A comienzos de setiembre, la diaria realizó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Ambiente (MA) para conocer más detalles sobre el derrame de soda cáustica que cometió la multinacional finlandesa UPM en Durazno y también solicitó la cantidad de multas que ha recibido. El jueves, luego de que el hecho cobró estado público, recibimos los datos y pudimos acceder al expediente, donde se incluyen tanto documentos de la empresa como de la cartera ambiental. Asimismo, las autoridades afirman que los titulares del proyecto UPM2 -Cuecar SA y Blanvira SA- han recibido 11 “procesos sancionatorios” durante la construcción de la planta de celulosa.
Uno de los procesos se trata de “apercibimiento”, es decir, una alerta por “no haber construido el sistema de drenaje pluvial y los sedimentadores de la zona del obrador provisorio según compromisos asumidos en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción”. Otro es una multa de 100 unidades reajustables -unos 4.000 dólares a valor de hoy- por “no haber implementado las acciones de gestión ambiental previstas en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción subfase I para prevenir la emisión de material particulado y ruido en las actividades de construcción”. La tercera sanción es de 200 unidades reajustables -poco más de 8.000 dólares- por “no haber acondicionado y pavimentado el camino del Tala en el período comprendido dentro de los tres primeros meses de obra”. “Por haber iniciado las obras de construcción de las adecuaciones a la infraestructura vial necesaria para el transporte de cargas especiales sin contar con la aprobación por parte de la Dinama [la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente]”, la empresa tuvo que pagar otras 300 unidades reajustables -12.500 dólares-. También abonó esta última suma por “incumplimiento de los estándares de vertido para los parámetros de fósforo total, cloro libre y especies de nitrógeno, los que presentan valores que superan los estándares de vertidos aplicables al proyecto”.
El MA estableció otra multa de 500 unidades reajustables -20.800 dólares- porque UPM inició “las obras de la planta de tratamiento de efluentes para la fase de operación del proyecto sin contar con la aprobación previa”. La sexta sanción es de 300 unidades reajustables -alrededor de 8.000 dólares- por “haber ejecutado actividades de voladuras en el área exterior de la Zona Franca, sobre el margen del río Negro, para implantar allí la tubería de aducción de agua bruta, sin contar con el Plan de Gestión Ambiental aprobado para el desarrollo de dichas actividades”.
Sigue una sanción de 750 unidades reajustables -31.000 dólares- por “falencias en la implementación del Plan General de Monitoreo Ambiental aprobado y las inconsistencias e inexactitudes constatadas en el informe” correspondiente al trimestre abril-junio de 2021. La octava multa, valorada en 300 unidades reajustables, es por “haber incumplido durante el período mayo a octubre de 2021 los estándares de vertido aplicables al proyecto”. El mismo monto pagó la empresa por “no haber dado cabal cumplimiento a los requisitos de monitoreo establecidos en el Plan de Gestión Ambiental de Construcción” relativos a “la frecuencia y parámetros establecidos”. Finalmente, la última multa de la cartera durante la fase de construcción de la planta de celulosa es de 900 unidades reajustables -37.500 dólares-. El motivo es “haber incurrido en la infracción de continuar transmitiendo los datos de monitoreo automático de calidad de aguas sin dar cabal cumplimiento a las condiciones establecidas”. Por esta última sanción, la compañía presentó “un recurso de revocación” que a la fecha “continúa en evaluación”.
Ojalá el historial de infracciones culminara aquí. Sin embargo, desde que se inició la operación de la planta de UPM el 14 de abril, el MA ha iniciado otros dos procesos sancionatorios. El primero es una alerta por “vertido de efluentes al río Negro con superación del límite de temperatura” y el segundo corresponde a “una sanción con una multa por 100 unidades reajustables por incumplir las condiciones del vertido”. De esta forma, se llega al hecho que tuvo lugar el 16 de agosto, cuando la empresa derramó un millón de litros de soda cáustica que acabó con la fauna acuática del arroyo Sauce y también dañó el río Negro. Aún no se ha emitido una resolución sobre este último vertido, pero las autoridades adelantaron que el monto de la multa será de 1.000 unidades reajustables -aproximadamente 40.000 dólares-.
