Desde el jueves hasta el domingo se desarrolló en el Antel Arena la segunda expo organizada por el Ministerio de Ambiente que, según la página web de la cartera, tuvo como objetivo “promover el desarrollo sostenible”. Según se promovió, la Expo Sostenible 2023 buscó ser “un espacio de encuentro para conocer iniciativas, emprendimientos y acciones que impactan y contribuyen a modificar positivamente nuestro vínculo con el ambiente”, al tiempo que procuró reunir “a todos los actores, empresas públicas y privadas, emprendedores, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y público en general interesados en temas ambientales”. Sin embargo, la exposición suscitó críticas por recibir el patrocinio de empresas que generan controversia en cuanto a su desempeño ambiental, tales como UPM, Nestlé, Unilever y McDonald’s. Incluso esta última compañía multinacional ganó el primer Premio Nacional de Ambiente, dirigido a grandes empresas.
Debido a este patrociono algunas organizaciones ambientales eligieron no participar en la expo. Es el caso de Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu). “Sabemos que muchos de los emprendimientos que participarán merecen nuestro agradecimiento y felicitaciones por las tareas que hacen de reciclaje, entre otras. Nos disculpamos con ellos puntualmente, pero creemos que es una falta de respeto y un gran engaño público la elección y/o aceptación de sponsors así, como también la presencia de stands de empresas que son justamente lo opuesto a lo que el evento invita”, describió en un comunicado la organización.
En la misma línea, la Coordinadora por el Agua decidió hacer una intervención para visibilizar su descontento durante el último día de la exposición. Ocho integrantes del movimiento se pararon frente al stand de la empresa finlandesa UPM, que produce celulosa, papel y madera y que la semana pasada, en medio de la crisis hídrica, inauguró su nueva planta en nuestro país. Cada uno de los activistas tenía pintada una letra para completar el mensaje “¿Es joda?”. A su alrededor, los acompañaban personas que coreaban cánticos como “el agua no se vende, el agua se defiende”.
Ana María Arrieta, integrante de la organización, explicó a la diaria los motivos de la movilización. “Lo fundamental era mostrar la complicidad que está teniendo el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Ambiente, de contribuir al greenwashing o el enverdecimiento de proyectos contaminantes extractivistas que están afectando nuestra vida. Están entregando nuestros bienes naturales y se los están negando a la propia población, como en este caso lo más notorio es el agua”, desarrolló. Enseguida, inquirió: “¿Cómo se le puede llamar a una expoferia ‘sostenible’ cuando participan empresas de estas características? Alcanza con ver los nombres de los sponsors. Están UPM, Unilever, Nestlé”.
La activista recordó que desde hace más de un mes la zona metropolitana no tiene acceso a agua potable porque a comienzos de mayo el directorio de OSE y el Ministerio de Salud Pública tomaron la medida de aumentar los valores máximos permitidos de sodio y cloruros. Recientemente, se sumó la presencia de trihalometanos, que son contaminantes de efecto crónico. En este contexto, Arrieta planteó que, en paralelo a las decisiones gubernamentales, se comenzó a gestar un movimiento autoconvocado para exigir el cumplimiento del derecho. “Cuando decimos que ‘no es sequía, es saqueo’, no estamos dejando de reconocer que hay sequía. Ha habido sequías en nuestro país muchas veces, pero nunca se llegó a esto. Viene avanzando en nuestro país un modelo productivo que saquea nuestros bienes naturales a costa de situaciones como la que estamos viviendo. El agua falta, pero no por la sequía, sino por el manejo que se hace de ella. Se les entrega el agua a estas empresas que generan que los acuíferos se vayan vaciando y no tengan tiempo de recargarse”, desarrolló.
Asimismo, planteó que los sucesivos gobiernos se han encargado de “darles a las empresas lo que quieren”. “A UPM le pagamos todo. Le damos el puerto, excepciones impositivas, zonas francas, ferrocarril, agua. Todo esto sale del lomo de los uruguayos que, a través de los impuestos, lo pagan. Los gobiernos son cómplices, y las administraciones ineficientes no han hecho nada de lo que debería hacerse en la gestión, como en el caso del agua, que desde hace tiempo se sabe que está en problemas”, indicó. Por otra parte, remarcó que las compañías que financiaron la actividad “no tienen aval social” e incluso “son condenadas socialmente” en su lugar de origen. Nuevamente citó como ejemplo el caso de UPM y recordó que el 22 de mayo manifestantes de Finlandia bloquearon el paso de la empresa a sus plantas. En sus carteles, los europeos hicieron alusión a la crítica situación hídrica que se vive en nuestro país.
Arrieta contó que tiene 74 años y de a ratos piensa que está viviendo en una película de ciencia ficción. “Hace 50 años, cuando empezaba mi lucha ambiental, esto era inimaginable. No pensábamos que pudiera faltarnos el agua, éramos uruguayos viviendo en una especie de tacita de plata. Aunque no fuera tan de plata, era una tacita de buen valor y bastante aceptable en relación con lo que nos rodeaba. Mirá en lo que terminamos”, lamentó. Sin embargo, mantiene en parte su esperanza: “Nadie tiene que ser colonizado por nadie. Todo país debería ser soberano, y no creo que la población uruguaya quiera entregarle el país a ninguna multinacional ni a nadie. Yo creo que el camino es todos juntos, no se sabe nunca qué pequeña acción o qué gran acción va a despertar la conciencia de la gente. No hay que dejar de hacer cada uno lo que pueda y poner su pequeño granito de arena en la esperanza de que en algún momento va a resultar algo positivo. Realmente no es sostenible, ni en el sentido estricto del término ni en el vulgar, lo que está pasando”.
