La investigación fue desarrollada por Guillermo Alves y Mariana Zerpa, docentes del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar, con el apoyo del fondo concursable “Carlos Filgueira” (2009) del programa Infancia, Adolescencia y Familia (Infamilia) del Ministerio de Desarrollo Social.
Toma como punto de partida el hecho de que no abundan -ni en Uruguay ni en América Latina- estudios que aborden la realidad de los adolescentes rurales. De hecho, la población rural en general no era demasiado relevada: recién desde 2006 el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza en dicha área la Encuesta Continua de Hogares.
Además, el estudio plantea otra forma de medir la pobreza, a través de la cual pone en tela de juicio la lectura del INE, que establece que “la incidencia de la pobreza es menor entre los residentes en áreas rurales respecto a quienes residen en áreas urbanas”. Se dice en el resumen inicial de la investigación: “En un marcado contraste con la medición oficial de pobreza de ingresos del INE, que caracteriza a la población rural como con menores niveles de pobreza, nuestros resultados muestran que esta población se encuentra en una situación de desventaja relativa”.
Múltiples dimensiones
En la presentación del estudio, Alves retomó conceptos expresados por el expositor anterior, Tabaré Fernández, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Éste abordó el concepto de pobreza destacando la importancia de evaluarlo teniendo en cuenta mediciones multidimensionales (como alimentación, vivienda, salud, higiene, tiempo libre, sociabilidad, entretenimiento, derechos y educación), en contraste con la medición que toma en cuenta únicamente el nivel de ingresos. En el trabajo, Alves y Zerpa aclaran que los enfoques multidimensionales hacia la pobreza y el bienestar han proliferado en la última década, a partir de las críticas realizadas al enfoque del ingreso. Ese plano unidimensional y exclusivamente en base a ingresos es el que considera el INE para determinar la línea de pobreza.
Alves señaló las limitaciones de considerar al ingreso como única métrica de bienestar, porque en diferentes territorios, con los mismos ingresos pueden comprarse bienes a distintos precios, y además porque hay bienes que son proporcionados por el Estado, mientras que otros pueden generarse en el hogar. También porque “no todas las personas tienen la misma función de transformación de recursos en bienestar, sino que sobre ésta inciden características personales, sociales e institucionales. Por ejemplo, dos niños cuyas familias tienen niveles de ingresos similares pueden tener un desarrollo educativo muy diferente, dependiendo, por ejemplo, del nivel de formación de sus padres, de la valoración que la educación tiene en su comunidad o de la oferta educativa disponible”, se detalla en el estudio.
Por tal motivo, el equipo tomó como marco de análisis el “enfoque de las capacidades”, que, según explicó Alves a la diaria, “implica trasladar el énfasis desde los recursos con que las personas cuentan -el dinero- hacia los estados o acciones que las personas valoran, como tener una buena educación, gozar de salud o tener una participación activa en la sociedad”. Los investigadores afirman que “la pobreza se define como la privación de capacidades, en particular de aquellas que pueden ser consideradas básicas en cuanto implican la satisfacción de funcionamientos elementales”.
Para elaborar una lista de capacidades, los autores recurrieron a listados efectuados por autores reconocidos en la temática; al relevamiento “Opino y Vale”, realizado como insumo para la Estrategia Nacional de la Infancia y la Adolescencia en noviembre de 2008, que recogió opiniones de niños y adolescentes uruguayos; a los datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, realizada por Infamilia y el INJU en 2009, así como a entrevistas con informantes calificados.
