El semanario Brecha publicó el viernes una investigación que detalla el vínculo entre el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Óscar Caputi, y el empresario argentino Eduardo Costantini, uno de los inversores del proyecto urbanístico que se pretende construir en predios aledaños a los bañados de Carrasco. Los hechos tuvieron lugar cuando Caputi aún no integraba el gobierno y formaba parte de la consultora ambiental Enviro que, entre otras tareas, se encarga de elaborar informes técnicos que son presentados ante la cartera para conseguir autorizaciones ambientales. En el artículo se detalla que el jerarca fue responsable del estudio de impacto ambiental de una mansión que construyó el empresario en José Ignacio y asesor de otros proyectos de barrios privados de la familia.
Caputi, ingeniero agrónomo e integrante de Asamblea Uruguay, asumió el cargo tras el pase de Leonardo Herou a la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Antes de su designación, la situación fue alertada por la Red Unión de la Costa. En un comunicado, emitido el 17 junio de 2025, puso sobre la mesa que el jerarca integra una de las consultoras “que tiene más solicitudes de autorizaciones ambientales” presentadas ante la cartera, hecho que “podría influir en su función pública”. “Consideramos que esta situación configura un potencial conflicto de interés, ya que su trabajo en la consultora podría influir en su función pública, comprometiendo una actuación imparcial y objetiva en la toma de decisiones que le compete. Creemos que esto constituye un ejemplo de ‘puerta giratoria’, lo cual atenta contra la independencia de las instituciones del Estado y la defensa del interés general”, planteó. Entre las iniciativas que figura como técnico de Enviro están: El Milagro, barrio privado impulsado por el grupo empresarial La Tahona en Salto; Reserva del Mar, barrio privado que pretende ubicarse en la zona del arroyo El Potrero en Maldonado; y en un fraccionamiento del balneario canario Guazuvirá, que provocó un conflicto socioambiental.
Tras haber sido designado subsecretario y un mes después del comunicado de la red, en una resolución firmada por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se aprobó la “excusación” de Caputi “relevándolo de toda participación en las actuaciones administrativas que involucren las empresas: Pimefil SA (Enviro Consultores) y Ontemar SA”. “Desde su ingreso al ministerio establecimos que no intervendría en ningún asunto vinculado a su trabajo anterior, y eso se expresó en su solicitud de excusación en las actuaciones vinculadas a las empresas en las que trabajó”, comentó Ortuño a la diaria.
Este lunes, la Red Unión de la Costa reiteró su “rechazo a la permanencia de Óscar Caputi en la subsecretaría del Ministerio de Ambiente, a partir de información que confirma y agrava el conflicto de interés que ya habíamos denunciado en junio de 2025, cuando objetamos su designación por su vínculo con la empresa Enviro Consultores”. El conjunto de organizaciones sociales manifestó que la investigación del semanario Brecha constata que Caputi “no fue solo técnico responsable del estudio de impacto ambiental de una vivienda del empresario argentino Eduardo Costantini en José Ignacio, sino que en abril de 2021 fue designado formalmente como uno de sus tres apoderados ante el Ministerio de Ambiente”. Al mismo tiempo, dice el texto, “fue técnico responsable de un emprendimiento de Rodolfo Costantini, hermano del empresario, y mantuvo vínculos con la consultora hasta el mes anterior a asumir su cargo, cuando ya era propuesto para sustituir a Leonardo Herou”.
Los bañados de Carrasco en la mira
En este contexto, la Red Unión de la Costa señaló en su última misiva que “Costantini es, precisamente, el inversor detrás del proyecto inmobiliario que se pretende instalar junto a los bañados de Carrasco”. La iniciativa pretende construir 3.000 viviendas en un predio de 226 hectáreas linderas a los bañados de Carrasco, generó un conflicto socioambiental e incluso diferencias a la interna del Frente Amplio. Es promovido por la compañía Bislun SAS, y la empresa Consultatio del empresario argentino ha participado en instancias clave, como la defensa de la iniciativa privada en la Junta Departamental de Montevideo. El organismo departamental está estudiando y deberá votar si declara o no el proyecto de “interés departamental”. Este es el primer paso antes de avanzar en los trámites para recategorizar los suelos –actualmente es definido como rural de interfaz y debe ser suburbano para que se puedan instalar emprendimientos con las características propuestas–. Este último procedimiento debe tener instancias de participación con la comunidad, obliga al privado a hacer nuevos documentos técnicos y debe ser aprobado por la Junta Departamental.
Hace unas semanas, en una entrevista con Info Capital, Caputi habló sobre la iniciativa y consideró que los humedales “han estado abandonados”. Acotó que “podía llegar a ser una oportunidad el desarrollo inmobiliario para exigirle al desarrollador el poner en valor el humedal”. Ante la pregunta de si este no sería el rol del Estado, respondió: “Ni que hablar. Lo que pasa es que cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal”.
En este contexto, Ortuño remarcó que “el subsecretario no actúa en los casos que haya tramitado para privados antes de asumir su cargo” y definió como “un error opinar sobre un proyecto que no estuvo ni está en consideración del Ministerio de Ambiente”. “De hecho, si la Junta Departamental y la Intendencia de Montevideo no adoptan resolución expresa de darle trámite, el tema no ingresará nunca a estudio del ministerio”, agregó. Declaró que los bañados de Carrasco “se incluirán en la lista de humedales protegidos con independencia de la discusión sobre iniciativas de proyectos en la zona, que no estuvieron ni están en consideración del ministerio, sino a nivel departamental”. “No debemos expedirnos sobre temas que no están en la consideración del Ministerio de Ambiente”, insistió.
La Red Unión de la Costa afirmó que el Código de Ética de la Función Pública “prohíbe expresamente a un funcionario intervenir en asuntos en los que participó privadamente como técnico”. “La situación actual no solo configura de forma flagrante el conflicto de interés que la norma busca prevenir, sino que compromete la integridad de la gestión”, advirtió, y pidió nuevamente la “remoción” de Caputi por “resultar su permanencia legal y éticamente insostenible”.
Al consultar a Ortuño sobre si está evaluando que Caputi dé un paso al costado, respondió: “Su designación, su continuidad o no, es una decisión del presidente de la República, como la de todos en el gabinete”. Por otro lado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo a Radio Sarandí: “No existe una prohibición en Uruguay de que alguien que trabajó en el sector privado no pueda ejercer un cargo público. ¿Cuál sería el problema? Si en el ejercicio del cargo público tú intervienes en algunas áreas en las que tuviste una relación de dependencia o de intereses creados. ¿Caputi ha intervenido en ese sentido? No, porque desde el día uno que llegó al Ministerio de Ambiente presentó una nota estableciendo en qué empresas había trabajado y en qué proyectos había trabajado y pidió excusarse de participar, cosa que el ministro de Ambiente le aceptó”, declaró. Sobre si Caputi debería abandonar el cargo, respondió que “no se ha planteado eso”.
