La educación pública para estudiantes adultos y de extraedad es reconocida por su larga tradición en Uruguay, cuyos hitos fundacionales se remontan a la ley de alfabetización de la población adulta a fines del siglo XIX y al primer liceo nocturno en 1919. Considerada espacio democratizador del saber, formadora de ciudadanía y posibilitadora del ascenso social, ha sido defendida no solo por las clases populares, sino también respetada por gobiernos de distintos partidos políticos, e incluso resistió el período de la última dictadura cívico-militar.
En la actualidad, a nivel nacional, los liceos nocturnos y de extraedad implementan el plan 94 Martha Averbug. Se trata de un plan de estudios semestral que comprende los tres años de bachillerato.
A pesar de mantener su nombre, el plan que se implementa hoy dista mucho del original, debido a su progresivo desmantelamiento, acelerado en el último lustro con un cambio de reglamento, el cierre de grupos y turnos. En el marco del comienzo del segundo semestre de julio de 2026, vemos con gran preocupación la notoria caída en las inscripciones a los cursos que ofrece el plan 94.
Esta realidad se ha constatado en varias instituciones educativas y coincide en el tiempo con el comienzo del período de inscripciones de la primera edición de Acredita Educación Media Superior, programa que se caracteriza por presentar una propuesta de certificación de ciclos educativos completos a través de una única prueba en línea a realizarse en dos jornadas.
Este tipo de propuestas, que forman parte de políticas educativas con directivas claramente economicistas de racionalidad técnica, buscan llegar al estudiantado adulto, presentándose como una alternativa flexible bajo el argumento de garantizar la continuidad educativa o su culminación. Promovida por la Administración Nacional de Educación Pública, la convocatoria resultó exitosa, tal como se evidencia en la inscripción masiva que excede ampliamente los cupos disponibles.
Por otra parte, la alianza del Estado con fundaciones que facilitan el vínculo con instituciones privadas, bajo la consigna de “terminá el liceo", permite acceder a una beca que cubre en un 80% el curso presencial o no presencial presentado como atractivo y, por supuesto, flexible. Si bien los cursos a los que se derivan los estudiantes captados por la fundación también se implementan en los liceos públicos, los filantropocapitalistas se presentan con “la capacidad de hacer las cosas esenciales más eficientemente que los demás”.
A su vez, se fortalecen alianzas entre el sistema educativo y corporaciones tecnológicas que presentan modelos digitales estandarizados, criterios de rúbrica.
En el caso de nuestro país, el Estado vehiculiza ese mecanismo a través de Ceibal, ya que oficia de soporte técnico y tecnológico en la administración de herramientas de apoyo, modelos digitales, algoritmos y colaborando en la evaluación. Ceibal se ha instalado como un fuerte dispositivo acompasado y alineado con las nuevas reformas educativas, con una asignación presupuestal propia. A través de diversas propuestas tecnológicas, interviene en el sistema educativo en sus diferentes niveles y erosiona espacios pedagógicos propios de los docentes. De esa forma, obtiene un importante rédito económico.
Las anteriores propuestas a las que someramente hicimos referencia se focalizan en los bachilleratos. Sin embargo, la misma lógica de la "vía rápida” opera también en las nuevas políticas de titulación docente.
La lógica empresarial que subyace presenta como eje el concepto de la “vía rápida”, en la que el manejo y optimización del tiempo es central. Se busca eliminar períodos secuenciales, promoviendo procedimientos abreviados y acelerados. Así, la exigencia acreditadora desplaza la formación académica, se incorporan alianzas público-privadas, el análisis de mercado justifica la toma de decisiones: desde el cierre de grupos o de liceos a la aplicación de pruebas estandarizadas.
Se sustituye el proceso educativo publicitando una administración algorítmica y tecnocrática en la búsqueda de mayor rentabilidad económica. La anunciada reforma del Estado, que consiste en la desburocratización del sistema, la eliminación de trámites y la unificación de información, justifica cada uno de los pasos de la actual administración de la educación pública. Es decir, la optimización de los recursos exige la reestructuración de todo el sistema educativo.
La educación pública nocturna en particular sufre hoy las consecuencias de las decisiones de una política educativa que se consolida, financiando corporaciones tecnológicas y promoviendo de forma activa dispositivos de acreditación de ciclos educativos a la vez que retacea y recorta presupuesto. Ello genera un gradual pero sostenido desmantelamiento de los turnos nocturnos con vaciamiento sistemático de aulas y cierre completo de turnos. Ejemplo de esto son los liceos 17 y 37, que, a pesar de registrar alta demanda de preinscripciones, fueron cerrados sin comunicación previa.
La vulneración del derecho a la educación de los estudiantes no puede entenderse como una dimensión extraña a las prácticas docentes, en este contexto, además especializadas en educación para adultos y jóvenes con condicionamientos. Por ello, de manera simultánea, la fuente laboral de los trabajadores de la educación se ve afectada gravemente. En otras oportunidades condenamos el traslado forzoso de docentes efectivos hacia turnos diurnos de bachilleratos, motivado por la imposibilidad de acceder a tomar su carga horaria total en el plan 94 por el rediseño del plan antes mencionado, que socavó sus pilares fundantes: la reflexión, el consenso y la evaluación en espacios colectivos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en salas docentes y estudiantiles.
En la medida en que el espacio áulico se presenta como sustituible por versiones flexibles, también nuestro trabajo se precariza; así, el propio plan 94 discrimina el trabajo docente en la modalidad libre asistido, que se desarrolla a través de encuentros virtuales a acordar con el estudiante, institucionaliza la precarización laboral acotada a meses y es regresiva en cuanto a derechos laborales básicos. A modo de conjetura, la extensión de esta modalidad podría ser el siguiente paso, dejando su lugar de excepcionalidad para transformarse en la implementación universal del plan.
En este punto, resulta difícil justificar un criterio que permita reconocer programas focalizados de planes de estudios para adultos, entendiendo que los primeros surgen para atender problemáticas acotadas, mientras que los segundos se presentan como proyectos universalistas y posibilitantes de nuevas trayectorias. Pero también resulta evidente que un nuevo valor social en lo que respecta a la educación pública se ha instalado.
Como docentes, nos vemos nuevamente en el compromiso de denunciar esta realidad que estamos experimentando. Alertamos sobre la necesidad urgente de espacios de problematización, intercambio y reflexión pedagógica para que se atiendan las necesidades específicas del estudiantado del nocturno. Espacios donde la voz, conocimientos y experiencias de los docentes no sean ajenas y donde la fuente de trabajo de los docentes sea respetada.
Es necesario un proyecto de nocturnos que contemple el aula como derecho, espacio central y significativo que estructura todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Conocimientos y saberes articulados con sentido propedéutico, eje histórico que ha articulado nuestra educación. Por una educación nocturna que garantice el derecho a una educación digna y apunte a la libertad y autonomía de nuestros estudiantes para el desarrollo de todas sus potencialidades. Por una educación que dignifique la labor profesional docente.
Inés Ferreira y Natalia Quintana son profesoras en educación secundaria pública. Desde hace años desarrollan su labor docente en bachilleratos dirigidos a estudiantes adultos y extraedad en el marco del Plan 94 Martha Averbug.