“La zona donde se va a implementar esta planta gigantesca es un paraíso que tiene Uruguay, que son las islas del Queguay. Forman parte de un ecosistema hermoso y nos vamos a quedar sin esto. Seguramente, si fuera en una playa del Este que casi todos los uruguayos y uruguayas conocen, entenderían el dolor e impacto que genera que pongan una planta de este tipo ahí con todo lo que implica. Es una zona de anidación de aves autóctonas, también hay algarrobos de más de 100 años”, dice a la diaria Cecilia Sánchez, presidenta del Plenario Departamental de Paysandú del PIT-CNT. La dirigente sindical hace referencia en su declaración a la compañía HIF Global, que pretende instalar una planta de combustibles sintéticos en el departamento sanducero. Concretamente, busca ubicarse en dos padrones frente al río Uruguay y a las islas del Queguay. La zona está siendo estudiada por el Ministerio de Ambiente para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los padrones de la compañía son linderos a la delimitación que está en consideración actualmente.
El 27 de febrero, la Junta Departamental de Paysandú aprobó el Programa de Actuación Integrada Complementario que permitió la recategorización de los dos padrones —que cubren 440 hectáreas— de la empresa. Este proceso es uno de los tantos necesarios para que HIF Global pueda instalar su planta en el territorio. 27 ediles votaron a favor y dos edilas en contra. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible establece que los Programas de Actuación Integrada Complementario deben cumplir con “la totalidad de los procedimientos e instancias de participación previstas en esta ley” y contar con una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada por la autoridad ambiental. Sin embargo, como informó El Observador, el instrumento departamental no contó con la autorización del Ministerio de Ambiente.
Desde la empresa, según consta en un informe que encargaron al estudio de abogados Delpiazzo, indican que, “de acuerdo a la información recibida, se ha verificado el silencio positivo por la falta de pronunciamiento expreso de dichas autoridades” por lo que “debe entenderse cumplido el requerimiento respectivo para la aprobación definitiva” del Programa de Actuación Integrada Complementario. A su vez, agregan que “un hipotético pronunciamiento expreso posterior” de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental “no alteraría la consecuencia jurídica ya configurada por el silencio positivo”. Según informó El Observador, quienes estaban a cargo del Ministerio de Ambiente previo a la asunción del gobierno de Yamandú Orsi —la nota es del 28 de febrero— entendían que la cartera aún se encontraba dentro del plazo correspondiente para expedirse.
Cabe destacar que la planta de HIF Global aún debe contar con la aprobación de la Viabilidad Ambiental de Localización y el Estudio de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente. Es decir, aún queda un largo camino. A su vez, la empresa tiene otros dos proyectos que deberán pasar por un proceso similar: el parque de energía solar —que abarcaría 1.500 hectáreas— y el parque eólico —compuesto por 158 aerogeneradores—. Estas iniciativas, que buscan energías renovables para abastecer la planta de combustible sintético, fueron presentadas por separado y se encuentran en el período de puesta de manifiesto, momento en que la ciudadanía puede enviar comentarios a las autoridades del Ministerio de Ambiente.
Oposición del PIT-CNT y la necesidad de un plan
En febrero de 2024, el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con HIF Global y presentó la iniciativa como una planta de hidrógeno verde —aunque terminó siendo de combustibles sintéticos, como el metanol— que “sería la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los 6.000 millones de dólares”, que “permitiría crear unos 3.000 puestos de trabajo”. A partir de un pedido de acceso a la información pública, el Movimiento por un Uruguay Sustentable detectó que el gobierno declaró el acuerdo como “confidencial” y el hecho devino en acciones judiciales.
El 25 de febrero de 2025, dos días antes de la aprobación de la recategorización del suelo, el Plenario Departamental de Paysandú del PIT-CNT emitió un comunicado. Allí reconoce que la búsqueda de combustibles menos contaminantes “representa una opción positiva para la protección del medioambiente y debe ser considerada como parte de una estrategia orientada a la eliminación de la dependencia de combustibles fósiles”. Sin embargo, para la central sindical no todo es color de rosas.
