Desde que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó su último informe, el 9 de agosto, numerosos organismos internacionales han incrementado las alertas sobre las consecuencias del cambio climático y la necesidad de que los países actúen al respecto de forma rápida y eficaz. Para el diseño, la gestión y la aplicación de políticas ambientales y objetivos concretos es necesario contar con un diagnóstico de la situación del país. En ese sentido, la diaria consultó a representantes de organizaciones ambientalistas e investigadores de la academia para conocer su postura sobre cuáles son –o deberían ser– las prioridades ambientales en Uruguay.
La contaminación de los recursos hídricos, la erosión de los suelos y los modelos de producción fueron señalados como los principales problemas en materia ambiental. Pero no son los únicos. La pérdida de biodiversidad, el uso de sustancias químicas y las construcciones en la zona costera son otras grandes preocupaciones.
Producción en el medio rural
Representantes de organizaciones sociales e investigadores destacaron como problema, en primer lugar, la contaminación del agua y el uso de los suelos por la producción agrícola, la ganadería intensiva y el modelo forestal celulósico. La gestión de ambos recursos está muy vinculada; las prácticas sobre el territorio influyen directamente en los parámetros fisicoquímicos del agua y su disponibilidad, y a su vez, la calidad del agua y la cantidad disponible es indispensable para la producción de buenos cultivos y temperatura de la tierra, entre otros aspectos.
María Selva Ortiz, de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, y Ana Filippini, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, destacaron el impacto sobre el agua y la tierra de los “cultivos a gran escala para la exportación” y el aumento sostenido de hectáreas destinadas a la plantación de árboles. Ortiz también llamó la atención sobre los impactos de los modelos de producción en la disponibilidad de agua de calidad de consumo humano, que cada vez está más “amenazada” a pesar de estar consagrada en la Constitución de la República como un “recurso natural esencial para la vida”.
En relación al modelo forestal celulósico, Daniel Pena, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del Grupo de Trabajo en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar), señaló que este modelo está emparentado con un “clarísimo” proceso de “concentración y extranjerización” de la tierra.
Este proceso, a su vez, trae otras consecuencias, planteó el investigador. Por un lado, se genera un desplazamiento de las personas del medio rural hacia las ciudades y, por otro lado, quienes permanecen en el campo ven afectada la calidad y utilidad de sus tierras por el aumento de plagas, mayor acidificación del suelo y reducción de la capacidad hídrica” debido a la forestación en predios vecinos, dijo. “El espacio rural es de donde se saca energía, divisas, recursos, materia y alimentos y se le devuelve básicamente basura. Hay una relación con la ruralidad que es bastante complicada”, manifestó Pena.
Para Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), la prioridad ambiental de Uruguay también está en el medio rural porque los problemas que hay allí “involucran a todo el país” e influyen en otros aspectos, como “la pérdida de biodiversidad uruguaya” y “la contaminación de suelos y aguas, que a su vez tiene impactos sobre la salud humana”.
Uso de sustancias químicas
En relación a la calidad del agua y los suelos, otro aspecto destacado tanto por la sociedad civil como por la academia fue el uso “excesivo” de sustancias químicas y pesticidas, tanto por la producción agroindustrial como por la población urbana.
La presidenta de Vida Silvestre, Lorena Rodríguez, manifestó que si bien hay un aporte de sustancias químicas a los cursos de agua que viene del sector industrial, es “mayor el aporte que viene de los centros urbanos por la falta de saneamiento adecuado y el tratamiento de los efluentes del saneamiento”. La mala gestión de las aguas residuales genera que los contaminantes alcancen las aguas superficiales o a la napa freática y que impacten directamente en el agua de consumo humano, explicaron actores sociales consultados.
A su vez, Ortiz y Alejandro Corvi, presidente de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, advirtieron sobre el efecto de los agrotóxicos en los procesos de eutrofización del agua y el aumento de las poblaciones de cianobacterias en los últimos años. En relación a este tema, Pena sostuvo que existe un “déficit brutal de registro y de generación de datos” sobre el uso de sustancias tóxicas y que no existe un intercambio de información apropiado entre los múltiples organismos con competencia en el tema. El investigador dijo que al menos hay seis organismos que tienen responsabilidad en el área: el Ministerio de Ambiente, el MGAP, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las intendencias departamentales y el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas.
