Vivimos en un planeta dañado. La crisis ecológica y climática es cada vez más visible en nuestros territorios, junto con el sufrimiento de las poblaciones y ecosistemas. En este contexto, cada vez se hace más urgente reflexionar sobre las relaciones de poder del actual sistema de desarrollo -que algunos autores denominan maldesarrollo-, difundir el concepto de justicia ambiental y dialogar sobre el rol que deben tener los trabajadores y trabajadoras en su defensa. De esta forma, una nueva investigación llevada adelante por un equipo interdisciplinario, con base en el Instituto de Psicología Social de la Universidad de la República, busca “integrar el potencial del sindicalismo uruguayo a las luchas por enfrentar la degradación ambiental”. Proponen recuperar saberes y vivencias cotidianas de los trabajadores y trabajadoras, junto con otros actores sociales territoriales, para que sus experiencias puedan incorporarse a las discusiones. Sus aportes serán fundamentales porque, además, sumarán elementos para que la temática ambiental pueda ser jerarquizada en la agenda política del sindicalismo, un actor clave en las luchas sociales.
El trabajo es apoyado por la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay y el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. A su vez, el equipo -que ya tiene vasta experiencia trabajando con el movimiento sindical- está integrado por Héctor Seco, María Fernanda Souza, Juan Pablo Perrachón, Andrés Carvajales, e incluye estudiantes de Psicología Social y Sociología. La semana pasada se hizo la presentación del proyecto y de una hoja de ruta donde cuentan cómo se llevará adelante. En la instancia participaron referentes sindicales y de organizaciones socioambientales, que integran sus experiencias en el proceso de construcción.
Souza recordó que cuando hablamos de la lucha por la justicia climática y ambiental, quienes deben ser protagonistas son las personas más vulnerables, es decir, las que están sufriendo los principales impactos. “Es importante para el movimiento sindical que se genere un diagnóstico y se tome posicionamiento rápidamente, porque es un tema que a alto nivel tiene cierto vacío de discurso. Las corporaciones se preparan para instalar discursos que son favorables a sus intenciones de explotación, de extractivismo. El vacío de discurso se va a llenar y es importante que el movimiento sindical esté preparado para dar esa batalla”, expresó. Por su parte, Seco acotó: “No queremos que el discurso ambiental sea el discurso verde del capital, que sea greenwashing. Queremos ir construyendo otra agenda de cómo se hacen las cosas, de cómo se podrían hacer las cosas y aportar a la construcción de fuerzas sociales que lo sostengan. Cualquier gobierno, o quien sea, puede tener el maravilloso plan de cambio productivo, pero tiene que sostenerse en fuerzas materiales y sociales”.
En busca de diagnósticos
Seco, Souza y Carvajales elaboraron un artículo donde situaron y brindaron más detalles de la investigación. Allí señalan que “no es posible pensar en avances relevantes sin cuestionar las dinámicas de poder, la injusticia y la opresión arraigadas en la política ambiental global”. Por esta razón, se apoyarán en un “análisis interseccional del capitalismo, la ciencia racionalista, el colonialismo, el racismo, el heterosexismo y el especismo”. “Abordar la problemática ambiental nos exige reflexionar y comprender cómo se han desarrollado estos problemas y cómo se fundamentan material e ideológicamente, y nos lleva a la necesidad de identificar las relaciones de poder que son la condición para la reproducción de este sistema en el que algunos grupos se benefician de degradación y explotación ambiental, mientras que otros sufren las consecuencias. Cualquier estrategia que no se esfuerce por desmantelar esta lógica, está (en el corto o largo plazo) condenada al fracaso”, enfatizan.
Entienden que la política ambiental de Uruguay, en los últimos 20 años, se ha caracterizado por “la figura de impulso y su freno, de Carlos Real de Azúa”. “Comprensiblemente, luego de la crisis de 2002, el impulso adoptó la forma de crecimiento económico y recuperación de fuentes de trabajo en un contexto internacional que fue favorable en precios a una economía que incorporó tecnología de forma intensiva en algunos sectores clave, el agro en particular, sin medir costos socioambientales de manera rigurosa”, relatan. Sin embargo, en paralelo y especialmente a partir de 2005, “el país asumió el desafío de modernizar una política y gestión ambiental devaluada y anquilosada, caracterizada por la falta de presupuesto, la debilidad y fragmentación de las actuaciones de sus instituciones y la falta de conocimiento e información para sostener procesos virtuosos de toma de decisiones”.
