16 agrupaciones civiles de la Zona Oeste de Maldonado solicitaron declarar una “veda cautelar” en los procesos de transformación de uso de suelo -de rural potencialmente transformable a suburbano o a urbano-, en particular, de seis Programas de Actuación Integrada (PAI) que están en trámite y en nuevas aprobaciones para Piriápolis y Solís Grande.
El objetivo es que esta medida se aplique hasta que se elabore y apruebe un Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT), “instrumento obligatorio para habilitar transformaciones de uso de suelo en cualquier territorio”, indica la carta enviada a la Intendencia de Maldonado (IDM), el pasado viernes 5.
En el documento, al que accedió la diaria, dirigido a la Secretaría General y Departamento Jurídico, las direcciones de Gestión Territorial, Ambiente y Ordenamiento Territorial de la IDM, el intendente Miguel Abella y la Junta Departamental, las organizaciones plantean que previo a la transformación de usos de suelo “debe realizarse una revisión técnica multi e interdisciplinaria, que incluya y explicite criterios y valores ambientales de la zona”.
Además, subrayan que la presentación de cinco PAI de forma individual e independiente “vulnera el principio de integralidad del ordenamiento previsto en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible” y que, al evaluarse por separado, “se omite el análisis del impacto ambiental acumulativo”.
Ante la “ausencia de estudios que den certezas técnicas sobre el impacto de estas intervenciones y en un contexto de denuncias ambientales activas sin resolución”, la normativa ambiental nacional “exige la aplicación del principio precautorio”, señala la carta.
La flora y la fauna “están desapareciendo”
Agustina Melotto Domé, integrante de la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana, señaló a la diaria que “ninguna de las más de 19 denuncias tramitadas en los últimos tres años tuvo respuesta para la recuperación de los territorios dañados”, sino que las acciones “fueron asumidas de forma honoraria por vecinos”.
Advirtió que “los hábitats, la flora y la fauna están desapareciendo” y que la ciudadanía lleva más de una década denunciando “la constante reducción de los montes nativos”, pero se siente “en jaque”, debido a la “cantidad de ilícitos generados por privados y organismos competentes”.
Según investigaciones científicas citadas en el documento, los parches de vegetación corresponden a “hectáreas continuas de hábitats que alojan y permiten la existencia de la flora y fauna”, y los definen como “relictos vivos de abundancia psamófila resurgiendo debajo de montes de eucaliptos y ribereños que acompañan y purifican cursos de agua desde sus nacientes”, así como montes serranos de porte medio que “aún logran sobrevivir, desarrollarse y dar alojo a todo tipo de animales y aves”.
En ellos habitan numerosas especies como guazubirá, carpincho, zorro gris y de campo, apereá, aves como chajá y águila mora, y diversos anfibios y reptiles, entre otras. En total, el proyecto iNaturalyst registró “más de 800 especies en la zona, lo que evidencia su alto valor ecológico y la imposibilidad de su desplazamiento en caso de pérdida del hábitat”, a través de 2.241 observaciones publicadas en su sitio web.
Afectación en los barrios
Las organizaciones advierten, además, “una mayor afectación a los barrios actuales, que ya registran una acumulación crítica de problemas sin resolver”. Entre ellos, señalan contaminación de cauces de agua, cañadas y playas, así como sonora y lumínica “sin regulación adecuada para la fauna”, acumulación de residuos de poda y de grandes cantidades de “balastro”.
Además, cortes de luz prolongados, red de saneamiento “con permanentes filtraciones y vertidos de barométricas en arroyos naturales”, e inundaciones anuales, con “hasta 40 centímetros de agua dentro de viviendas” que, si bien fue estudiada por la IDM, “no hubo medidas”.
