El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, es responsable por la decisión de excluir a los bañados y humedales de Carrasco de la lista oficial de humedales protegidos por el gobierno uruguayo, dejando el camino despejado para la inversión inmobiliaria.
Como es de conocimiento público, existe un proyecto que busca transformar el lugar de tierra rural a urbana, 228 hectáreas, el doble que la Ciudad Vieja, queriendo emplazar 3.000 viviendas para un segmento de alto poder adquisitivo. La inversión sería de 1.248 millones de dólares y el plazo de desarrollo de 15 años. La empresa principal es Buslun SA; su titular es el desarrollador inmobiliario argentino Eduardo Costantini. Existe participación de capitales uruguayos a través de la empresa Edilicia Group, que tiene como sus operadores públicos a Francisco Rodríguez Pitt y Nicolás Ecker.
El proyecto cuenta con una fuerte oposición, especialmente de la Universidad de la República, de organizaciones sociales, de vecinos y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. De manera sintética, los cuestionamientos expresan lo que sigue.
Impacto sobre los servicios ecosistémicos. Los bañados de Carrasco cumplen un rol hidrológico vital como reguladores naturales del agua y amortiguadores de inundaciones en la cuenca metropolitana, funciones que se verían gravemente comprometidas por el proceso de urbanización y sellado del suelo.
Incompatibilidad jurídica con la planificación territorial. Se cuestiona la legalidad y conveniencia de modificar el uso del suelo (de rural a urbano) para un megaproyecto de urbanización privada en una zona de alto valor ecológico e importancia ambiental protegida.
En resumen, desprecio por la naturaleza y desprecio por la construcción de una sociedad de tendencia igualitarista, todo ello en un gobierno que se define progresista y que en otras áreas es coherente con ello.
Segregación socioespacial. Se critica que este tipo de inversiones consolida un modelo de ciudad fragmentada, donde se destinan superficies inmensas para enclaves residenciales exclusivos de alto poder adquisitivo mientras persiste un déficit habitacional crítico en los sectores populares de la periferia. Este emprendimiento se desarrollará con las mayores características de barrio privado que les permitan las autorizaciones, incorporando en el diseño “muros” materiales y simbólicos de exclusión en relación al resto de la capital, tal como desarrolló Costantini el barrio Nordelta en el Gran Buenos Aires.
En resumen, desprecio por la naturaleza y desprecio por la construcción de una sociedad de tendencia igualitarista, todo ello en un gobierno que se define progresista y que en otras áreas es coherente con ello, pero en este caso se están dejando de lado premisas básicas de dicha orientación.
Cabe recordar que, siendo intendente Mariano Arana —dos períodos, entre 1995 y 2004—, lideró con su equipo de gobierno la negativa a la construcción de un barrio en Zonamérica por las razones de planificación, de cambio de valor de la tierra y segregación mencionadas. Esto es un ejemplo de determinación progresista.
Manuel Esmoris es magíster en Gestión Cultural y fue presidente de la Comisión de Patrimonio.