Especifican que el problema, quizá, es que “los productos de la política de esa modernización estuvieron caracterizados por medidas de índole ‘compensatoria’, en las que la promoción de alternativas a las modalidades predominantes de producción y consumo fue soslayada por una parte de la izquierda política y social, y directamente resistida por otros”.
Por otra parte, los investigadores afirman que la historia ambiental de las instituciones puede ser “complementada” con “otras historias ambientales que han perdurado, surgido y echado raíz en los territorios a medida que el proceso de transformación, fragmentación y degradación de estos se ha ido profundizando como consecuencia de los problemas ambientales principales de Uruguay hoy”. Justamente, esta historia ambiental de las personas y colectivos, “de sus trayectorias en conjunto y de los problemas y experiencias que los reunieron, de sus vivencias y objetivos”, es la que buscan reconstruir con el proyecto. Para lograrlo organizarán espacios de diálogo con diferentes personas en territorio.
Algunas de las preguntas a las que el equipo intentará encontrar respuesta son: “¿Cómo conciben las y los trabajadores que las temáticas ambientales se cruzan con sus experiencias de vida, de trabajo y de organización?”, “¿qué elementos característicos de la justicia ambiental ya están incorporados en el imaginario/discurso de los trabajadores?” y “¿surgen con claridad cuestiones como la vulneración de derechos, la ausencia del Estado, el abuso de poder por parte del sector empresarial u otras?”.
Sindicatos y un giro en clave de territorio
Los autores recuerdan que el sindicalismo está nucleado en una única organización en Uruguay hace más de 50 años, donde se encuentran “diferentes sectores de trabajadores y corrientes de pensamiento”. “Se caracteriza por tener una alta capacidad de representación de las y los trabajadores, con una tasa de afiliación que supera el 30%, por desplegar una gran cantidad de organizaciones en los lugares de trabajo, así como por el logro de niveles importantes de movilización social, articulando acciones con otros actores en torno a agendas políticas ampliadas”, describen. A su vez, resaltan que “construye espacios institucionalizados en todo el territorio nacional, desarrolla acciones en articulación con diversos sectores del mundo del trabajo no asalariado, así como con otros actores sociales” como el feminismo, el cooperativismo de vivienda, los estudiantes, las ollas populares y el mundo universitario.
El equipo considera que todas estas características “se muestran como productivas y de interés en vista de los desafíos crecientes que el cambio global y sus diversas crisis constitutivas (climática, alimentaria, habitacional, de la diversidad biológica) presentan”. Esta compleja situación genera que “dichas políticas entren a menudo en una contradicción directa con los intereses de la clase trabajadora”. Y recuerdan la frase de un expresidente del PIT-CNT en 2019, cuando manifestó que la problemática ambiental “nunca estuvo entre los 100 primeros puntos de prioridad del movimiento sindical”.
“Esta concepción del ambiente como un obstáculo y traba para el crecimiento y el desarrollo está instalada y atraviesa fronteras geográficas, sociales e incluso -y más importante- políticas e ideológicas. Esta mirada puede dialogar bien en un círculo algo perverso con la perspectiva de clase ‘profesional-gerencial’ sobre estos problemas, que observa con preocupación determinados fenómenos (por ejemplo, cómo los impactos ambientales se traducen en afectaciones a la salud humana), pero desconfía en general de lo que las expresiones del trabajo organizado pueden aportar a estos debates. Sin embargo, la realidad con la que nos podemos encontrar al acercarnos al territorio señala que las conceptualizaciones son mucho más diversas y rebosan de potencial de convocatoria y movilización”, reafirman. Es que la clave está allí: en escuchar voces de los territorios.
Las historias detrás del maldesarrollo
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, fue uno de los trabajadores que participaron en la presentación del proyecto, que recién está en sus inicios. Aclaró que en los distintos sindicatos rurales no existe una visión homogénea sobre el vínculo con las temáticas ambientales, pero a él le tocó estar en una organización donde pudo observar “el cambio del concepto de agricultura hacia el agronegocio”. Este cambio implicó mayor concentración de la riqueza y tierras, pero también cambios en las dinámicas sociales e incluso en sus cuerpos y entorno. “Recuerdo el primer contacto que tuvimos con un técnico prevencionista, en 2007. Nos empezó a explicar cómo actuaban los agroquímicos y cómo te podías proteger. El propósito de la charla era preparar gente para su aplicación. Cuando terminó, nos acercamos con un grupo de compañeros y le dijimos que había sido muy esclarecedora pero, en realidad, todo lo que nos había dicho que teníamos que usar para prevención no nos servía, porque hacía más de 15 años que se aplicaban cócteles”, cuenta.