Según Pena, a ese problema se suma la dificultad de presentar denuncias, porque las personas “están acostumbradas” a que el uso de estas sustancias tóxicas para la salud forme parte de su entorno y tarea laboral, y por la dependencia económica que se interpone ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo. El investigador señaló que en los casos en que efectivamente se presenta una denuncia por intoxicación con plaguicidas se llega a eso porque “la gente ya no aguanta más”.
Zona costera
La situación de la zona costera constituye otra gran preocupación tanto para las organizaciones como para la academia. “Pese a que hay un gran índice de población que vive en la costa, que todas y todos somos usuarios de la playa y tenemos una cultura muy vinculada a esta, no terminamos de tomar conciencia del estado de degradación y deterioro que tiene”, consideró la presidenta de Vida Silvestre.
En relación a los problemas ambientales en la zona costera, Analía Ciganda, integrante del Grupo de Trabajo en Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra de la Udelar, resaltó la afectación de la zona litoral costera por el aumento de población en el área y la construcción de calles, carreteras, viviendas y estacionamientos.
Ciganda explicó que estos factores conducen a una “fijación de las dunas de arena”, lo que a su vez trae como consecuencia un incremento de la “impermeabilización del suelo” y produce que “el agua llegue con más fuerza a la playa e impacte sobre las canalizaciones y sistemas de drenaje”. A su vez, advirtió que si estos aspectos siguen en aumento “se perderá la resiliencia del sistema para poder adaptarse o volver a un estado de equilibrio”. La investigadora explicó que la preservación de esta zona es fundamental para que se produzca el transporte de sedimentos y movimiento de arena necesario para que las playas mantengan su estructura y características, así como para evitar impactos negativos sobre la biota.
En este sentido, Ciganda llamó la atención sobre la responsabilidad del Ministerio de Ambiente a la hora de habilitar actividades y obras en la zona costera. Los permisos se realizan en base a un estudio de identificación y evaluación de impactos ambientales y se clasifican en tres categorías posibles: A, B o C, de acuerdo al análisis del nivel de efectos negativos posibles sobre el ambiente. “La mayoría de las intervenciones en la faja de defensa de costas son categorizadas como A, que implica una autorización casi automática y no se requieren estudios más profundos”, y una vez que se otorga esta habilitación “es muy difícil” que se revierta, sostuvo Ciganda. A su vez, señaló que este instrumento de impacto ambiental no implica una evaluación de impactos acumulativos y comentó que no existe un instrumento que dé cuenta del efecto integral de todas las intervenciones en la costa.
Pérdida de biodiversidad
La pérdida de biodiversidad es otra gran inquietud. Las y los representantes de organizaciones e investigadores alertaron sobre la degradación de los bosques nativos por la tala de árboles, y el avance de especies exóticas invasoras (EEI) en los ecosistemas sobre la fauna y flora autóctona. Para la Asociación Uruguaya de Guardaparques los ejemplos más claros de EEI sobre la flora son “el ligustro, la espina de cristo, la acacia, el tojo y el pino, que van colonizando zonas y generando el recambio de especies hasta convertir un ambiente diverso en una zona monoespecífica”. En el caso de la fauna, para la asociación, el caso más conocido es el del jabalí por su impacto en la producción, principalmente ovina, pero también en las “comunidades naturales” por “depredación o transmisión de enfermedades”.
La presidenta de Vida Silvestre también señaló con preocupación la disminución de superficie de humedales en territorio nacional y destacó la importancia de la conservación de estos ecosistemas por su función “primordial” para mantener la calidad del agua, la biodiversidad, servicios culturales y estéticos. Además, Rodríguez sostuvo que los humedales son muy útiles para la producción, sobre todo ganadera.
Medidas escasas
Las organizaciones ambientales y expertos de la academia consultados consideran que las políticas públicas actuales en relación a estos problemas son “tímidas” o “escasas”. Incluso, en algunos casos, sostuvieron que desde los organismos del Estado no se aplica ninguna medida efectiva. En ese sentido, tanto investigadores como activistas observaron con preocupación la “poca voluntad política” para generar acciones concretas y efectivas, y manifestaron que la falta de “sensibilidad ambiental” ha sido una característica de todos los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha.