La comunidad documentó estos “ilícitos” en reiteradas denuncias formales ante múltiples organismos competentes, pero “no se obtuvo soluciones en ninguno de los casos”. Además, las agrupaciones señalaron que en el predio de 44 hectáreas propuesto para el PAI Jardines de Portales “existen denuncias desde 2023 ante el Ministerio de Ambiente [MA], aún en proceso de investigación, sin resolución ni archivo, lo que suma un componente de ilicitud al avance del mencionado proyecto”.
Proyectos en trámite y parches de vegetación
Entre los PAI en proceso de aprobación se encuentran las urbanizaciones denominadas Zeballos, Pueblo Obrero, Jardines de Portales, y Piria, ubicados de forma “contigua” a la franja de vegetación nativa e hídrica, que bordea los barrios de Pueblo Obrero, Los Ángeles y Playa Grande, en el Municipio de Piriápolis. Por otra parte, el PAI Entre Cerros, ya aprobado, se sitúa sobre la vegetación que bordea el lado este de Pueblo Obrero, en el barrio La Falda, en Piriápolis.
Advierten que los parches de vegetación que “pasarían a quedar afectados, son zonas ecológicamente interconectadas, ubicadas en los suelos altos de la urbanización existente”. Consideran importante su conservación porque “brinda servicios ecosistémicos de amortiguación de impactos por contaminación, control de inundaciones por escorrentías y purificación de aire, al tiempo que generan un horizonte verde, que es parte del paisaje identitario de los barrios nombrados”, que incluye también Sauce de Portezuelo, Ocean Park, Chihuahua y Villa Militar.
El sexto PAI es Reserva del Mar, ubicado sobre el arroyo El Potrero e implica “una transformación en el uso de suelo para instalar un barrio privado cerrado, impidiendo el acceso público a la costa del arroyo”. Se sitúa sobre “más de 150 hectáreas de bosque ribereño y un excepcional bosque de eucaliptus robusta, junto con una gran abundancia de biodiversidad específica en el sotobosque”, recuerda el documento.
Las organizaciones remarcaron que estos PAI se asentarán sobre áreas de bosques ribereños y humedales del Arroyo Zanja Honda, Arroyo La Cascada y el Arroyo El Potrero, que “constituyen el principal sistema de amortiguación ambiental de los poblados y barrios de la zona”.
PLOT no incluirá la totalidad del Municipio de Piriápolis
En 2019 el exintendente Enrique Antía autorizó el inicio del proceso de elaboración del PLOT de Piriápolis-Solís Grande, sin embargo, “transcurrieron casi siete años sin que hayan resultados públicos”, cuestionó el edil frenteamplista, Juan Urdangaray, en febrero.
De hecho, el primer encuentro público fue el pasado viernes 5 en la Casa de la Cultura de Piriápolis, con participación de técnicos de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del MA, la comunidad, jerarcas de la IDM, el Dr. Paul Moizo -consultor y especialista en ecología del paisaje-, entre otros.
Melotto indicó que “se presentaron dos informes técnicos, uno nuevo y otro ya expuesto por la Dinagua en 2024”, como insumo para la IDM, “quien decidirá qué utilizará”, pero aún no lo explicitó. Además, cuestionó que hubo apenas 25 minutos para revisar los mapas de riesgo elaborados a partir de los informes, que, “no contemplaron al barrio Pueblo Obrero”, y tampoco “hubo una instancia de diálogo con las autoridades”, lo que consideró una forma de “reducir la voz ciudadana, en un proceso donde debería prevalecer la escucha”.
Por su parte, el director de Ordenamiento Territorial de la IDM, Guillermo Ahlers, explicó en rueda de prensa que el PLOT “no incluye la totalidad del municipio de Piriápolis, ya que parte de la región de Piriápolis está comprendida en el Plan Local de la Cuenca de la Laguna del Sauce”, aprobado en abril pasado. No obstante, según constató la diaria en el decreto 4119/2026 del PLOT de la Cuenca de Laguna del Sauce, el barrio Pueblo Obrero no está incluido.