Uruguay tuvo hasta el viernes 24 de abril la presidencia del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que obliga a los estados a garantizar participación, transparencia y justicia en asuntos ambientales, además de velar por la protección de los defensores del ambiente. Marcelo Cousillas, abogado y gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente desde su creación, fue quien ejerció el cargo de presidente de la Mesa Directiva por cuatro años. Días antes, entre el 21 y el 24 de abril, tuvo lugar en Bahamas la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP) de este tratado. Óscar Caputi, subsecretario de la cartera, fue parte de la delegación uruguaya.

Por otro lado, durante la instancia también estuvo presente Andrea Detjen, defensora ambiental, integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur) y de la Red Regional Escazú. En diálogo con la diaria destacó que esta COP tuvo lugar en un contexto en el que en el mundo hay “guerras, genocidio” y varios gobiernos de la región son de “ultraderecha”. Esto hizo que el debate fuera más complejo.

A su vez, pone sobre la mesa lo complicado que es para las organizaciones sociales, especialistas independientes, comunidades locales y pueblos indígenas –o “público”, como se los llama en el acuerdo– asistir a este tipo de eventos. Este punto queda expuesto al detectar que ella fue la única uruguaya de la sociedad civil que asistió. “Es difícil para la sociedad civil de Uruguay poder estar presente en estas instancias, no solo porque evidentemente no tienen los recursos, sino porque están en territorio, se les está yendo la vida en este momento, como a Mar Libre de Petroleras y a los vecinos en la laguna del Cisne. Tienen que estar todo el tiempo movilizando recursos, tiempo, conocimiento para ver cómo incidir”, agregó. En concreto, la referente hizo mención a la “judicialización” de los defensores de la cuenca de la laguna del Cisne, entre cuyos pedidos está que el territorio pase a ser un área protegida departamental y nacional.

Lo que a Mar Libre de Petroleras le hubiera gustado decir en la COP

En las semanas previas al evento, Detjen y su colega del área ambiental de Ciedur Carolina Cuesta asumieron el compromiso de leer un comunicado de la asamblea Mar Libre de Petroleras. En el texto, la organización pretendía denunciar al Estado uruguayo por “grave incumplimiento de los principios del acuerdo” de Escazú en el tratamiento de los proyectos de búsqueda de hidrocarburos en la plataforma marina. Detjen narró que “estaba a la espera” de la instancia adecuada para hacerlo, que definió como “una sesión de la COP que iniciaba con la presentación de informes de los estados parte, entre ellos Uruguay, sobre las hojas de ruta nacionales para la implementación del acuerdo”. Las hojas de ruta son una especie de plan que busca bajar a tierra los desafíos estampados en la letra del acuerdo para convertirlos en hechos. Sin ir más lejos, Uruguay hizo pública la suya en 2024. Entre los principales cometidos está la especialización de los operadores judiciales, que los sectores vulnerables puedan acceder a la justicia ambiental y que se establezca “criterios generales” para la participación.

La defensora resaltó que en las COP “es importante organizarse” porque “si hacés referencia a temas que no tienen que ver con lo planteado en esa sesión” la problemática “se desestima y pierde fuerza”. Enseguida, continuó con la explicación: “Habíamos planificado que mi intervención fuera posterior al segundo bloque, que fue cuando Uruguay presentó su informe sobre la implementación del acuerdo en el país. En el primer bloque habían estado otros países y, al terminar, la Mesa Directiva dio la palabra al público, especificando que las intervenciones debían limitarse a lo que habían presentado estos países. Al terminar el segundo bloque, dentro del cual estaba Uruguay, se continuó con el tratamiento de otro tema [...]. Cuando esto terminó, las personas que estábamos presentes alzamos la mano para solicitar la palabra, haciendo eco a lo sucedido en el primer bloque de países en donde se había abierto un espacio para la intervención del público. Pero no fue como teníamos previsto, sino que el presidente de la Mesa Directiva [Marcelo Cousillas] expresó que el público solo podía intervenir para hacer referencia al proyecto de decisión que se acababa de referir, no a otra cosa. Bajamos la mano, pensando que acto seguido nos iba a dar la palabra para referirnos a la implementación, pero en lugar de esto, cuando terminaron de hablar sobre el otro tema, cerró la jornada debido a la falta de tiempo”.