A modo de ejemplo, Ortiz, de Redes, afirmó que las medidas para frenar la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía –anunciadas en 2013 y reforzadas en 2017– tuvieron un impacto nulo o escaso. La ecologista señaló que si “no es posible proteger la cuenca que abastece de agua potable a 60% de la población uruguaya, ni hablemos del resto de las cuencas”.
Por su parte, Pena manifestó que “hay un gran discurso [desde las autoridades] de armar planes, estrategias de regulación y protocolos de manejo, pero en la práctica no existen las herramientas institucionales para dar andamiaje a esos planes”.
En relación a la regulación sobre la forestación, Pena consideró que no hay ninguna medida efectiva para frenar el avance desmedido de las empresas forestales: “Lo que hay son técnicos aislados en algunos organismos que tienen conciencia de las consecuencias de este modelo e intentan, con las pocas regulaciones que hay, frenar algunas aberraciones que se salen incluso del marco muy laxo que tenemos”, expresó.
Ciganda sostuvo que si bien existe un cuerpo inspector del Ministerio de Ambiente encargado de la fiscalización de las obras en la zona costera, muchas veces ni siquiera se cumple con la normativa más básica, como colocar un cartel en el lugar de obra que especifique la resolución ministerial que la avala, y la identificación de irregularidades recae sobre la sociedad civil, que presenta las denuncias y “recién ahí se envía un inspector”.
A su vez, la investigadora sostuvo que es necesario “fijar criterios” para que las actividades u obras con determinadas características entren todas en una misma categoría de habilitación, porque en muchos casos “es evidente” que a las obras señaladas como categoría A por el Ministerio de Ambiente les corresponde otra clasificación.
Construir un camino alternativo
Ecologistas e investigadores advirtieron sobre la necesidad de generar políticas públicas que permitan iniciar un camino de transición hacia modelos de producción alternativos como la agroecología, desarrollar mecanismos de apoyo a pequeños y medianos productores, revisar la regulación de agroquímicos y fomentar cadenas de comercialización más cortas.
Una de las alternativas posibles son los modelos de “agroforestación de corte agroecológico”, sostuvo Pena, y destacó que existen ejemplos en el país que demuestran cómo este tipo de producción tiene “cierta armonía entre el uso de recursos y su reposición”.
Otras recomendaciones apuntaron al establecimiento de políticas que articulen los objetivos de Estrategia Nacional de Biodiversidad, medidas que permitan una gestión sustentable de los recursos hídricos y la implementación de sistemas de monitoreo continuos en los cuerpos de agua, en especial, en las cuencas hidrográficas.
En relación a la preservación de los ecosistemas costeros, Rodríguez y Ciganda señalaron la necesidad de implementar medidas concretas para la recuperación de las dunas de arena e implementar medidas para controlar la presión sobre los sistemas dunares y el nivel de urbanización en la zona costera.
La Asociación Uruguaya de Guardaparques sostuvo que es necesario incrementar el conocimiento social sobre las especies exóticas, para que se deje de plantar y en su lugar se comience a utilizar especies autóctonas. Los y las guardaparques señalaron que hay plantas nativas que son “ornamental y funcionalmente tan buenas como las exóticas”, sin embargo, no se usan por falta de conocimiento o poca disponibilidad en el mercado.
A nivel institucional, Ciganda y Corvi, de la Red de ONG Ambientalistas, plantearon la necesidad de desarrollar un abordaje integral y transversal de los problemas ambientales y garantizar los mecanismos de participación ciudadana.
En tanto, Gudynas remarcó la necesidad de organizar las competencias ministeriales. Señaló que la “regulación de agrotóxicos”, “el control sobre el bosque nativo” y “el manejo de cuencas” deberían estar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente.
Asimismo, Ciganda sostuvo que es importante mejorar la disponibilidad de “información activa” –datos disponibles sin necesidad de recurrir a mecanismos de acceso a la información pública– en relación al ambiente e impulsar la creación de juzgados especializados en ambiente para un correcto abordaje de las denuncias ambientales.
Por su parte, la presidenta de Vida Silvestre planteó la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos departamentales para abordar los problemas ambientales locales y asegurar “determinados lineamientos y objetivos generales” y “buena capacidad técnica y de implementación, evaluación y seguimiento de políticas y estrategias de acción ambiental”.