En las últimas semanas, el proyecto de la represa Casupá estuvo en movimiento. A fines de agosto, productores rurales vecinos al arroyo homónimo se reunieron con legisladores en el territorio para pedirles más información sobre la infraestructura. Ellos les manifestaron a los representantes su disconformidad con la iniciativa y plantearon no querer irse del sitio. En paralelo, figuras políticas como el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva señalaron que el problema se resuelve “con abogados” y cuestionaron la futura área protegida que pretende crearse para garantizar la calidad del agua de la represa.
Por otro lado, la Asociación Uruguaya de Limnología emitió un comunicado donde llama a cuidar la cuenca del río Santa Lucía. Por si fuera poco, el miércoles, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, mantuvo una reunión con el intendente de Florida, Carlos Enciso, con ediles y con vecinos de Casupá. El jerarca dijo que inicia “un camino de participación y de información”. Este fin de semana, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, también tuvo un encuentro con el intendente de Florida, en el que trataron el proyecto.
En este contexto, Redes-Amigos de la Tierra compartió un informe que elaboró sobre la temática, titulado Importancia de la gestión de la cuenca del Santa Lucía con justicia ambiental y de la represa de Casupá para asegurar el derecho humano al agua. Comienza de esta forma: “En los últimos 20 años, desde la reforma constitucional de 2004, en Uruguay la gestión del agua ha estado en el centro del debate público y se ha posicionado la necesidad de una estrategia integral y participativa que implica múltiples desafíos. Entre los principales se encuentran garantizar el abastecimiento de agua potable como derecho humano, el uso responsable de este bien vital y la protección de las fuentes hídricas”.
La organización socioambiental destaca que el abastecimiento de agua en el sur del país y la gestión sustentable del río Santa Lucía se han convertido en “objeto de análisis y reflexión”. Redes-Amigos de la Tierra cuestionó fuertemente el proyecto Neptuno/Arazatí, que pretendía suministrar agua del Río de la Plata a la zona metropolitana. Una de las principales críticas consistía en que Uruguay no tiene soberanía total del estuario –esto implica que recibe contaminantes de otros países– y también que se detectaron altos niveles de cianobacterias y de salinidad. Por estas y otras razones entiende que “volver a poner el foco en el río Santa Lucía es una decisión acertada, ya que esta cuenca, pese a enfrentar diversos problemas ambientales que es urgente solucionar, tiene un enorme potencial en su capacidad de producción hídrica”.
Sin embargo, para asegurar este potencial explica que es “fundamental avanzar en un plan de gestión que contemple la salud de sus ecosistemas, el estado de los suelos, la dinámica de los territorios fluviales, los humedales, las planicies de inundación, los montes nativos, las riberas, así como los procesos de degradación y pérdida de biodiversidad”. Enfatiza que hay que combinar “la recuperación ambiental de la cuenca con el aumento de su capacidad para proveer agua de buena calidad, tanto para la población como para actividades productivas”.
Considera que el plan debe incluir tres componentes. El primero es “recuperar su calidad ambiental mediante procesos de restauración y conservación articulados con las actividades productivas que contribuyan a la salud de los territorios”. El segundo es “mejorar de forma continua todos los usos del agua en la cuenca con criterios de justicia ambiental”. Finalmente, el tercero es “disponer de reservas hídricas suficientes que aseguren la disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuadas para todos los usos, dando prioridad al consumo humano, a los ciclos ecológicos y a la soberanía alimentaria”.
Los beneficios de Casupá
En el documento, la organización señala que debe evaluarse la “conveniencia” de crear una “reserva de agua en la cuenca del arroyo Casupá, que representa el área de mayor grado de naturalidad dentro de la cuenca del río Santa Lucía”. “La ubicación propuesta para la represa resulta óptima debido a sus características topográficas, tipo de suelo y composición geológica. Además, es una zona con baja densidad de población rural, establecimientos productivos extensivos y con localidades urbanas que, si bien están cerca de la zona de la represa, no están directamente en la zona de escurrimiento [...]. La localidad de Casupá, que es la más cercana, está a siete kilómetros de la represa. Esta ubicación permitiría disponer de una reserva de agua de excelente calidad”, subraya.
