Ecocidio es un término que suele utilizarse para hacer referencia a la destrucción ambiental que tiene lugar dentro de un territorio determinado. La definición, que en realidad tiene un trasfondo mucho más complejo, podría aplicarse a los efectos que dejó el derrame de un millón de litros de soda cáustica cometido por la planta de UPM en Paso de los Toros. A 49 días del hecho, el Ministerio de Ambiente (MA) presentó un informe, al que accedió la diaria, en el que detalla cómo fue el procedimiento del evento y los hallazgos que detectaron.
Todo comenzó el 16 de agosto cuando la gerencia de la empresa se comunicó por teléfono con el director de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Eduardo Andrés, para notificarle el derrame. Por la noche, la multinacional también envió un correo electrónico a la División Emprendimientos de Alta Complejidad. En los días siguientes, las reparticiones del MA solicitaron más información y comenzaron a vigilar la estación automática de calidad de agua ubicada en el río Negro, precisamente en las inmediaciones de la planta.
El lunes 21 de agosto la Dinacea realizó una inspección en la planta de producción de celulosa y también recorrió todo el tramo del arroyo Sauce que se vio afectado. Un punto importante a tener en cuenta es que durante el fin de semana anterior tuvieron lugar “fuertes precipitaciones” que habían “lavado fuertemente el curso, lo que quedaba evidenciado por la resaca en el entorno del arroyo”, según relata el informe. “Al analizar los registros de gabinete del área de almacenamiento de químicos se constató que el sensor de pH de la pileta de control se encontraba fuera de operación y que ha estado en esa condición desde hace ya bastante tiempo”, sentencia el documento. También cuenta que a partir de un análisis preliminar pudieron detectar que la pérdida de soda cáustica habría comenzado “algunos días antes de la detección del derrame por UPM”, pero que habría sido almacenado en una pileta “durante un tiempo mayor al estrictamente necesario”.
“No se pudo apreciar la existencia de ningún tipo de pez ni crustáceo en el curso”, determina el informe, en referencia al arroyo Sauce. Asimismo, describe que “visualmente se evidenciaron efectos sobre la vegetación del borde y mayormente sobre la vegetación acuática”, también identificaron peces muertos recostados sobre el tramo analizado. El martes 22 de agosto, seis días después de que se notificara el derrame y con lluvias de por medio, los técnicos se trasladaron al río Negro, en la zona próxima a la desembocadura del arroyo Sauce, para tomar muestras. Allí observaron ocho ejemplares de peces muertos: dos tarariras (Hoplias malabaricus), tres bagres trompudos (Iheringichthys labrosus), un bagre pintado (Pimelodus maculatus) y dos viejas del agua (Loricariichthys anus).
El informe estableció que “la afectación a la calidad del agua alcanzó hasta la desembocadura del arroyo Sauce en el río Negro, pero los efectos sobre este último no habrían sido de alta significación”. Reconoce que “las copiosas precipitaciones ocurridas inmediatamente luego del derrame contribuyeron significativamente a la reducción de los efectos sobre el arroyo Sauce”. Asimismo, describe que “ha existido sensible afectación sobre la biota del arroyo Sauce” y que “es notoria la ausencia de fauna visible a simple vista”. “Resulta esperable que la fauna acuática del tramo lótico haya sido extinguida producto de las altas condiciones de pH que se obtuvieron en la masa del agua”, afirma sin rodeo. Aunque enseguida matiza: “Se espera que paulatinamente y de forma natural –sin intervenciones adicionales– pueda recomponerse la fauna del curso, sin perjuicio de que resulta necesario desarrollar un adecuado seguimiento para evaluar esas condiciones de recuperación”.
La infracción fue clasificada como “grave” por “incumplir las condiciones previstas en las autorizaciones” y poner “en riesgo el ambiente, incluyendo la salud humana”. Recomienda la multa de 1.000 unidades reajustables –aproximadamente 40.000 dólares– e indica que UPM deberá “realizar seguimiento de las condiciones de calidad y la capacidad de recuperación de los ecosistemas afectados”, detallando un “conteo y determinación de biomasa, cálculos de riqueza y diversidad de la comunidad de macroinvertebrados del arroyo” y de la comunidad de peces. La planta de celulosa, que se encuentra operativa desde hace cuatro meses, tiene tres procesos sancionatorios más en curso.