Ver cómo se afecta la salud de sus compañeros y no obtener respuestas se comenzó a hacer una constante. En paralelo, al decir del trabajador, “había otros factores que promovían un cambio cultural y llevaba a que se pensara que los agroquímicos eran inocuos, que no ocurría nada” al momento de manejarlos. Más adelante, la visión se fue transformando. Sin embargo, el vínculo de los impactos ambientales y a trabajadores es tal, que las mismas fumigaciones se utilizan como tácticas de represión, recuerda Amaya. Y suma: “La represión sindical se fue acentuando. En 2008 logramos que una empresa de un universo de 70 trabajadores hiciera 20 análisis; cuatro salieron mal. A partir de entonces, empezaron a despedir cuando se tocaban estas temáticas, sin lograr que se tuviera en cuenta la evaluación sobre la salud de los trabajadores que estaban expuestos sistemáticamente”.
El trabajador también pone sobre la mesa la contaminación de los bienes comunes que lo rodean. “En 2011 estaba en una asamblea de una cooperativa de vivienda que se estaba formando. Mi hija hacía dos semanas que estaba en manos de médicos por problemas estomacales, al principio nada grave. Cuando estaba en la asamblea se me avisó que la trasladaban a Melo por un tema de precaución. Terminó la reunión y cuando llegué estaba en la sala de cirugía. Dos traslados se habían hecho, con niños de similares edades, no habían logrado tener la intervención y había ocurrido su deceso. Por las características, los médicos tenían la única sospecha de que era por el agua. Fue a fines de noviembre, cuando se hace uso masivo de las aplicaciones de agroquímicos. Un hecho similar ocurrió después en San Luis. Supongo que hay más, pero en esta cuestión demográfica quedan invisibilizados. Nos cambió la vida. Sabíamos que este tipo de cuestiones no las podíamos hablar”, dice Amaya. Plantea que el carácter centralista del país, sumado a las distintas formas de represión, hace que sea difícil conseguir testimonios sobre lo que está pasando en el territorio del agronegocio.
Su historia es tan sólo una de las que tienen lugar en nuestro campo y que fueron relatadas durante la presentación de la investigación. También estuvieron presentes Ruben Silva, del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera y Afines, y Marcos Míguez, de la Federación de Funcionarios de OSE, quienes contaron problemáticas similares en la forestación y en relación con la calidad del agua, fuertemente impactada por los cambios productivos acaecidos en el medio rural. En relación con otros actores sociales partícipes del proyecto, hubo representación e intervenciones de la Red de Agroecología, la Red de Semillas, Redes - Amigos de la Tierra y de los Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales.
La esperanza está en los espacios comunes
Durante seis meses el equipo hizo entrevistas exploratorias con referentes sindicales y de organizaciones territoriales. A partir de ellas adelantan que “la institucionalidad estatal parece estar casi ausente, el sistema de salud no se habita como un espacio receptivo y los únicos apoyos son las redes de solidaridad social con otros referentes u organizaciones como los núcleos de vecinos, colonos u otras agrupaciones de pequeños productores”. “Estas formas de resistencia contrastan con la soledad que prima en los afectados por las enfermedades que aparecen, los diálogos que quedan silenciados entre familias, el temor a las represalias agudizado por el chantaje laboral, porque ‘es el único trabajo que hay’. Todo este escenario de desamparo, agudizado por la concentración de poder económico en pocas empresas -lo que redunda en relaciones de poder cada vez más desiguales-, induce la presencia de un espíritu de fuga: ‘El camino para los hijos es estudiar e irse’”, manifiestan en el artículo.
La esperanza aparece cuando “otras experiencias dan cuenta de que es posible enfrentar estas debilidades a partir de la construcción de espacios comunes de acción con otros actores del contexto, aunque estos no estén necesariamente insertos en la relación asalariada con el capital”, manifiestan. A lo largo de este año, los investigadores e investigadoras recorrerán el territorio en busca de la historia ambiental de las comunidades, preservando la identidad de los entrevistados cuando lo soliciten por temor a verse afectados. Es un camino que recién comienza, pero los resultados que puede llegar a generar producen expectativa.