En los últimos días de diciembre tuvo lugar una intervención con retroexcavadoras en las inmediaciones del cerro Pan de Azúcar, concretamente en un sitio conocido como Sierras del Tirol, que dejó como resultado hábitats fragmentados, especies nativas prioritarias para la conservación taladas, posibles sitios arqueológicos dañados y más impactos. El hecho cobró especial relevancia por tratarse de un sitio emblemático, que incluso está peleando por ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) desde hace varios años. Debido a su importancia, la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado establecieron en 2020 una medida cautelar que no permitía nuevos fraccionamientos, urbanizaciones, construcciones o demoliciones hasta que se apruebe el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce. Esta medida de ordenamiento fue aprobada cuatro meses después de la intervención inicial, es decir, al momento en que se llevó adelante la tala de monte nativo y demás impactos estaba vigente la medida cautelar en la zona de intervención.
Uno de los puntos que llamó la atención de los lectores al momento que se divulgó la noticia fue la ausencia de mención a quien cometió el acto irregular. Las autoridades recién habían iniciado sus actuaciones y, hasta aquel momento, no se sabía quiénes eran los responsables.
En este contexto, al haber pasado seis meses, la diaria hizo un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Ambiente para conocer las actuaciones que sucedieron durante este tiempo. La cartera, entre el 17 y 22 de diciembre, recibió 14 denuncias por deforestación para apertura de calles en la ladera noreste del cerro Pan de Azúcar. Las personas denunciantes describieron “la extracción de amplias superficies de matorral y bosque nativo”, “la remoción de suelos y minerales en áreas intervenidas y la intervención en herbazales rupícolas de alta diversidad de especies”. Recordemos que, en primera instancia, las afectaciones fueron detectadas por un equipo de botánicos que recorrieron el lugar de casualidad. A lo largo del expediente hay informes técnicos de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y del Área Jurídica. A su vez, se suma una resolución firmada por el director de Dinacea, Alejandro Nario, que pone sobre la mesa una sanción para la empresa que llevó adelante la actividad irregular y también a una profesional que estuvo involucrada. En paralelo, según informó Correo de Punta del Este y confirmó la diaria, la Intendencia de Maldonado concretó la denuncia penal que prometió en su momento.
Graves impactos en flora y fauna nativa y agua vital para la población
El informe técnico de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos describe que las obras denunciadas se encuentran en la cuenca alta de la laguna del Sauce, zona que “está dentro de los límites propuestos para su ingreso al SNAP, la cual está actualmente en estudio”. En este territorio afirma que “hay más de 1.900 registros de fauna y flora” y, dentro de los grupos relevados, hay 35 especies de plantas “prioritarias para el SNAP”. Entre las especies relevantes se destacan un híbrido natural entre la palmera pindó y la butiá. Por si fuera poco, señala que “la zona se encuentra dentro de un fragmento de bosque nativo que presenta altos valores de conectividad ecológica”, lo que quiere decir que “dicho fragmento es relevante para mantener la conectividad de especies que utilizan el bosque nativo, principalmente mamíferos, en la cuenca de la laguna del Sauce”. El documento técnico sostiene que la afectación podría tener impactos en especies como el margay.
Y agrega: “La pérdida de vegetación erosiona el suelo y aumenta la probabilidad de escurrimiento de sedimentos hacia los cursos de agua pudiendo afectar su calidad. La caminería puede afectar la circulación hidrológica normal de la zona, ya sea interrumpiendo el flujo del agua como alterando su dirección. Esto podría impactar la cuenca baja de la laguna del Sauce”. Esto cobra especial relevancia porque este cuerpo de agua es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para el 95% de la población del departamento.
Por otro lado, en el documento también alertan sobre el “avance de especies exóticas invasoras”. “En la zona se han registrado varias especies exóticas invasoras dentro de las cuales se encuentra el ligustro, que es una especie que genera un alto impacto en el bosque nativo. La apertura de caminos puede permitir que estas especies exóticas invasoras avancen colonizando el ecosistema natural”, indica. Asimismo, detalla que la apertura de caminería en el lugar puede generar que “haya una mayor circulación de vehículos a medida que avance la urbanización, lo que aumentaría la contaminación sonora afectando a la fauna”. “En síntesis, puede concluirse que la apertura de caminos en el sitio podría generar impactos ambientales que podrían configurarse como significativos sobre el ecosistema natural y las especies de prioridad para la conservación, así como potenciales impactos en los flujos y calidad de agua”, acota. En el texto también remarca que la caminería “inició un proceso de urbanización” y establece que detectaron “parcelas con eliminación total de la vegetación nativa y viviendas recién construidas”.
Sin permisos
El informe de la Dinacea señala que no existían autorizaciones para las intervenciones. Remarca que actuaron de “forma coordinada” con la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) –el monte nativo está bajo su órbita– y la Intendencia de Maldonado. Los técnicos hicieron la inspección el 30 de diciembre. “Durante la recorrida también estuvieron presentes técnicos de la Intendencia de Maldonado, así como vecinos de la zona. En el marco de la recorrida no se observó la presencia de maquinaria ni de personal realizando tareas; sin embargo, se constataron intervenciones previas en la zona, las que incluyeron la remoción de bosque serrano nativo, la remoción de suelo y la afectación de un curso de agua mediante relleno, con el fin de la apertura de calles. Asimismo, en uno de los sectores donde se constató la apertura de calles, se observó cartelería publicitaria correspondiente a la empresa Transporte y Excavaciones Lej”, describe.