“Las probabilidades de que el maquillaje verde aumente son mayores en la medida en que el control estatal sea menos independiente y riguroso, que un gobierno esté más necesitado de las inversiones o negocios corporativos, y que el acceso y la transparencia informativa sean más limitados”. Eduardo Gudynas.
Maquillame bonito
Eduardo Gudynas, analista en temas ambientales y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social, comentó a la diaria que gran parte de las definiciones de “maquillaje verde” concuerdan en que son “prácticas de desinformación de una organización, por las cuales se ofrece al público una imagen amigable con fines y compromisos ambientales, pero que intencionalmente es falsa, errónea o exagerada”. Asimismo, implica, “por un lado, ocultar y, por el otro, exagerar”. “En efecto, se retiene u oculta información sobre efectos negativos en el entorno, pero también se brinda información exagerada o sin fundamento sobre el desempeño de bondades ambientales. Una y otra son activamente defendidas ante el público. Las personas, los consumidores, están bombardeados por información que no es necesariamente fidedigna ni certera, llegando a ejemplos escandalosos como el de las empresas petroleras que lanzan campañas de publicidad ecológica a pesar de ser las grandes responsables del cambio climático”, contó. Cabe resaltar que el concepto no es nuevo, nació en la década de 1980 con el objetivo de describir las prácticas de cadenas hoteleras sobre el reuso de toallas con el supuesto objetivo de ahorrar agua.
El analista explicó que el maquillaje verde ha crecido en niveles “epidémicos”. Sin ir más lejos, citó un reporte de la Unión Europea de 2021 en el que se encontró que “el 42% de las empresas auditadas estaban envueltas en algún grado de maquillaje o desinformación ambiental, en especial exagerando algún beneficio ecológico o incluso falseándolo”. “Como resultado, la Unión Europea estableció un estándar comunitario y, en países como Francia, los culpables de estas exageraciones pueden terminar en procesos penales. En el otro extremo se encuentran gobiernos como el de China, que según las evaluaciones parecería que no sólo no sanciona ese maquillaje, sino que hasta podría alentarlo con tal de asegurar exportaciones”, afirmó. En este contexto, destacó que las probabilidades de que el maquillaje verde aumente son mayores en la medida en que “el control estatal sea menos independiente y riguroso, que un gobierno esté más necesitado de las inversiones o negocios corporativos, y que el acceso y la transparencia informativa sean más limitados”.
Un concepto que está asociado directamente al “maquillaje verde” es el de “responsabilidad social empresarial”, ya que sus estrategias contienen “medidas voluntarias que integran algún aspecto ecológico, sea en el producto que se vende, en su proceso de manufacturación o bien como una acción colateral, como puede ser financiar campañas de limpieza de una playa”. “La responsabilidad social empresarial, en especial aquella enfocada en cuestiones ambientales, puede responder a entender que un producto se venderá de mejor manera si se lo reviste de una imagen ecológica. Ese propósito, que puede ser positivo en sí mismo, en más de una ocasión queda por el camino para ser suplantado por la mera publicidad. Ese es el caso de actividades o productos de altísimo impacto ambiental pero que se publicitan como paisajes verdes o llamados a salvar el planeta”, acotó Gudynas.
El experto sostiene que en los países industrializados existen “fuertes presiones desde el lado de los consumidores que desean comprar bienes o servicios que no sean perjudiciales para el ambiente”. En cambio, en los países latinoamericanos los impulsos son “más débiles” y los gobiernos “más reacios a imponer transparencia informativa”. “Sin embargo, una vez que en las sedes centrales de las grandes transnacionales se acuerda una estrategia corporativa de tono ambiental, esta se repite en las subsidiarias del sur. Eso hace que sea común que en Uruguay u otros países vecinos tengan lugar ferias o convenciones donde más o menos las mismas empresas extranjeras aparecen como auspiciantes, como acaba de suceder en la Expo Sostenible convocada por el Ministerio de Ambiente”, expresó.
Para Gudynas, la operación “más grande” de maquillaje verde estatal que ha vivido el país ocurrió con el abuso del eslogan “Uruguay natural”, porque “se insistió con la idea de un país ecologizado y se llegó a creer que aquel velero que tenía ese nombre o las publicidades para atraer turistas representaban un país natural”. “Hoy en día está claro que vivimos una crisis ambiental en varios frentes y que distamos mucho de ser una nación natural”, resaltó. Y finalizó: “La situación del actual Ministerio de Ambiente es paradójica porque parece quedar ensimismado con la propia publicidad que genera. Es que a pesar de la crisis del agua, que viene siendo denunciada desde hace años, así como el agravamiento de la sequía ya evidente a finales de 2022, la organización de una expoferia con empresas no tiene ningún efecto en mejorar ni la calidad ni la disponibilidad de nuestros recursos hídricos. Es como si en un hospital el director médico invitara a los familiares de los enfermos a una exposición de distintos productos, en lugar de atender, medicar y curar a los que están internados en las camas”.