Esta situación generó malestar en el público. Detjen apuntó que hubo “falta de voluntad para tomar nuestras propuestas”. Por su parte, Mar Libre de Petroleras planteó en su cuenta de Instagram que “Cousillas negó el espacio de vocería a las organizaciones sociales durante las negociaciones vinculadas a la implementación nacional del Acuerdo de Escazú”. Cousillas, tras preguntarle por qué no brindó espacio a Detjen para leer la carta de Mar Libre de Petroleras, dijo que durante la COP “no hubo ninguna declaración, no hubo ningún pedido, no hubo nada planteado ni a la mesa ni a la presidencia ni a la secretaría vinculado al tema, de manera que no tengo ningún comentario para hacer”.

La misiva de Mar Libre de Petroleras decía: “En Uruguay, la presencia del Poder Judicial en los conflictos ambientales está cuestionada. Los procesos judiciales formales, que deberían garantizar nuestro acceso a derechos, han quedado sometidos a los intereses privados extranjeros. Además, el propio Ministerio de Ambiente, en lugar de cumplir con su rol en la preservación de la calidad del ambiente y la formulación de acciones de prevención, protección, control de impactos y eventual restauración de los ecosistemas, parece haberse convertido en la principal defensoría de las empresas petroleras en nuestro país”.

En el texto, que fue apoyado por varias organizaciones más, apunta que “se han iniciado cinco procesos judiciales” e implora que el “gobierno uruguayo detenga esta marcha”. “Todos estos recursos han tenido un mismo destino: burocracias judiciales, vacíos administrativos y respuestas ambiguas que negaron las demandas presentadas. Lo que está ocurriendo es un atropello a nuestros derechos al acceso a la justicia y a la información pública. Las semanas pasan: las marchas se organizan, las calles se llenan, la incertidumbre crece, las organizaciones se desgastan y el Estado no responde”, agrega. Insiste con que Uruguay se prepara para “avanzar con un pozo exploratorio”.

Mar Libre de Petroleras denuncia “la falta de transparencia en la toma de decisiones vinculadas a la gobernanza ambiental del territorio nacional, la ausencia de acceso a la información sobre las intervenciones en el mar y el violento atropello a los derechos de las personas defensoras del ambiente y su derecho de acceso a la justicia”. También pone sobre la mesa “la actuación del Estado uruguayo como cómplice de las empresas privadas petroleras en lugar de garante de los derechos ambientales consagrados en su Constitución”. En el texto, que finalmente no fue leído durante la COP del Acuerdo de Escazú, la organización invitaba a “tejer puentes de apoyo con el pueblo uruguayo y ejercer presión para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales”.

Detjen esgrime que “Uruguay fue colaborador, apoyó la ratificación del Acuerdo de Escazú y fue el primero en elaborar una hoja de ruta”; sin embargo, plantea que esta última “no se implementó” y está “vacía, sin presupuesto”. “Cuando Uruguay va a instancias internacionales estas cosas no aparecen y somos un país grandioso, que trabaja espectacular en temas de participación y acceso a la justicia, siendo que los espacios de participación son cada vez menos efectivos”, lamenta. A su vez, resalta la necesidad de que existan fiscalías especializadas en justicia ambiental. Pese a este panorama, ve positivo que vecinos y vecinas se hayan apropiado del Acuerdo de Escazú.

Por su parte, Cuesta subraya que Uruguay debe contar con “una gobernanza ambiental robusta, resiliente”, pero entiende que actualmente está “en disputa”. “Desde la Red de Jóvenes se solicitó la revisión del Decreto 349/005, que es el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales, porque está muy desactualizado a las nuevas formas de participación [...]. Hay mucha normativa ambiental que quedó desactualizada frente al hecho de que, a día de hoy, los asuntos ambientales tienen un grado de institucionalización ministerial. Tiene que haber una capacidad de respuesta acorde y los mecanismos de participación tienen que ser realmente participativos, tienen que ser acordes a las demandas de la ciudadanía. Va más allá del gobierno de turno, tiene que haber más capacidades en el Ministerio de Ambiente para dar respuesta”, apunta.

“La decisión es una cosa, el proceso de tomarla es otra”

Cousillas señaló a la diaria que fue una “excelente” COP donde hubo mucho “trabajo” porque “los países y el público planteaban posiciones diferentes y se alcanzaron consensos”. Uno de los puntos que estuvo bajo análisis fue un “registro de emisiones y transferencia de contaminantes”. El gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente lo definió como “un mecanismo para brindar información, como dice su nombre, en materia de sustancias contaminantes y emisiones”. Acotó que solo Chile y México cuentan con este sistema. “Es un tema que tiene muchos componentes técnicos, y desde el acuerdo se trata de apoyar a los estados para que puedan hacerlo. Además, sobre el tema de la participación también se recibió un informe de la secretaría para buenas prácticas en materia de participación en los procesos de evaluación y aprobación de proyectos, especialmente evaluaciones de impacto ambiental”, comentó.

