El 6 de noviembre habrá una audiencia para tratar la demanda de nulidad contra las petroleras que buscan explorar, mediante la aplicación sísmica, el territorio marino uruguayo en búsqueda de hidrocarburos. La herramienta legal fue presentada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado. El juzgado en lo Civil de 7° turno, a cargo de Virginia Ginares, la está analizando. El 2 de octubre la magistrada había convocado un encuentro entre las partes; sin embargo, la instancia fue suspendida porque tuvo que pedir licencia médica.
Según las autorizaciones que otorgó el Ministerio de Ambiente a las compañías, las prospecciones podrán llevarse adelante “únicamente en el período comprendido entre noviembre y abril”. Ante esta situación, Pedro Riera, el abogado de las organizaciones socioambientales que presentaron la demanda, alertó que “marcar la audiencia recién para el 6 de noviembre no es compatible con la finalidad preventiva de la tutela que nosotros pretendemos”. En este contexto, presentó un recurso ante el juzgado donde solicita que la audiencia se celebre en octubre.
En la demanda que presentaron las organizaciones sociales en agosto, además de una acción de “nulidad absoluta de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos” que fueron firmados por Ancap y las empresas petroleras, pidieron que se “otorgue la medida cautelar ya solicitada”. Con esta última medida pretenden que la situación se mantenga como está en la actualidad hasta que se dirima el conflicto principal. “Si la campaña de prospección comienza durante noviembre y el proceso cautelar aún no se encuentra en condiciones de ser resuelto, las actividades derivadas de los contratos impugnados podrán desarrollarse nuevamente, no porque una resolución jurisdiccional haya rechazado la medida provisional promovida, sino porque el proceso no alcanzó a pronunciarse antes del inicio de la actividad cuya prevención precisamente se pretende”, dice en el texto que presentó Riera ante el juzgado en lo Civil de 7° turno, al que accedió la diaria.
En el documento también apuntó que existen “razones objetivas” que justifican solicitar que la audiencia sea en octubre. “Al evacuar el traslado de los hechos nuevos denunciados por esta parte, la demandada CGG Services U.S [nombre de una de las compañías] hizo expresa referencia al comienzo de una nueva campaña de prospección sísmica durante noviembre de 2026. De allí que el señalamiento de la audiencia para el 6 de noviembre no resulte compatible con la finalidad preventiva”, subrayó. En esta línea, el abogado manifestó que el 19 de noviembre “se cumplirá un año desde la promoción de este proceso cautelar, sin que hasta el presente haya podido recaer resolución sobre la medida de no innovar solicitada”. Recordó que el artículo 11 del Código General del Proceso establece que “todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones, así como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva”. Destacó que el Acuerdo de Escazú, aprobado por nuestro país, determina “la necesidad de contar con procesos ambientales efectivos y oportunos, así como con medidas cautelares y provisionales aptas para prevenir daños ambientales”.
La parte demandante solicitó que se marque la audiencia en “la primera fecha disponible dentro de octubre, incluso mediante habilitación de día u hora inhábil si correspondiera, a fin de preservar la efectividad de la tutela jurisdiccional y posibilitar su consideración antes del comienzo de la campaña anunciada para noviembre”. El pedido se enmarca en el artículo 97 del Código General del Proceso, que dispone que “podrá disponerse de oficio o a petición de parte la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho”.
La jueza Ginares respondió que tiene presente “la urgencia de la medida solicitada, así como las dificultades existentes en la previa tramitación del expediente, y las demostraciones públicas y en redes de las molestias vividas”. Afirmó que la audiencia fue marcada “en función de la disponibilidad material de la agenda y ante la necesidad de reservar una sala que contemple la capacidad necesaria para albergar a todos los litigantes y sus letrados patrocinantes”. A su vez, sumó que si se produce una “vacante”, procederá “a adelantar su fecha”.
“Esto nos está dejando muy mal parados en el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Llegamos siempre tarde”, expresó Riera. El abogado consideró que el proceso ha sido “bastardeado, extensamente dilatado por las partes y por el propio Poder Judicial”. A raíz de esta situación, están analizando “otros mecanismos judiciales, incluso de litigio internacional”.