Con esa base, el equipo de trabajo elaboró siete dimensiones: educación; salud; amor, cuidado y familia; afiliación; recreación, seguridad y convivencia; trabajo; participación y autonomía. Vale aclarar algunos de estos conceptos. Educación toma en cuenta la finalización del ciclo básico de educación media y considera “pobres” a aquellos adolescentes que no asistan al sistema educativo o que cursen con un rezago mayor a un año. Salud incluye buena alimentación, estar libre de enfermedades, tener una larga vida; para este caso en particular se consideró la precariedad de las viviendas, la disposición de agua de calidad para beber y cocinar, así como de servicio sanitario y contar con atención en salud. Amor, cuidado y familia fue una categoría mencionada por los adolescentes, incluye contención, cariño y apoyo. Afiliación se refiere a la socialización, y en ella los autores destacan tres requisitos: respeto; participar en las instituciones tradicionales de socialización, como las educativas y el trabajo, y acceso a medios de comunicación. Recreación, seguridad y convivencia también surge de las opiniones de los adolescentes, quienes destacaron, además, la importancia de disponer de espacios públicos de manera segura. Respecto a la dimensión trabajo: “estar libre de explotación”, se explica que “se considera el trabajo infantil y adolescente como una privación, entendido como aquel que pueda dificultar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, y, particularmente, si interfiere con su educación, incluyendo el trabajo intensivo en el hogar”. Participación y autonomía implica que los adolescentes puedan tomar decisiones adecuadas a su edad de manera informada, y que sus opiniones y decisiones sean respetadas por los adultos; también que puedan conocer y definir sus propios proyectos de vida.
Resultados
La investigación utilizó como fuente de datos la Encuesta Continua de Hogares 2008 del INE, en la que son incluidas las categorías educación, salud y afiliación (como información adicional, no para determinar la línea de pobreza), no existiendo modo de evaluar las otras cuatro capacidades incluidas en el mencionado listado. A su vez, la capacidad afiliación fue subdividida en dos: afiliación institucional y comunicaciones. De modo que la valoración del estudio se enfocó en cuatro capacidades: educación, salud, afiliación institucional y comunicaciones.
De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares de 2008 el informe detectó que en las áreas rurales dispersas la proporción de adolescentes (12 a 21 años) con privación de las dimensiones comentadas es mayor que en las áreas urbanas. Respecto a educación, está privado 27% de los adolescentes montevideanos, y 37,5% de los de áreas rurales dispersas. En materia de salud, estaría privado de ella el 5% de los adolescentes montevideanos, pero la cifra se dispara abruptamente para los rurales dispersos: 32%. En cuanto a afiliación institucional, carece de ella 15,9% de los adolescentes montevideanos, pero el porcentaje se eleva en áreas de menor población: en localidades del interior con más de 5.000 habitantes es de 18,9%; en localidades con menos de 5.000 habitantes es de 23,8% y en áreas rurales dispersas trepa a 28,3%. Sucede lo mismo en materia de comunicación (se tomó en cuenta si el adolescente tiene en el hogar acceso a teléfono, celular o internet), en la que en Montevideo estaría privado de ella el 1,3% de los adolescentes y en zonas rurales dispersas la privación se eleva a 4,4%.
El estudio destaca algo que también ha sido señalado por el INE: la incidencia de la pobreza es mayor en adolescentes que en el total de la población.
De acuerdo a los datos de 2008, la línea de pobreza según ingresos para el grupo etario de 12 a 21 años es de 36% en Montevideo; 27% en localidades del interior con más de 5.000 habitantes; 36,9% en adolescentes de localidades con menos de 5.000 habitantes y de 12,2% en áreas rurales dispersas.
Alves explicó que “especificidades metodológicas del INE hacen que la línea de pobreza para las áreas rurales sea menor a las de las áreas urbanas”. En cambio, con el enfoque aplicado por Alves y Zerpa, 33% de los adolescentes rurales se encuentra en situación de pobreza.
El estudio determinó que “un tercio de los adolescentes de entre 12 y 21 años estuvo afectado por privaciones en al menos una de las capacidades consideradas. La mitad de éstos sufrió dos privaciones o más, mientras que 3% experimentó privación en tres de estas dimensiones, que se consideran definitorias de sus condiciones de vida”.
Por otra parte, se concluyó que las privaciones son mayores para los adolescentes que residen en zonas rurales de los departamentos del noreste.
Los autores afirman que la mayor vulnerabilidad de los adolescentes rurales está asociada a “la existencia de una cultura con roles tradicionales más marcados, en la que la adolescencia no parece ser valorada como etapa de formación y desarrollo, sino que se valora en mayor medida la inserción en el trabajo y, al mismo tiempo, se encuentran fuertemente marcadas las diferencias de roles de género, lo que limita las opciones de vida tanto de las mujeres como de los varones”. Se marca allí el espacio para implementar políticas para incidir favorablemente. Se señala que la vulnerabilidad también estaría asociada a “las carencias existentes en términos de infraestructura” en el ámbito rural.