En el encuentro se trataron cuestiones vinculadas al acceso a la justicia por primera vez y se consultó al jerarca sobre qué está estipulado hacer en Uruguay durante este período. “Uruguay tiene que accionar sobre el tema del acceso a la justicia y la hoja de ruta lo menciona. Hay en el país posibilidades de llevar adelante acciones prioritarias. Algunas de las que están marcadas hablan de capacitar a los operadores jurídicos –no solo a los jueces, sino capacitar también a los abogados, a los fiscales, a los defensores, a la gente que tenga participación en el sistema, y para eso tratar de utilizar estructuras existentes como el Centro de Estudios Judiciales, el Colegio de Abogados, las facultades– y también la posibilidad de mejorar los instrumentos para que la justicia pueda operar. Uno de los mecanismos que están planteados en la hoja de ruta es el proyecto de ley de delitos contra el ambiente. El ministro de Ambiente lo ha marcado como una de las prioridades”, acotó.

Sobre el hecho de si el país necesita o no fiscalías ambientales, Cousillas dijo que “las entidades especializadas dependen de que tengas instrumentos para aplicar”. “Obviamente, si se aprobara un proyecto de ley de delitos ambientales, la Fiscalía va a tener que organizarse para poder atender; puede hacerlo a través de alguna fiscalía a la que se le asigne específicamente la temática o puede hacerlo a través de una fiscalía que se especialice. En general, el tema de las especializaciones pasa por el volumen. Si no hay un volumen suficientemente crítico que determine la especialización, es muy difícil que vaya a haber, por ejemplo, una justicia especializada. Más allá de los conocimientos técnicos, que son muy buenos, y es muy bueno que haya una justicia que tenga conocimientos, el Acuerdo de Escazú específicamente no exige una justicia especializada”, sumó.

El Acuerdo de Escazú, en su artículo octavo, dice que “para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, considerando sus circunstancias”, deberá contar con “órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental”. Otro de los grandes pilares de la normativa que Uruguay ratificó y es vinculante –es decir, sus cometidos no son únicamente recomendaciones, sino obligaciones para los estados– es garantizar la participación pública en asuntos ambientales. Cousillas declaró que “en los últimos años” la participación se ha vuelto “mucho más activa”, aunque destacó que “a veces solo se mide por los macroproyectos” y “es interesante ver la participación en todo”.

“Hay cuestiones que convocan mucho y otras en las que la convocatoria no es tal. Tampoco hay que restringir la participación solamente a las audiencias públicas; también están los manifiestos, las comisiones de cuenca, las comisiones de las áreas protegidas, hay actividades de participación en otros organismos del Estado. Hay que mejorar en participación, siempre se puede mejorar. De hecho, la hoja de ruta plantea una cantidad de medidas que podrían ser prioritarias, porque a veces no se entiende mucho en qué consiste la participación. La participación es a la vez un mecanismo para recibir información y poder dar opinión. El ida y vuelta tiene que estar de alguna manera instrumentado. Fortalecer las posibilidades de información y las posibilidades de dar opinión es muy importante. No quiere decir esto que finalmente se termine haciendo lo que quiere el grupo de gente que participó. Lo importante es que las opiniones puedan ser vertidas, que las opiniones sean recogidas, evaluadas y que después se tome la decisión”, expresa.

Una cuestión que suele repetirse en los conflictos socioambientales es el cansancio de las organizaciones que no se sienten escuchadas en los espacios de participación. Tal como planteó Mar Libre de Petroleras más arriba, existe “desgaste”. En este contexto, un pedido histórico de los colectivos consiste en que espacios como las comisiones de cuenca sean “vinculantes”. Es decir, que los participantes tomen decisiones sobre lo que puede ocurrir o no en sus territorios. Al consultarle a Cousillas su visión sobre esto, respondió: “El hecho de que la participación sea vinculante no es lo que está en las normas ni lo que está en Escazú. El Acuerdo de Escazú plantea que la participación tiene que formar parte del proceso, no de la decisión. La decisión la tienen que tomar las autoridades legítimamente establecidas. Para eso están: realizan la evaluación, toman la decisión y son responsables de esa decisión que se toma. La participación es un elemento muy bueno y muy necesario en el proceso, pero no necesariamente los grupos representan a la comunidad, para eso tenemos autoridades, elecciones, partidos. Es decir, todo un mecanismo que busca que el Estado sea republicano y democrático. Es muy bueno que la población esté informada y que las decisiones que se toman en la administración de alguna manera sean sentidas por la gente. Ahora, la decisión es una cosa y el proceso para tomarla es otra”, mencionó.