El plenario no comparte “la decisión de transformar una zona de alto valor ambiental como la elegida para la posible instalación de esta planta en un área con características suburbanas sin una evaluación exhaustiva y transparente de las consecuencias que esta transformación podría acarrear”. “Resulta evidente que la promoción de esta tecnología ha sido impulsada, en gran medida, por las mismas empresas que han fomentado históricamente el uso de combustibles fósiles. Dicha promoción no responde únicamente a inquietudes ambientales, sino principalmente a razones económicas”, señala en el comunicado. Asimismo, apunta que “la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento en la producción de energía deben enmarcarse en un plan de desarrollo productivo integral”.
“Al analizar las estrategias de hidrógeno verde adoptadas por la mayoría de los países de América Latina, observamos que la producción está mayormente orientada a la exportación. Esta dinámica responde a una geopolítica del hidrógeno que configura ciertas regiones del planeta como proveedoras de este recurso, mientras que otras se posicionan como receptoras, utilizándolo para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero mediante el reemplazo de combustibles fósiles”, subraya el texto del Plenario Departamental de Paysandú. En este contexto, considera imprescindible “evaluar cuidadosamente los impactos directos e indirectos” que la instalación de la planta “podría generar en las comunidades y territorios cercanos”. “A pesar de los anuncios y el intenso lobby promovido a nivel gubernamental, consideramos que aún nos encontramos en una etapa de formación, debido a la escasa información que se ha puesto a disposición pública”, sostienen en el comunicado.
El conflicto trasciende fronteras
Cecilia Sánchez, la presidenta del Plenario Departamental de Paysandú del PIT-CNT, cuenta a la diaria que hubo dos movilizaciones en el departamento durante la semana que se aprobó el Plan de Actuación Integrada Complementario. En una de ellas, participó “una delegación de 20 coches de Colón, Argentina, en caravana”. “Había compañeros sindicalistas y vecinos que vinieron a manifestar su rechazo a la instalación de la planta. Ellos nos explicaban que no quieren incidir en las decisiones que toma Uruguay sobre su territorio, pero Colón es un balneario turístico. Imaginate la planta con chimeneas frente a la playa donde vienen a veranear”, resalta. Pese a que el tiempo “no invitaba a movilizarse, con más de 40 grados de sanción térmica”, considera que la convocatoria fue buena.
Por otro lado, la movilización en Argentina continuó en estas semanas. Según informó El Telégrafo, el lunes 10 de marzo se realizó una reunión en la vecina orilla para abordar el tema donde participaron políticos, organizaciones ambientalistas, operadores del sector turístico y funcionarios.
Sánchez expresa que para el 21 y 22 de marzo organizaron un encuentro programático donde abordarán “el tema del empleo en Paysandú” y analizarán la iniciativa. “Vamos a trabajar internamente con nuestros sindicatos para luego hablarlo con las organizaciones sociales y ver si es posible generar un Plan de Desarrollo de Paysandú. Hay que tener en cuenta que nuestra población está sufriendo una crisis de desocupación y subocupación gravísima. Estamos muy contentos porque vamos a contar con la presencia del ministro de Trabajo [Juan Castillo], que va a estar en la sesión inaugural con el presidente de nuestra central, Marcelo Abdala”, cuenta.
Sánchez afirma que “las experiencias que tiene el movimiento sindical con empresas multinacionales es que vienen con fines extractivistas y les importa bien poco cómo inciden en el entorno, tanto ambiental como humano”. “Queremos tener acceso a más información. Se anuncia con bombos y platillos que va a crear 3.000 puestos de trabajo. La experiencia que tiene el movimiento sindical con las plantas de UPM, que prometían cantidades astronómicas de trabajo en un departamento que lo necesita, es que ese trabajo fue cubierto básicamente por personal extranjero”, manifiesta. También cuestiona que, al terminar la construcción, los puestos de trabajo se ven reducidos significativamente. “Especulan con la necesidad de la gente y nosotros tenemos la obligación de tratar de cuidar lo que necesitan las futuras generaciones y también pelear por un trabajo de calidad, digno”, afirma.
La presidenta del plenario observa que la aprobación del Programa de Actuación Integrada Complementario por parte de la Junta Departamental de Paysandú está “mal” porque no se había “cumplido con los plazos que corresponden según el Ministerio de Ambiente”. “Estas cosas que se hacen a contrapelo y a las disparadas tienen un interés muy particular que no es el interés de las grandes mayorías. Estamos evaluando junto con los grupos ambientalistas los recursos a realizar para impugnar esta acción que tomó la Junta, que es ilegítima”, señala. Finalmente, aclara que la postura del movimiento no quiere decir que “esté en contra de otros tipos de energía, que se necesitan, y sería brillante que el Estado se hiciera cargo de la producción”. “Como sociedad tenemos que defender nuestros recursos, generar trabajo digno, respetuoso con el ambiente y de las generaciones futuras. Es lo que les dejamos a nuestros hijos”, expresa.
