El 26 de abril el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que introduce una serie de modificaciones a la Ley 9.481 de ecología y protección de fauna indígena, promulgada en 1935, y al Decreto 164 de 1996, de prohibición de caza de especies zoológicas silvestres. La nueva norma despertó la reacción de representantes políticos de distintos partidos, así como de organizaciones sociales y expertos de la academia que, rápidamente, advirtieron sobre los impactos que estas disposiciones podrían tener en la protección de los animales y del medioambiente. También se organizaron movilizaciones para discutir la decisión del Ejecutivo, así como espacios de intercambio, reflexión y evaluación de las medidas.
Entre ellas, La Red Temática de Medio Ambiente (Retema) de la Universidad de la República (Udelar) organizó un ciclo de mesas redondas sobre la caza en Uruguay para aportar a la comprensión del tema desde tres enfoques: la academia, la sociedad civil e instituciones estatales. Los encuentros estuvieron moderados por Juan Martín Dabezies, antropólogo del Centro Universitario Regional del Este especializado en el estudio de las relaciones entre humanos y otros animales.
“Este nuevo decreto cae como en paracaídas y se saltea gran parte de la institucionalidad estatal. Tiene una trayectoria legislativa medio extraña. Por eso nos pareció importante reivindicar y que se reconozcan los trabajos previos que se habían hecho desde la Udelar y otras instituciones”, dijo Dabezies a la diaria. “La caza no es sólo una cuestión de los cazadores, aunque sean los actores principales, sino que involucra a otras organizaciones que, de alguna manera, están vinculadas a esta práctica porque tienen algunos reparos. Para contemplar toda esa complejidad y resaltar los antecedentes sobre el tema surgió este ciclo de tres mesas”, explicó el antropólogo.
La primera mesa fue el miércoles 22 de junio y se centró en los aportes de la Udelar en el estudio de la caza. Se presentaron cuatro trabajos académicos: uno sobre la normativa ambiental en Uruguay, un estudio sobre perros de caza, una investigación sobre la Fiesta del Jabalí en Aiguá y otro sobre mamíferos invasores y caza. “Hubo una mirada interdisciplinaria que da cuenta de que es un tema complejo que no puede abordarse desde una única perspectiva”, comentó Dabezies.
El segundo encuentro abordó los aportes de la sociedad civil y contó con la participación de representantes de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, Trato Ético Animal, la Asociación Nacional de Cazadores de Uruguay y la Asociación de Guardaparques. “Durante la mesa fueron presentadas distintas posiciones sobre la caza. Fue particularmente interesante el caso de la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas porque los representantes de diferentes grupos de la red tenían visiones bastante diversas entre ellos. Ese también es un elemento que demuestra la complejidad del problema”, manifestó Dabezies.
La última charla del ciclo fue el viernes 19 de agosto y estuvo centrada en el aporte de las instituciones del Estado, en concreto, desde el Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).
La normativa actual
“La caza no es sólo el acto de matar un animal. Es la acción de perseguir, acosar, colocar cebos tóxicos, envenenar fuentes de alimento, montar trampas, redes o pegamentos y destruir los sitios de reproducción”, explicó al inicio de su presentación Carmen Leizagoyen, de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabase) del MA, que se centró en exponer la reglamentación actual de la caza en Uruguay.
Las modalidades de caza habilitadas en Uruguay pueden clasificarse en al menos cinco grupos: la caza comercial, la caza deportiva, la caza control, la libre caza y la colecta científica. Con relación a cada uno de ellos, Leizagoyen explicó cuáles son los marcos normativos que regulan estas prácticas, los permisos necesarios y los requisitos para obtenerlos.
Para poder cazar, una persona tiene que solicitar un permiso que va a contener determinada información, como la especie, el arma que se va a utilizar y un croquis del campo donde se realizaría la caza. De acuerdo con la normativa actual, los propietarios u ocupantes de predios rurales podrán conceder permisos en forma verbal o escrita, sin requerir ninguna formalidad especial. Este fue uno de los puntos de preocupación con respecto a la nueva norma. No obstante, Leizagoyen apuntó que la misma reglamentación pide conocer los padrones donde se va a cazar para poder calcular la distancia de una escuela rural o centro poblado. “Si en el MA no nos dan el número de padrón, es imposible que nosotros calculemos esa distancia y, por lo tanto, no podemos otorgar el permiso”, señaló.
