En 2025, la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) constató 62 ilícitos sobre monte nativo, que afectaron una superficie de 441 hectáreas, según datos del organismo a los que accedió la diaria a través de un pedido de acceso a la información pública. “En términos relativos a la superficie de bosque nativo cartografiada en el año 2021 representa el 0,05%”, agrega el documento. Según la Cartografía Nacional de Bosque Nativo de ese año –la más reciente–, en Uruguay hay 847.181 hectáreas de monte nativo.
El dato marca un aumento significativo respecto de 2024, cuando se habían registrado 38 talas no autorizadas en 192 hectáreas. La diferencia es aún mayor si se compara con los años anteriores: en 2022 la DGF había detectado 23 ilícitos, que afectaron 32,8 hectáreas, y en 2023 fueron 11, sobre una superficie de 27,9 hectáreas.
Consultado por la diaria, el titular de la DGF, Gastón Martínez, atribuyó “parcialmente” el aumento a un “cambio de metodología e intensificación de la detección vinculadas a mejoras en la gestión” y apuntó que “no necesariamente” estamos frente a un “aumento real del fenómeno”. “Antes esas cortas existían, pero no eran detectadas. Si bien eso es esperable, no lo podemos asegurar”, agregó. A su vez, en el documento la DGF plantea que “algunas de las inspecciones de constatación de ilícitos efectuadas en el año 2025 corresponden a ilícitos ocurridos en el año 2024”.
Martínez señaló que el cambio metodológico está vinculado al reglamento de la Unión Europea (UE) sobre la comercialización de materias primas y productos asociados a la desforestación. “Es una normativa que exige a las empresas importadoras verificar que ciertos productos agropecuarios –carne bovina, soja, madera– provengan de predios libres de deforestación”, sostuvo. Para cumplir con la normativa, la DGF desarrolló el Sistema de Valor Agregado; este consiste en la elaboración anual de un “mosaico” de Uruguay con imágenes satelitales, que luego se compara con las imágenes de la superficie cartografiada en 2021 para “detectar los píxeles con cambio de uso”, explicó el director. Esta información es procesada por técnicos de la DGF y, cuando consideran pertinente, confirman con una inspección de campo.
Por su parte, Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social, expresó en diálogo con la diaria que el aumento de los ilícitos detectados “sin duda” está vinculado a las exigencias de la UE. Sin embargo, acotó que “no puede desecharse” que también responda a “causas externas”, porque “todos los actores ministeriales del Mercosur, de unos y otros modos, han acusado a esos controles europeos como medidas que atentan contra sus exportaciones”. “Esos reclamos evidencian que la prioridad de los ministerios de Ganadería está en expandir las áreas con ganado y no en cuidar sus bosques”, expresó.
A su vez, la respuesta de la DGF muestra un aumento de las inspecciones realizadas. El organismo hizo 180 en 2025, 141 en 2024, 127 en 2023 y 133 en 2022. “El aumento significativo del total de inspecciones responde a que se asignó un recurso específico para la fiscalización en barracas”, argumenta la DGF. De hecho, las inspecciones a barracas fueron las que más crecieron: pasaron de 39 en 2024 a 85 en 2025. En tanto, las inspecciones por denuncias o teledetección aumentaron de 54 a 60, mientras que las inspecciones de planes de manejo bajaron de 48 a 35.
Intervención “muy alta” sobre monte nativo
la diaria solicitó el detalle de los departamentos donde se registraron los ilícitos y si estos habían afectado áreas protegidas o de conservación ambiental, pero esa información no fue incluida en la respuesta al pedido de acceso. Tampoco sumaron datos sobre las sanciones aplicadas, las multas impuestas ni las empresas involucradas.
En relación con dónde ocurrieron las cortas no autorizadas, el titular de la DGF declaró que los departamentos “más afectados” son Colonia y Soriano, “donde existe una mayor presión del recurso, por tratarse de los suelos más fértiles”. “También muchas veces en estas zonas los bosques están degradados por especies exóticas invasoras y es un trabajo fuerte de la DGF concientizar a los productores de que eso no amerita que se pueda cortar sin autorización”, agregó, y afirmó que se están realizando “jornadas de difusión al respecto”. Dijo que “hay que tener bien presente” que “más de 500.000 hectáreas de bosque nativo conviven con explotaciones agropecuarias, y en esto hay que trabajar mucho”.
Por otra parte, Martínez planteó que cada ilícito siguió por “expediente a los servicios jurídicos para comenzar la sanción correspondiente”, y resaltó que la gran mayoría “termina” en una sanción económica. No obstante, comentó que se está “empezando a exigir”, dependiendo del caso, “una medida compensatoria de restauración”. “Muchas de las cortas se dan en bosques degradados por especies exóticas invasoras, y hay que evaluar la viabilidad y el impacto que la posible restauración pueda tener”, añadió.
De acuerdo con los datos de la DGF, en 2025 el organismo autorizó 111 planes de manejo, que correspondieron a 130 intervenciones sobre monte nativo y abarcaron 3.136 hectáreas. Existe un crecimiento en relación con años anteriores, cuando las autorizaciones fueron 101 en 2024, 44 en 2023 y 63 en 2022.