La tala de monte nativo
El grupo Ambiente y Diversidad, según consta en un comunicado que compartió con la diaria, entregó en febrero de este año un texto dirigido al intendente y a la Junta Departamental de Paysandú. Allí plantea su visión referida a la recategorización de los predios de HIF Global y pide una audiencia para transmitir sus consideraciones. Hasta el momento, no tuvo respuesta. También menciona que durante la sesión en que se aprobó el Programa de Actuación Integrada Complementario los representantes de la compañía hicieron una presentación, mientras que a sus integrantes no se los recibió y asistieron desde las barras. Considera que la instalación de la planta en los padrones proyectados es “ambientalmente inconveniente y riesgosa para la ciudad de Paysandú, para el lugar mismo de instalación y para el área contigua a proteger”.
El Informe Ambiental Estratégico elaborado por HIF Global, fechado en febrero de 2025, prevé un área buffer de protección sobre el río Uruguay. Sin embargo, también dice que talarán 100 hectáreas de bosque mesófilo. Precisamente, el documento dice: “En cuanto a ecosistemas, la superficie de bosque mesófilo a ser afectada cuenta con aproximadamente 100 ha de área. Esta superficie representa el 0,012% de las 850.000 hectáreas de bosque nativo presentes en el país y cerca del 0,14% de la superficie de bosque nativo del departamento de Paysandú. En la clasificación utilizada [...] las 100 ha de bosque latifoliado de planicie mesófilo representa el 1,2% de la superficie total del ecosistema en el país y el 10,2% del ecosistema presente en Paysandú”. Justifican que las especies de flora que componen esta formación “no son exclusivas del área de estudio”.
“Las especies prioritarias para la conservación encontradas en el área de estudio (espina corona y algarrobo) también tienen una mayor superficie de distribución que la contenida en los dos padrones. Pueden encontrarse ejemplares particularmente de algarrobo, entre los padrones de la planta y el arroyo San Francisco, incluso formando parte del parquizado del sector suburbano de la ciudad de Paysandú”, dice la compañía. Como “medida de compensación” se propone “la adquisición o arrendamiento de un área igual o mayor al área afectada directamente por la implantación”.
Ambiente y Diversidad advierte en el texto sobre la pérdida de bosque nativo. Subraya que “esto implica mucho más que el retiro de los árboles” porque “se está destruyendo un ecosistema boscoso”; define que es una ubicación “estratégica para la conservación de la biodiversidad” por la proximidad a áreas protegidas. Recuerdan que “la destrucción y el fraccionamiento de hábitats es la mayor causa de pérdida de biodiversidad”. “No se trata de evaluar si los vegetales están presentes en otras localizaciones del país con un criterio de conservación focalizado exclusivamente en especies, se trata de preservar el ecosistema en su integridad estructural y funcional y es precisamente esto lo que se amenaza”, describe el grupo. Enfatizan que “no se extingue la totalidad de un ecosistema súbitamente de una sola vez, se lo hace de a poco y progresivamente, como en este caso”.
En esta línea, el grupo observa que la batería de medidas de mitigación es “insuficiente”. “La pérdida de este monte nativo no puede compensarse ‘mediante la entrega o cesión de un área equivalente igual o superior’ porque tiene características propias y de ubicación únicas. Se está utilizando para la biodiversidad un criterio de balance de caja comercial, que es válido cuando se trabaja con sumas de valores enteramente abstractos, pero que no aplica en este caso”, asegura. Ambiente y Diversidad insiste en que la “asociación particular de suelos, vegetación y paisaje, constituida por la planicie de inundación, el bosque mesófilo, el parque sobre blanqueal y su vegetación”, es lo que le “confiere su singularidad al bosque ribereño del río Uruguay y lo que constituye la unidad de conservación”. “Es esta unidad lo que el proyecto propuesto ignora”, dice. Y finaliza: “Los errores conceptuales cuando se materializan en acciones sobre el ambiente acarrean consecuencias irreparables a futuro”. La última palabra la tendrá el Ministerio de Ambiente.