En Uruguay la caza comercial está habilitada sólo para la nutria y la liebre, explicó Leizagoyen. Hay tres frigoríficos registrados en el MA autorizados para la caza libre de estas especies. Este año solamente uno solicitó un permiso para la caza de liebres. Cada permiso otorgado por el ministerio es por 500 liebres y tiene validez durante los 90 días establecidos para su caza (entre el 15 de abril y 15 de agosto). Luego, para solicitar los permisos de exportación la empresa debe presentar “declaraciones” como la cantidad de liebres que se cazaron efectivamente y a cuántos kilos de carne corresponde.
En el caso de la caza control, la persona interesada debe presentar por escrito una solicitud con una descripción de qué “problema” tiene. El MA envía una inspección para evaluar la situación y a partir de allí se decide si se le otorga el permiso de caza control, para cuántos animales y cuál es el período por el cual se puede llevar adelante, sostuvo la especialista. Generalmente, estos permisos se solicitan debido a la presencia de liebres o ciervos axis en algunos establecimientos.
Las especies habilitadas para la libre caza son el jabalí, la cotorra y el garibaldino. El calificativo “libre” se aplica a que la caza de estas especies se permite todo el año y sin límite de ejemplares. En esta área, la nueva reglamentación lo que agrega es la autorización de la caza nocturna de estas especies y otras exóticas contenidas en la normativa. En tanto, la colecta científica corresponde a la solicitud de permisos de caza para investigaciones. “Se hace una solicitud de cuántos animales, la especie, si tiene acceso a recursos genéticos, y luego MA lee el proyecto y determina si lo aprueba o no”, señaló Leizagoyen.
Por último, la caza deportiva en Uruguay está permitida para el pato maicero, el pato picazo, el pato cara blanca, la perdiz, la torcaza, la paloma alas manchadas, la paloma grande de monte y el ciervo axis. Existen temporadas anuales y cuotas o cupos de ejemplares autorizados, que varían según la especie. Cada permiso de caza tiene una vigencia de diez días. En relación con la normativa anterior, lo que cambió es que ahora la persona puede solicitar un permiso por menos días y se le hace un prorrateo por un valor equivalente a esa cantidad de días.
De ganadería a ambiente
Ana Laura Mello, también integrante de la Dinabise, habló sobre la incorporación de la reglamentación de la conservación y explotación de la fauna a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en 2015, competencias que “históricamente” habían estado en la órbita del MGAP.
“Las competencias de fauna llegaron a la Dinama con una normativa y procedimientos desactualizados. Hace mucho tiempo que se venía trabajando con base en el mismo marco normativo y que no se revisaban los procedimientos para la emisión de los diferentes permisos o autorizaciones”, expresó Mello. A partir de esta situación se generó un problema que aún se mantiene, que es la existencia de “mucha normativa, pero muy dispersa”. “Hace falta revisar todas las normas que existen para poder actualizar el marco normativo y darle más unicidad”, agregó.
Otra dificultad estuvo vinculada a los recursos humanos y materiales disponibles para estas políticas. Al momento del traslado, la plantilla de trabajadores de la Dirección Nacional de Fauna del MGAP también pasó a la Dinama. “La mayoría de estos funcionarios estaban muy cerca de la edad de jubilación. De hecho, de ocho trabajadores sólo dos permanecen en funciones”, comentó Mello, y añadió que cubrir las vacantes es un gran desafío.
El choque entre “objetivos” y “lógicas” de trabajo también supuso un obstáculo entre las y los trabajadores de la Dinama durante los primeros tiempos. “Mi visión es que el MGAP trabaja con un enfoque centrado en el sector productivo y la fauna era entendida como un recurso productivo. Por eso había muchas políticas dirigidas a proteger a esos sectores”, apuntó Mello. Sin embargo, en el MA el hincapié está puesto en la “conservación y protección de la fauna”, acotó. “Fue muy difícil, tanto para los funcionarios que recién se integraban como para los que los recibimos, encontrar objetivos y lógicas de trabajo comunes”, señaló.
Con relación a la caza, Mello sostuvo que entre las primeras actividades promovidas desde la Dinama estuvieron centradas en la comunicación mediante las campañas “Cazar sólo a fotos”, para promover que “el disfrute de la naturaleza se hiciera desde otro lugar”. La “explosión” del tema en los medios de comunicación generó un incremento de las denuncias en el ministerio por actividades de caza ilegal. El pico mayor se ubicó en 2017. “La baja tiene que ver en parte con que no teníamos la capacidad para responder adecuadamente a todas las denuncias”, contó Mello.
Por otra parte, la difusión del tema también hizo que se empezaran a acercar al MA otros actores interesados en la caza, como ONG, asociaciones de cazadores y sectores de la academia, con diferentes planteos. “A raíz de eso, en 2017, se decidió organizar una actividad para juntar a todos estos actores para dialogar en conjunto y pensar cuál podía ser el futuro de la caza en Uruguay. En total asistieron 129 personas”, contó.