El expediente
A partir de la lectura del expediente se desprende información importante. Por ejemplo, Gervasio González, gerente de Medio Ambiente de UPM, en el primer contacto vía correo electrónico con la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del MA, planteó que detectaron el derrame “tras el aviso del vecino lindero al oeste de la planta”. “Inmediatamente se concurrió al predio del vecino, donde se constató la situación y se tomaron muestras de agua y registros fotográficos. Al mismo tiempo se recorrió el tramo de la cañada dentro del predio de UPM, donde se registró un pH 13 y presencia de sólido precipitado de color blanco, lo que indicaría presencia de hidróxido de sodio”, indicó en el texto.
Un informe elaborado a pedido de la multinacional explicará más adelante las implicancias de que un curso de agua llegue a niveles de pH 13, pero continuemos con el intercambio. Ante la comunicación, el MA respondió que “dada la significancia del hecho” resulta “necesario que se amplíe la información sobre las consecuencias que este evento generó en el medio receptor, para lo cual solicitamos informe sobre las que se han detectado hasta el momento y sobre las acciones que están llevando a cabo o que se han planificado realizar en el corto plazo para limitar o prevenir otras consecuencias”.
En el informe preliminar del derrame envíado por UPM a las autoridades se detallan las medidas que tomó la compañía. Una de las más curiosas, que aún no había trascendido públicamente, consiste en que el 16 de agosto -día en que reciben el aviso por parte del vecino- “se excavó un pozo en el terreno entre la pileta de control de pluviales y el punto del arroyo donde se constató el aporte de líquido alcalino” con el objetivo de “interceptar el flujo de dicho líquido y generar un pozo de bombeo”. “De ese pozo se comenzó a retirar líquido mediante bombeo a camión cisterna, para su disposición”, suman. En otro informe, detallan que dos días después, el 18 de agosto, se excavó un segundo pozo “para mejorar la contención del líquido que escurría”. A su vez, el 31 de agosto, “se hicieron nuevas excavaciones en dos sectores correspondientes a zonas donde las plataformas de relleno conforman taludes de transición intermedios o de terminación hacia el terreno natural”.
Pero volvamos al primer informe, donde se incluyó un “relevamiento ictícola” que realizaron biólogos a pedido de la empresa, luego de haber recorrido el territorio un día después de constatado el derrame. Comencemos con un spoiler de las conclusiones del documento, que dice así: “En función de los parámetros de calidad de agua relevados y peces colectados se puede concluir que la afectación en el tramo de arroyo relevado fue total. Las condiciones existentes al momento del relevamiento eran incompatibles con la vida de organismos acuáticos”. Los técnicos afirmaron que “unos cien metros antes de la desembocadura del río Negro, en un sitio con un ligero embalsamiento debido a una zona de bañado, se encontraron cientos de peces muertos, habiendo colectado unos trescientos en aproximadamente 15 metros de costa”. “Los individuos colectados se encontraron muertos, decolorados y visiblemente deteriorados a nivel externo (falta de ojos, laceraciones en la piel, branquias abiertas, etcétera). En el laboratorio fueron identificados a nivel de especie (cuando se pudo), pues la coloración y las manchas en la piel, que muchas veces resultan características diagnósticas, no estaban ya presentes”, detallaron.
Esta información resulta fundamental para comprender el hecho. Hasta el momento, la información que había tomado estado público provenía del MA, que si bien tenía conclusiones similares, realizó la inspección cuatro días después de detectado el derrame. A su vez, también cobra importancia en un contexto en el que la compañía realizó declaraciones en las que pretende minimizar el vertido.
Los biólogos resaltaron que el 97,1% de la muestra de peces estaba representada por especies de la familia Characaidae, principalmente mojarras (69,6%) y dientudos (27,5%). “Los individuos de los dos grupos que no se pudieron identificar a nivel de especie representan la mitad de la muestra: Astyanax spp. (25,4%) e Hyphessobrycon spp. (22,2%)”. La especie C stenopterus representó “el 26,8% de los individuos colectados”, indicaron. A esto se suma que “dos de las especies colectadas se encuentran en la lista general de especies prioritarias para la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Se trata de la morenita o pez eléctrico (Gymnotus omarorum) y el bagre negro (Rhamdia quelen). También aclaran que “la composición de los peces relevados no necesariamente representa la diversidad de especies del arroyo, ya que algunas especies pueden no haber sido colectadas por estar en el fondo u ocultas en la vegetación”.
