“Somos una isla en medio de este verde mar / Queremos salir al campo y respirar / ¡Aire puro!”, dice Carancho de metal, una obra que integra el proyecto artístico-educativo y ambiental Canciones Urgentes para mi Tierra, que nace en escuelas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, en Argentina. La iniciativa tiene como objetivo denunciar el deterioro de su hábitat como consecuencia del accionar humano. En voz de varios artistas, como León Gieco, los niños y niñas le piden al “carancho de metal” que sobrevuela su centro educativo que no enferme a la gente y denuncian que vienen “de bien adentro / cantando este dolor”.
Las fumigaciones son una problemática en Uruguay. En este nuevo Día Mundial del Ambiente, la diaria Ambiente recuerda en su suplemento que la salud del entorno y la de la gente están profundamente conectadas. De esta forma, a partir de un pedido de acceso a la información pública, detectamos que en seis años el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) brindó 100 “exenciones” a privados para que puedan aplicar pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos. El 96% de las autorizaciones que otorgó la cartera agrícola para este tipo de aplicaciones terrestres oscila entre los 10 y 50 metros de centros educativos. Hablamos con personas que han trabajado en la educación en ámbitos rurales, una médica especializada, una educadora ambiental y el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, que sostiene que la normativa se debería rever.
Desde el enfoque de una sola salud, que es defendido por la Organización Mundial de la Salud y pretende reivindicar que la salud de las personas, animales y ecosistemas está estrechamente interrelacionada, también abordamos la problemática de la deforestación. A partir de un pedido de acceso a la información pública, la diaria investigó que la tala de monte nativo sin autorización constatada por el MGAP pasó de 32,8 hectáreas en 2022 a 441 hectáreas en 2025. La Dirección Forestal señaló que el aumento está vinculado a un “cambio de metodología” y que “no necesariamente” estamos frente a un “aumento real del fenómeno”. En paralelo, académicos advierten sobre la deforestación que “escapa a los controles” y sostienen que su protección tendría que pasar al Ministerio de Ambiente.
La sociedad organizada también estuvo presente en nuestras páginas. Integrantes del proyecto Territorios hidrosociales costeros, de la Universidad de la República, presentaron un avance de su investigación que detectó que durante el siglo XXI los conflictos ambientales por el agua mostraron un incremento sostenido en la región costera.
Finalmente, presentamos los resultados de una nueva encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que indaga sobre aspectos vinculados a la participación y la justicia ambiental. Uno de los datos más llamativos radica en que casi 7 de cada 10 personas no conocen el Acuerdo de Escazú, normativa regional que regula esta temática. Asimismo, más de dos tercios de la población uruguaya considera que los delitos ambientales graves deberían poder ser sancionados penalmente. Esto último se vincula con uno de los anuncios que hizo el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en entrevista con _la diaria _. En este mes, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un nuevo proyecto de ley para que los delitos contra el ambiente ingresen al Código Penal y espera que Uruguay apruebe la normativa este año.