En esa instancia, 78% manifestó estar de acuerdo con permitir la caza por diversas razones. Entre ellas, para el control de especies exóticas, “temas culturales” como “fuente laboral” y como actividad recreativa, sostuvo Mello. En tanto 22% que se expresó por la prohibición de la caza argumentó que esta actividad genera “un desequilibrio ecosistémico”, tiene un “gran impacto sobre la fauna nativa” y por “daños colaterales”, como matar especies que no están permitidas.
Respecto de cuáles deberían ser las condiciones para la habilitación, las y los participantes expusieron varias ideas que fueron agrupadas en diferentes categorías: “mejorar las actividades de fiscalización”, “aspectos sociales y económicos relativos a la regulación y precios de los permisos” y “aspectos ambientales sobre el territorio”. Además 37% expresó estar de acuerdo con promover un registro de cazadores para “poder hacer un seguimiento de la actividad más adecuada”, así como generar un “registro de armas”, otro de perros de caza, y “guías de buenas prácticas para la actividad de caza”.
“Todos estos fueron elementos que el ministerio tuvo en cuenta para trabajar sobre la caza. Pero no hubo muchas oportunidades de profundizar en propuestas concretas. Hubo un proyecto de investigación coordinado por Martín Dabezies. A partir de allí se organizó la actividad ‘El futuro de la caza en Uruguay, parte 2’ para presentar esos resultados y ver si podíamos avanzar en esa propuesta. Pero los resultados de esa instancia no fueron buenos. Las disparidades y faltas de acuerdo paralizaron todo el trabajo que se venía haciendo desde la Dinama”, expresó Mello.
Precauciones de sanidad
Por su parte, Martín Altuna, de la División de Sanidad Animal del MGAP, centró su exposición sobre algunas enfermedades que comparte la fauna silvestre con los humanos, como la leptospirosis o la leishmaniasis, entre otras zoonosis, y la importancia de que las conozcan para tomar precauciones. El experto explicó que este tipo de enfermedades “puede suponer grandes riesgos tanto para animales como para los seres humanos y los ecosistemas”, por eso la caza tiene que ser “organizada, responsable, comprometida, capacitada, vigilante, colaboradora” y, sobre todo, “biosegura”.
“60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, es decir que vienen de los animales. Al menos 75% de los patógenos de enfermedades infecciosas emergentes en seres humanos son de origen animal; de cada cinco enfermedades nuevas en humanos que aparecen cada año, tres son de origen animal, y 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son de origen zoonótico. Por lo tanto, es trascendental todo lo que concierne a la zoonosis”, sostuvo Altuna.
El experto señaló que para la vigilancia de estas enfermedades es necesario “escanear las poblaciones de la vida silvestre” para determinar qué tipo de patógenos circulan. En nuestro país la vigilancia sanitaria involucra a varias instituciones, entre ellas, el MA, el MGAP, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, además de productores, cazadores y/o controladores, instituciones científicas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos departamentales. El “deber” de la División de Sanidad es la “sensibilización”, “organización” y “coordinación” entre todos estos actores para una tarea más efectiva y abarcativa.
La caza y los predadores
Marcos García, habló del problema de los depredadores en ovinos y las acciones promovidas por el SUL para solucionarlo. García señaló que en una encuesta de 2016, 71% de los productores manifestó tener problemas con predadores. “De ese total, 71% dijo que tenía problemas con zorros, 22% con jabalíes, 46% con perros, y después con otros predadores”, manifestó.
Ante esta situación, el SUL “ha trabajado y promovido” la caza de ciertas especies en el país. Por ejemplo, en las décadas de 1990 y el 2000 organizó “jornadas de cacería” para “controlar” la presencia de chancho jabalí. “Esa era la idea que se tenía en ese momento, que para tener mayor solvencia de corderos se debía controlar y disminuir la población de jabalí”, dijo García. Otra acción desarrollada por el SUL en 2005, a pedido de una masa de productores, fue la elaboración de un permiso de caza para el zorro. “Estos eran métodos directos para disminuir la población que causa el problema”, explicó.
Paralelamente al desarrollo de estas medidas, se comenzó a pensar en “métodos indirectos”, dijo García, es decir, medidas que “no actúan directamente sobre el depredador, sino que buscan impedir el contacto entre depredador y presa”. Así, en 2003 se efectuó la primera compra de perros pastor, y luego se incorporaron llamas y burras, además de los perros, como animales de “guardia”. También se comenzaron a utilizar alambrados eléctricos y mallas para lograr delimitar la zona de aparición de los depredadores.