional. Decíamos que la política nacional de aguas debería estar basada en el ordenamiento del territorio, la conservación, la protección del ambiente y la restauración de la naturaleza. Cuando escribíamos el articulado y hablábamos de restauración de la naturaleza, estábamos pensando en la forestación y en las cuencas altas, en cómo teníamos que recuperar, para la cosecha de agua, esas cuencas altas que estaban forestadas. Planteamos que la política nacional de aguas debía tener una gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras”, contó.
En esta línea, subrayó que “después de la reforma del agua, nada ha tenido un respaldo ciudadano de la magnitud de ese 64,7%”, porcentaje de la población uruguaya que apoyó los cambios impulsados por los movimientos sociales. En contraste, indicó que el sistema político no considera “importantes” las problemáticas socioambientales y suele argumentar que “no están entre los primeros temas de preocupación de la gente”. “Están equivocados. Son temas que se minimizan por el sistema político, pero que nosotros entendemos que deben ser atendidos”, esgrimió.
La activista, que lleva décadas vinculada a la temática, señaló que los impactos producidos por la forestación “los han sufrido la sociedad uruguaya, los trabajadores rurales, los productores y las poblaciones rodeadas” por el monocultivo. “No son solo testimonios. Tenemos vasta evidencia científica que respalda lo que siempre denunciaron los vecinos y que las empresas niegan, a pesar de que sus propias investigaciones demuestran la afectación en el agua”, lamentó. En este contexto, entiende que “es hora de que se tomen medidas para realizar una gestión integrada, priorizando el agua para la vida de los ecosistemas y para el consumo humano sobre los monocultivos de árboles”. “Es hora de poner límites en nuestras cuencas”, exigió.
Ortiz comentó que la propuesta fue presentada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Ambiente, a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores y próximamente también irán a la Cámara de Diputados. Declaró que el Poder Ejecutivo puede emitir decretos excluyendo tierras de prioridad forestal. Por otro lado, también entablaron contacto con el Poder Legislativo con el objetivo de “prohibir la forestación en los suelos que no son de prioridad forestal”. Recordó que en el período pasado una normativa fue aprobada y vetada por el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
“Nos debemos como sociedad un gran debate sobre el modelo forestal celulósico, un gran debate sobre qué país queremos, sobre qué queremos que produzca nuestro sistema de praderas, si queremos que produzca celulosa o alimentos de calidad, que es algo que el Censo Agropecuario muestra que da mucho más empleo, trabajo, más condiciones de vida digna para la gente”, finalizó.