El año pasado, la mayoría de las intervenciones fueron “limpieza de avance”: 2.445 hectáreas, equivalente a 78% del total. Según la DGF, esta categoría refiere a “antiguas chacras dedicadas a la agricultura y que fueron colonizadas por especies nativas, generalmente el espinillo, muchas veces junto a especies exóticas invasoras, no conformando bosque nativo”. En segundo lugar se ubicaron los raleos, con 489 hectáreas, seguidos por la tala rasa, con 88 hectáreas; la apertura de calles, con 78; y la limpieza de alambrados, con 36.
Al respecto, Gudynas consideró que la intervención sobre más de 3.000 hectáreas en un año es “muy alta”. “Si niveles de ese tipo se repiten todos los años y además se consideran aquellos que podría sospecharse que escapan a controles, queda claro que está en marcha un deterioro del monte nativo”, advirtió.
En esa línea, esgrimió que también en “varios sitios se observa una tala selectiva de las maderas de mayor calidad”, que corresponden a árboles añosos. “Entonces, queda un área que puede parecer un monte si es mirada desde afuera o desde los satélites, pero en su interior está muy degradada”, agregó.
“Las talas autorizadas de bosques deben limitarse a acompasar los ritmos de crecimiento de las principales especies, que en Uruguay son muy lentos, en escalas de décadas. Las actuales cifras muestran que poco a poco seguimos deteriorando la calidad de nuestros montes”, afirmó el investigador. Asimismo, manifestó que es un “problema serio” la falta de información sobre el deterioro del monte nativo en áreas protegidas y en sus márgenes.
¿MGAP o MA?
“La protección de monte nativo es una de las víctimas de la institucionalidad bicéfala ambiental de Uruguay”, planteó Gudynas, y continuó: “Desde hace más de 30 años se indica que la unidad que debe proteger los bosques nativos no puede ser la misma que alienta y maneja las plantaciones de árboles [exóticos], ni debería estar dentro del MGAP. Es una condición incompatible”.
Este fue un tema presente durante la legislatura pasada. El entonces diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust presentó un proyecto de ley para transferir al Ministerio de Ambiente (MA) todos los recursos materiales, humanos y presupuestales vinculados a montes indígenas, bosque nativo y palmares. Para discutir la propuesta, en setiembre de 2022 se creó la Comisión Especial de Competencias sobre el Monte Nativo, que funcionó hasta octubre de 2023.
Entre los comparecientes, estuvieron los titulares de ambos ministerios de ese momento, Fernando Mattos (MGAP) y Robert Bouvier (MA), quienes manifestaron posiciones contrarias. Mattos señaló la “inconveniencia” del traslado y advirtió que “podría ser antecedente que pusiera en riesgo el funcionamiento normal” del MGAP y conducir a un “desmantelamiento” de la cartera, según consta en las versiones taquigráficas. En cambio, Bouvier se manifestó de acuerdo con el proyecto. “Es positivo”, sostuvo. “Considero que sumamos en algo que para nosotros es importante”, agregó.
El actual titular de la DGF expresó que no considera “oportuno” un traslado de la división y “sí más espacios de trabajo conjunto”. Martínez apuntó que se está llevando adelante una “política importante, con un fuerte compromiso con el manejo sostenible de los bosques”. En esa línea, destacó que el monte nativo en Uruguay aumentó de “667.000 a 850.000 hectáreas” desde la década de 1960, una premisa que el veterinario y exdirector de Fauna Jorge Cravino afirma que “es falsa”. Autoridades del MA consultadas por la diaria prefirieron no dar su opinión públicamente.
La comisión también recibió a Gudynas y a Cravino; ambos manifestaron su apoyo a la propuesta y mantienen esa posición. En diálogo con la diaria, Cravino sostuvo que el monte nativo “no es un cultivo” y afirmó que todo lo vinculado a la vida silvestre debe estar bajo la gestión del MA. El experto consideró que el traslado de la DGF no ha logrado prosperar por el “corporativismo agronómico” y por la cultura institucional del MGAP como “ministerio productivista”. Aseguró que habló del tema en nueve administraciones distintas, pero no hubo cambios al respecto. Desde su perspectiva, debería crearse un Instituto Nacional de Biodiversidad para la gestión del monte nativo.
Por su parte, Gudynas señaló que es una “reforma institucional básica” que las “competencias en la conservación y monitoreo de los montes deba estar en el ministerio encargado de los temas ambientales”.
Más denuncias
Según el informe, también aumentó la cantidad de denuncias recibidas por la DGF. En 2025 fueron 55, frente a 40 en 2024, 33 en 2023 y 25 en 2022. El crecimiento se explica sobre todo por las denuncias ingresadas vía web, que pasaron de 10 en 2022 a 52 en 2025, mientras que las telefónicas bajaron de 15 a 3 en el mismo período.
Al respecto, Martínez relativizó que el incremento refleje “un aumento en la conflictividad” y lo vinculó, en parte, al cambio en la incorporación de canales digitales como medio para presentar una denuncia. Asimismo, señaló que “los temas ambientales y la protección del bosque nativo vienen tomando relevancia a nivel social”.
“Como país tenemos una conciencia muy fuerte sobre la protección del bosque nativo, pero no podemos quedarnos con eso. Hay que hacer un trabajo de difusión y extensión en el medio rural y en las distintas localidades. Los técnicos de la DGF dedican tiempo a eso en los diferentes espacios con las organizaciones rurales. Esto viene de la mano de que, cuando la gente ve este tipo de fenómenos, denuncia”, expresó Martínez.