La Ley de Desarrollo Apícola se promulgó en el último gobierno de Julio María Sanguinetti y estableció la creación de una comisión honoraria (CHDA) para asesorar al Poder Ejecutivo en temáticas vinculadas a la producción y venta de miel, tanto en el mercado interno como en el exterior. Está compuesta por delegados del gobierno y del sector privado. En el nuevo gobierno, se designó como representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) al ingeniero agrónomo Jorge Harriet, que el 4 de octubre presentó su renuncia por “una acumulación de disconformidades”.
En una carta enviada al titular del MGAP, Fernando Mattos, el ingeniero agrónomo expresó que cuando se le ofreció participar en la CHDA propuso “unas pocas acciones para ejecutar en los próximos meses”. “Dejo constancia de que eran propuestas sencillas, ejecutables, sin costo. Ninguna de las mismas se ha llevado adelante, y ni siquiera hay perspectiva de que así suceda, a pesar del acuerdo que despertaron esas propuestas en la autoridad y del intento positivo realizado desde la CHDA”, agregó.
Harriet comentó a la diaria que le presentó tres propuestas al entonces titular del MGAP, Carlos María Uriarte, cuando lo invitaron a formar parte de la comisión honoraria. La primera fue “la organización de la apicultura dentro del ministerio”. La segunda planteó “incluir el análisis de riesgo apícola en el registro de los productos fitosanitarios”. “Cuando alguien quiere registrar un producto para las plantas, ya sabemos que hay todo un problema conflictivo para las abejas. La idea no era prohibir productos, sino hacer análisis para que se pueda tener mayores cuidados”, desarrolló.
Una tercera propuesta apuntó a generar “fuentes de financiamiento genuinas para el desarrollo de las empresas apícolas”. “En general los créditos para los apicultores fueron cuando había emergencias, como secas muy grandes o problemas de baja producción, eran más bien salvavidas, coyunturales”, sumó. Desde el punto de vista del ingeniero agrónomo este tipo de medidas son un “debe” para la administración. “Todas estas propuestas fueron presentadas, se me dijo a todo que sí. En Uruguay, a veces la voluntad corre más aprisa que la burocracia, a veces hay que saber esperar, pero yo soy bastante ejecutivo y consideré que si no había un avance, por lo menos visible, las propuestas no fueron tomadas en cuenta”, sentenció.
Harriet planteó que “todos los años” se crea un “problema” con la aplicación de “productos fitosanitarios” y “la que pierde es la abeja, siempre”. Por esta razón, presentó la propuesta de incluir el análisis de riesgo apícola en el registro de productos fitosanitarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas. “Sabemos que el problema no se va a solucionar, pero sí se puede mitigar. Queríamos avanzar en esas medidas de mitigación, pero yo en el año que estuve nunca pude reunirme con alguien de esa parte del ministerio. Siempre se pateaba para adelante, entonces yo veía una falta de efectividad”, explicó.
El capítulo 4 de la ley de urgente consideración (LUC) estableció la creación del Instituto Nacional de la Granja (Inagra) y determinó que será “de derecho público no estatal”. El Poder Ejecutivo debió remitir la creación del organismo en “un plazo de 180 días y al cabo de un proceso de consulta con las organizaciones representativas de los sectores que componen la cadena respectiva”. El documento ya fue redactado y uno de los puntos del texto que generaron mayores discrepancias fue la eliminación de la CHDA.
“Fui crítico sobre la desaparición de la comisión honoraria, porque entendía que era el único organismo que había que tenía algún grado de representación de distintos operadores del sector”, señaló Harriet. Sin embargo, aseguró que la discusión fue “dejada de lado”, porque “la Inagra no salió y por lo que nos dijeron no va a salir por una razón económica, requiere determinadas inversiones o aumentos de gastos en el presupuesto y nos dijeron que el país no estaba en condiciones”. “Creo que no se suspendió, se dejó en suspenso, hasta que en algún momento alguien va a reactivar [la discusión]”, sumó.
“Como usted comprenderá, me encuentro en una disyuntiva personal penosa. En la convicción de que podría hacer aportes a la apicultura y al MGAP, no me siento representante de las ideas que se están llevando adelante ni de los procedimientos aplicados”, manifestó Harriet en la carta que envió a Mattos. Planteó a la diaria que, por más que la comisión “diga una cosa”, “las autoridades hacen lo que quieren”, aunque aclaró que no era una situación “exclusiva de este gobierno”.
Exportación de propóleo
“Por medidas internas del MGAP, aplicadas arbitrariamente y sin evaluación adecuada, el sector apícola se vio impedido de exportar propóleos por un largo período, un año aproximadamente”, indicó el ingeniero agrónomo en la carta. Considera que es una medida “inconcebible” para un sector “netamente exportador”. Según contó Harriet, parte del MGAP quería “imponer” la creación de un protocolo de análisis microbiológicos, de metales pesados, pesticidas y de identidad de productos a los propóleos. La medida generó la “resistencia” de los exportadores por los costos y porque “no estaba claro por qué se querían imponer esos controles”.
“Algunos de los exportadores ya los tienen que hacer. Lo que importa es la resolución del problema; además de llevar mucho tiempo, fue hecha sin tener en cuenta nuestras recomendaciones”, declaró. La CHDA propuso que “si había requisitos puestos por algún mercado comprador”, se cumplieran, pero que no era necesario “imponerlo a todos los destinos del propóleo”. Harriet sintió que “no estaba siendo respetado” su asesoramiento.
“Capaz que era necesario incluir algún tipo de análisis, pero no estaba claro qué análisis, por qué había que hacerlo y qué país comprador lo estaba exigiendo. Hasta el día de hoy no lo tenemos claro”, resaltó.