Los biólogos señalan que “los valores de pH medidos en el cuerpo de agua afectada el día del muestreo estuvieron por encima de 11,5, mostrando valores no compatibles con la vida acuática en todo el recorrido del curso de agua hasta su desembocadura en una laguna de inundación del río Negro. El pH es una escala logarítmica que se utiliza para expresar las concentraciones de iones de hidrógeno o de iones hidroxilo en una solución y sus valores van de 0 a 14, siendo 7 el valor para un pH neutro [...]. Los valores de pH que se encuentran en cuerpos de agua dulce pueden variar entre 6,5 y 9 y los valores letales aparecen a valores menores de 4,5 y mayores a 9,5. El pH de las aguas naturales depende de las características de la cuenca de drenaje, la fotosíntesis, la capacidad de amortiguación del medio, la oxidación de la materia orgánica, la transformación química de sustancias minerales, así como la adición de contaminantes. El ingreso a un cuerpo de agua de una sustancia química que modifique la concentración de cualquiera de estos iones va a modificar el pH”. Sin dudas, el ingreso de un millón de litros de soda cáustica fue la causa de muerte de la fauna acuática.
¿Cuál es el precio de la vida?
Cuando una empresa es sancionada 11 veces durante la fase de construcción y tres veces más en la fase de operación -que comenzó hace apenas seis meses-, algo no está bien. Al mismo tiempo, tampoco está bien que una empresa sea expiada de culpa luego de pagar por el daño que causó. Carlos Santos, doctor en Ciencias Sociales especializado en Ecología Política y Medio Ambiente, describió en diálogo con la diaria que “la lógica del sistema de multas que tenemos instalado termina siendo una especie de estímulo a la contaminación”. “Le sale más barato a una empresa pagar por una multa que tener un buen sistema de remediación ambiental o de gestión ambiental que evite, por ejemplo, un derrame”, acotó.
Enseguida remarcó que “tiene que haber estímulos” para que las compañías no opten por el camino de contaminar. Pueden ser “positivos o negativos, como el valor de las multas, que sean realmente pesadas e impliquen a las empresas razonar económicamente para evitarlo”. A su vez, puso sobre la mesa que “la multa no tiene por qué ser necesariamente en dinero”, sino que puede abarcar otros “elementos que impliquen afectación del funcionamiento de la empresa”. Un ejemplo es la clausura por determinada cantidad de días. Sin embargo, sumó que “el problema es que la relación del Estado uruguayo con esta multinacional es tan particular, tan del orden neocolonial, que es muy difícil pensar que el gobierno se vaya a imponer de esta manera”.
Recordó que una investigación de 2019 determinó que la planta de celulosa UPM1, ubicada en Fray Bentos, generaba un millón de dólares de ganancias por día; UPM2 la duplica en capacidad productiva, por lo que es posible estimar que esa ganancia sea el triple. “Es realmente irrisorio el porcentaje de las multas para la magnitud de la escala económica que maneja UPM. Más allá de si 40.000 dólares es mucho o poco, ¿cómo definen cuánto cobran por una multa en un evento de este tipo? Estamos hablando de que hay un arroyo en el que se extinguió la vida, según el MA. Yo pienso que hay que poner a la empresa a restaurar la condición ecológica del arroyo. Va a ser mucho más efectivo que tratar de gestionar algo con los dineros que va a cobrar el Estado por la multa”, planteó.
Santos contó que al leer la noticia del derrame pensó inmediatamente en un texto clásico para la economía ecológica que escribieron Silvio Funtowicks y Jerome Ravetz hace casi tres décadas. Se llama “El valor de un ruiseñor: la economía ecológica como ciencia posnormal”. “A mediados de los 90 se hablaba mucho de la extinción de los ruiseñores, como ahora se está hablando de la extinción de los polinizadores. Ellos se preguntan cómo definimos el precio de un ruiseñor. Dicen que si lo definimos por las reglas del mercado nos va a dar un resultado, pero si lo definimos por lo que representa como último exponente de una especie, por lo que nos aporta a la vida o por su valor estético, el resultado va a ser diferente. Es importante que la dimensión del valor no pase sólo por el dinero. ¿Cómo definís el valor de un sistema vivo que lo arruinamos por completo debido al mal manejo de una planta industrial? Es preocupante”, finalizó.