Marina Beach es un proyecto hotelero y residencial impulsado por las empresas Manantial del Sol S.A, Coralview LLC y Lokview LLC. Tiene por objetivo construir 26 viviendas y un hotel en padrones situados sobre remanentes de cordones dunares y la playa -en lo que se conoce popularmente como la faja de defensa de costas-. Abarcaría un total de 21,5 hectáreas ubicadas en el arco de playa entre Manantiales y José Ignacio, departamento de Maldonado.
Su aprobación, tanto a nivel departamental como nacional, junto con la preocupación por los posibles impactos socioambientales y económicos, generaron conflictos en el territorio. Vecinos del balneario Buenos Aires, la Red Unión de la Costa, el Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental, docentes del Centro Universitario de la Región Este (CURE) y el Frente Amplio han sido los protagonistas de la oposición al proyecto. En este contexto, el lunes se realizó una conferencia en conjunto y, más tarde, se presentó un informe elaborado por docentes del CURE al que accedió _la diaria _.
El último informe del CURE -en el proceso de discusión se presentaron varios más advirtiendo los posibles efectos adversos- fue elaborado por Isabel Gadino, del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje, junto a Daniel de Álava y José Luis Sciandro, ambos del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos. Allí se realiza una cronología del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Marina Beach. Según plantean, el primer antecedente de la iniciativa data de 2012, cuando fue presentada con otro nombre. Tres años después y luego de haber cumplido todas las etapas de discusión, el entonces Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), negó la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica. La idea quedó encajonada hasta 2019, momento en que la Intendencia de Maldonado volvió a presentar el PAI a la cartera, esta vez, bajo el nombre actual.
“Entre enero y junio de 2022, las oficinas técnicas del Ministerio de Ambiente elaboran informes relativos al nuevo proyecto, sobre cuestiones geomorfológicas, ecosistémicas, paisajísticas e incluso evidenciando diferencias en la mensura del área disponible y nuevamente sugieren denegar la aprobación de la Evaluación Ambiental. A pesar de estos informes y los anteriores, el 5 de junio el ministro de Ambiente [Adrián] Peña aprueba el proyecto. El expediente pasa a la Junta de Maldonado”, se describe en el documento, agregando que en agosto el proyecto fue aprobado en este ámbito, con la oposición del Frente Amplio. También relatan que inmediatamente organizaciones sociales presentan un recurso por “incumplir múltiples disposiciones que regulan el ordenamiento territorial y la protección del ambiente en Uruguay”.
“En un lapso de 15 días debían juntarse 1.000 firmas y finalmente se juntan 6.366. En setiembre se presenta el recurso con las firmas al Senado de la República y en octubre de 2022 una delegación de los recusantes concurre a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. El fallo de la comisión es adverso a la solicitud”, describen.
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Playas y su acceso público en peligro
Uno de los puntos que los académicos entienden pertinente discutir es “la necesidad de incluir estos padrones en el mercado inmobiliario como forma de proteger el recurso ambiental”. “Si bien el Marina Beach se presenta como un proyecto mixto en cuanto a uso residencial y actividad comercial hotelera, el mismo consolida la tendencia de construcción de complejos de viviendas de temporada unifamiliares en la costa uruguaya, en particular en el departamento de Maldonado. La construcción de segundas residencias desarrollada en Uruguay en forma acumulativa desde principios de siglo XX, forma parte de un modelo global conocido como turismo residencial. Amplia biografía y estudios de caso refieren a los inconvenientes de su aplicación, con altos costos socio-ecosistémicos a largo plazo. Se trata de un modelo de desarrollo turístico que basa su oferta, casi exclusivamente, en la transformación permanente del recurso playa para construcción y venta de viviendas de uso muy breve”, señalan los expertos del CURE en el informe.