Define que la obra “duplicaría la capacidad de reserva de agua dulce en la cuenca, lo que permitiría enfrentar de mejor manera los eventos de sequía”. Además, regularía “el caudal del río Santa Lucía Grande durante los períodos de sequía, mejorando la calidad ambiental en todo su cauce hasta Aguas Corrientes, beneficiando a múltiples localidades urbanas”. También manifiesta que la obra sería positiva para el “caudal ecológico o ambiental del río Santa Lucía”.
La organización recuerda que la represa nacerá con un área protegida asociada, que posibilita “articular la producción y conservación a través de una propuesta centrada en el funcionamiento hidrológico del arroyo”. “Esta sería una propuesta inédita en el país y con pocos antecedentes en la región y el mundo”, afirma. La obra, describe, abre la posibilidad de fomentar “actividades agropecuarias no convencionales, como la producción agroecológica y productos con alto valor ambiental, además de potenciar el desarrollo turístico local vinculado a la represa”. Para lograrlo, la organización exige “políticas públicas específicas” en el marco del Plan Nacional de Agroecología y la Ley 19.717.
Los impactos socioambientales de la represa y su reparación
“La construcción de la represa tendrá impactos socioambientales que deben ser cuidadosamente estudiados para su prevención y reparación”, dice la organización. Para lograrlo, considera que las autoridades deben desarrollar “estrategias en diversas líneas de acción”. Por ejemplo, “fortalecer la participación en la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía” promoviendo “la integración de organizaciones sociales de la zona de Casupá”. Entiende que “el funcionamiento de la obra y posteriormente la gestión de la represa deben ser un punto permanente en el orden del día” del espacio de participación, y que en este ámbito se podrá “rendir cuentas” con “información de la dinámica y calidad del agua de la represa”. A su vez, pide “consolidar una Comisión Asesora Específica del área protegida que se propone asociada a la represa” con el objetivo de “acordar el diseño, planificación y plan de gestión”.
Redes-Amigos de la Tierra solicita la “prevención de impactos desde el inicio”, la “reducción de impactos mediante prácticas guiadas por principios ecológicos y de justicia ambiental” y la “corrección de impactos, restaurando las áreas afectadas y rehabilitando tierras degradadas”. Por otro lado, considera que es necesario el “monitoreo constante, con recolección de datos sobre calidad de agua, biodiversidad y otros indicadores clave”, junto con un “marco regulatorio ambiental que defina estándares y límites claros para la protección del ambiente y un desarrollo inclusivo”. En esta línea, ven necesaria la elaboración de un “plan de desarrollo territorial que incluya la represa, el área protegida, la localidad de Casupá y su zona de influencia”.
A su vez, insiste con que el diseño de la obra debe incluir “políticas públicas que pongan en el centro a la población afectada”. “Las expropiaciones deben ir acompañadas de políticas públicas de apoyo para asegurar la continuidad de las unidades productivas afectadas”, plantea, y agrega que “la relocalización de población rural debe realizarse con plenas garantías que aseguren sus derechos y calidad de vida”. Enfatiza que se debe garantizar “el trabajo digno y el acceso a empleo para la población rural afectada” y que “la localidad de Casupá debe ser reconocida por el servicio ambiental que prestará en la gestión de la represa, por ejemplo, con tarifas diferenciadas en el suministro de agua potable”. En este sentido, la organización observa que es necesario desarrollar “fuentes de agua alternativas para los emprendimientos ganaderos y agrícolas de la zona”, el “mejoramiento de la caminería rural en la zona de influencia” y la “promoción de emprendimientos productivos no convencionales como producción agroecológica y turismo rural”.
Por otro lado, también solicita “acondicionar el terreno a inundar” retirando “la vegetación existente” y elaborando “un inventario” con las especies. Vinculado a este punto, pide crear “viveros de plantas nativas a cargo de la población de la zona para la reforestación en la cuenca media y alta del arroyo Casupá” y “programas de formación para el trabajo, vinculados directa o indirectamente con la represa y su funcionamiento”. Asimismo, pone sobre la mesa la implementación de “una estrategia progresiva para desplazar la fauna nativa del terreno a inundar, asegurando sus posibilidades de sobrevivencia en el territorio adyacente”. Finalmente, demanda la “recuperación y acondicionamiento” de los “objetos patrimoniales existentes en la zona de la represa y realizar acciones de acondicionamiento en territorios no afectados”.