Durazno

“No podemos comprar el baño del papa”, se dicen, cuando hablan de la inminente instalación de una segunda planta de UPM sobre el río Negro. Pero la ilusión dispara la imaginación, y la película de César Charlone y Enrique Fernández es invocada como el instrumento predilecto de contención psicológica. El Poder Ejecutivo oficializará la inversión en los próximos días, seguramente el martes. ¿Cómo se viene procesando este emprendimiento entre los pobladores del centro del país?

La locación de la segunda planta de UPM, anunciada ayer por el presidente Tabaré Vázquez, ya tuvo sus primeras repercusiones. Aunque todavía resta definir la ubicación exacta de la futura pastera, la divulgación de la zona en que se construirá provocó sonrisas y también algunas desilusiones. De los tres departamentos que podían estar implicados en el emprendimiento, uno quedó totalmente descartado: Cerro Largo. Si bien resta saber de qué lado del río Negro se instalará la pastera, las autoridades departamentales de Durazno y Tacuarembó saben que el proyecto tendrá una influencia importante en las poblaciones de las dos orillas.

Por iniciativa de vecinos de la ciudad de Durazno, y por medio de la ley que reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en las violaciones a los derechos humanos entre 1968 y 1985 y establece la promoción de acciones materiales o simbólicas de reparación, el Ministerio de Educación y Cultura colocó una placa recordatoria frente al cuartel del Regimiento de Caballería Blindado Nº 2, en memoria del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, fallecido el 24 de mayo de 1973 en ese lugar, a raíz de las torturas recibidas durante su detención ilegítima.

Vestidos y arreglados para la ocasión, los integrantes de las 87 familias que recibieron las llaves de su nueva casa el viernes, en Villa del Carmen, esperaban junto a familiares y amigos a las autoridades para tener, al fin, su casa propia. Sobre una mesa, una torta gigante con una maqueta de las casas, las 87 llaves y 87 llaveros hechos por los vecinos con un disco de árbol y una foto de todo el nuevo vecindario, tomada el día que se hizo el sorteo para saber cuál de todas las viviendas del Movimiento por la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) en las que habían trabajado durante 18 meses sería la de ellos.

Washington Vázquez trabaja como limpiador desde hace 28 años en la Junta local de Centenario, un pueblo de 1.100 habitantes ubicado al noroeste de Durazno, a orillas del río Negro. En 2009, Miguel Denis ingresó como encargado de la Junta. Desde entonces, Vázquez registra varias situaciones de acoso moral laboral por las que ha acusado a ese funcionario ante la Policía y la Justicia. Las denuncias fueron infructuosas hasta junio de este año, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomó cartas en el asunto.

El fallo de la jueza Andrea Caamaño, del 16 de junio, confirma el procesamiento del dueño de la empresa de recarga de garrafas, Miguel Camilo, aunque sin prisión, pese al pedido de la fiscal, Patricia Lanzani. A lo largo de todo el auto de procesamiento se reiteran los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y del Latu respecto del “cúmulo de incumplimientos” por parte de la empresa de la legislación vigente en el sector, la falta de capacitación y falta de medidas de seguridad para impedir accidentes como el del 20 de febrero de 2014.

Algunos sectores de la Policía empiezan a poner la mira en las cuestiones ambientales teniendo en cuenta las nuevas competencias que le asignó la nueva ley orgánica en material ambiental, aprobada en febrero, y que empieza a regir en 2016. La norma le otorga a la Policía Nacional el deber de “participar en los operativos que determinen las autoridades competentes, en casos de grave riesgo, catástrofe o en materia de protección del medioambiente y recursos naturales”.

Dos trabajadores murieron tras los hechos del 20 de febrero de 2014: Pedro Ansolabehere y Mario Luzardo. Otros dos resultaron con heridas gravísimas en todo el cuerpo por quemaduras: Pablo Buttafuoco y Hermes Dota. Quedó comprobada por distintas vías la responsabilidad empresarial en los hechos por la violación sistemática de las normas de seguridad exigidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). Sin embargo, y a pesar de que el organismo ya resolvió imponer fuertes sanciones económicas a Acodike y a su representante en Durazno Miguel Camilo, aún no se efectivizaron debido a sucesivos recursos administrativos interpuestos por los implicados para evitarlas.