También allí sostienen que el documento de Marina Beach “retoma textos científicos sobre la conformación del medio biótico, que lejos de argumentar a favor de su aprobación, describen situaciones de alerta y emergencia sobre el área”. Entienden que esto “deja en evidencia el desconocimiento científico del informe sobre la temática costera”. “En el último lustro se han desarrollado en la zona de la propuesta varios fraccionamientos costeros, generando una modificación del ambiente y del paisaje que se extiende a casi la tercera parte del arco de playa implicado. Incluso dos de estos fraccionamientos son linderos a la propuesta de Marina Beach. Una nueva intervención agravará un proceso de fragmentación del paisaje de la costa, más aún teniendo en cuenta que se proyecta en un área que coincide con los espacios más grandes y continuos de playa de la costa de Maldonado, condición que puede verse como valor ambiental a preservar”, subrayan.
Los investigadores también expresan que el proyecto “habla de dejar importantes corredores visuales, pero se omite todo lo que quedará en adelante bloqueado a la vista del público que recorre la ruta y accede a la playa”. Recuerdan que en la zona ya existen ejemplos de proyectos que han traído perjuicios de este tipo. Además, en este caso particular, en el informe de las empresas “se omite la pérdida de la percepción del espacio playa en su conjunto, con visuales amplias e incluso del mar”. Consideran que todo esto se realiza “en desmedro de las calidades de recurso turístico de la zona”.
Y suman que “junto a lo anterior, la accesibilidad pública a la playa se reduce aun cuando se prevea caminería de libre acceso público, ya que el sólo hecho de atravesar un conjunto privado inhibe el acceso, reduciendo no sólo las condiciones del paisaje visual sino también el uso público de la costa, lo que iría en contra de otro de los objetivos de la Ley 19.772 que es la de accesibilidad y uso público de las playas y las costas”.
Una cuestión de prioridades
Los investigadores del CURE apuntan que el emprendimiento “ha disparado un conflicto entre diversos actores, en donde se plantean distintas visiones de desarrollo y de uso del territorio”. “La transformación de, hasta ahora, un espacio natural de uso público en uno de viviendas privadas y hotel, marca un retroceso en lo que refiere a la gestión, manejo y conservación del espacio costero en el presente y en su futuro. Con esta propuesta las normas jurídicas que orientan a una gestión sustentable para el desarrollo de la zona costera son rebasadas y distorsionadas en pro de la especulación y mercantilización de la vital interfase entre océano y continente, patrimonio costero de Uruguay”, argumentan.
Enfatizan además que parte importante de los actores locales comparten su visión y “reclaman por su derecho a un ambiente sano y sustentable, con una justa distribución de cargas y beneficios, incluyendo el disfrute democrático de sus paisajes”.
“La construcción de infraestructuras edilicias y urbanas sobre el litoral del modo en que se habilitan en el proyecto, sugieren importantes impactos en el ecosistema costero. Esto es, por ejemplo, por la propia implantación y obra, por la fijación de un ecosistema que se caracteriza por ser dinámico y que constituye una unidad geomorfológica y ecosistémica, por cambios irreversibles en la dinámica hídrica y pluvial como la impermeabilización de estructuras arenosas, aumento de escorrentías, degradación y pérdida de hábitat, degradación y privatización del paisaje original”, resaltan. Los investigadores advierten que la zona no sólo estará expuesta a un a mayor riesgo por erosión, sino que las propias obras edilicias correrán peligro.
En el informe los académicos comunican que la costa de nuestro país se encuentra en “un punto de inflexión” donde “entran en conflicto intereses privados a corto plazo, administraciones públicas que toman en cuenta solamente la dimensión económica, el interés genuino de uso de sus poblaciones locales y la necesidad de su conservación y uso sustentable”. Resaltan que si bien existe normativa que protege el espacio costero nacional, su aplicación es “parcial y/o sesgada”, dejando “al patrimonio costero en una situación muy vulnerable”.
Conciben que el caso de Marina Beach “obliga a reflexionar sobre la importancia de generar espacios de análisis y discusión de esta problemática, donde además del Derecho se debe incorporar el conocimiento actualizado de otras disciplinas, tanto como la participación local”.
Por último, finalizan recalcando que “si el turismo de sol y playa es una actividad importante para el país, se debe evaluar a dónde llevan emprendimientos como el que origina el presente informe si consideramos escalas de generaciones humanas”.