En el documento dice que el 23 de diciembre la Dirección General Forestal hizo otra inspección. “En el marco de dicha actuación, se tomó contacto con la doctora Luciana Cabrera, en calidad de asesora legal de la propietaria, quien firmó el acta labrada, dejándose constancia de lo actuado. Asimismo, se dispuso la suspensión de las actividades de corte y remoción de bosque nativo por no contar con la autorización correspondiente”, declara. Por su parte, la Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado elaboró un informe técnico a partir de inspecciones que hizo el 23 y el 30 de diciembre. Allí estiman que la apertura de calles fue de más de un kilómetro, “con un ancho variable de entre 7 y 17 metros, lo que implicó la remoción aproximada de 13.000 metros cuadrados de bosque nativo serrano, así como la remoción de suelo y el desmantelamiento de afloramientos rocosos”. La comuna, dice el informe, cerró aperturas y elaboró cartelería informativa “a efectos de advertir sobre las medidas cautelares vigentes”.
En conclusión, el informe técnico define que las inspecciones “se desarrollaron en un contexto ambiental y normativo particularmente restrictivo, dentro de una cuenca estratégica para el abastecimiento de agua potable, alcanzada por medidas cautelares y lineamientos específicos de protección”. Establece que las obras generaron “afectación ambiental relevante, con impactos directos sobre el suelo, la vegetación, la fragmentación de hábitats y los recursos hídricos”. A su vez, manifiesta que las obras podrían configurar “un nuevo fraccionamiento no autorizado”.
“Diversos estudios realizados en la cuenca demuestran que la presencia y conservación del monte nativo y de la vegetación asociada a los cursos de agua cumplen un rol clave en la regulación de la calidad del recurso hídrico [...]. En cambio, la pérdida de cobertura vegetal natural y el incremento de la intervención antrópica se vinculan a mayores concentraciones de nutrientes y al aumento del riesgo de eutrofización. En este marco, la remoción de monte nativo serrano, la apertura de calles y la modificación del drenaje natural observadas podrían generar impactos ambientales relevantes sobre la calidad del agua, al favorecer procesos de escorrentía superficial, erosión y transporte de sedimentos y nutrientes hacia los cursos tributarios, así como incidir negativamente en la cantidad del recurso hídrico al alterar los procesos de infiltración y regulación natural de los escurrimientos en las zonas altas de la cuenca”, explica el documento de la Dinacea.
Más de un responsable
El Área Jurídica del Ministerio de Ambiente resalta que “la actividad llevada adelante ha afectado el entorno natural, por lo que corresponde que se proceda a su recomposición” y que “si el proyecto que se pretende realizar se trata de un fraccionamiento, se debería solicitar una Autorización Ambiental Previa en el marco de lo previsto por el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
A partir de los informes técnicos y recomendaciones, se elaboró una resolución que firmó Alejandro Nario, director de la Dinacea, el 14 de abril. En ella intima a Transporte y Excavaciones Lej a que cese de inmediato su accionar y que informe “si actuó por cuenta propia o de terceros, identificando en tal caso a la persona física o jurídica que contrató sus servicios”. También le transmite que se encuentra “pasible de sanción”. La sanción es una multa de 200 unidades reajustables –aproximadamente 384.200 pesos–. A su vez, le dice que deberá presentar “un plan de recuperación del sitio” para la aprobación de la Dinacea en el plazo de un mes. Por otro lado, también intima a la profesional Luciana Cabrera para que informe “la identidad de la persona o personas físicas o jurídicas a las que representa”. En el expediente al que tuvo acceso la diaria aún no figuraba la respuesta de ninguno de los dos privados involucrados.
Consultado al respecto, Nario destacó la “buena coordinación” con el MGAP y la Intendencia de Maldonado. Dijo que cruzaron información para “tratar de identificar a los responsables, que a veces en estos casos es un problema”. “En nuestro caso, también actuamos –nos parece que es una línea que hay que fortalecer– sobre quienes, desde el punto de vista profesional o empresarial, permitieron que esto sucediera. Hay abogados y escribanos que intervinieron y deberían haber identificado si la intervención se aplicaba sobre cuestiones que legalmente se pudieran hacer. Lo mismo con la empresa que hizo el desmonte. Nosotros le dimos vista, no han respondido por ahora, pero nos parece que también tiene que aplicar la responsabilidad sobre las empresas que hacen las acciones cuando no están permitidas desde un punto de vista ambiental”, afirmó el jerarca. Asimismo, planteó que la comuna hizo una denuncia penal y que “han identificado a compradores que construyeron sin permiso y también los han intimado”.
Por su parte, Virginia Villarino, directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, contó a la diaria que están “siempre con un ojo vigilando”. “Estamos todo el tiempo en contacto con lo que está pasando en el lugar, con los vecinos, yendo cada vez que nos avisan de algo y prestando atención a si hay nuevo desmonte”, expresó. Según informó Correo de Punta del Este, la comuna presentó ante la Fiscalía Letrada Departamental de 5° turno una denuncia penal por la apertura ilegal de calles y desmonte de especies nativas. A su vez, el medio difundió que en inspecciones más recientes llevadas adelante por la Dirección de Ambiente detectaron que hubo un avance sostenido y progresivo de las intervenciones. Sin ir más lejos, una inspección en junio observó que se incrementaron casi 427 metros de camino, con la remoción de 2.270 metros cuadrados de bosque serrano. En la denuncia penal afirman que se retiró, ocultó y dañó la cartelería oficial instalada por la Intendencia de Maldonado. A su vez, el medio también describió que la comuna pidió medidas cautelares urgentes de cese de obras, prohibición de innovar y controles policiales periódicos en el área.