La intimación fue motivada por el fiscal Enrique Viana y fue tomada por el Juzgado Civil 2 el miércoles 16; los ministerios deberán responder en un plazo de diez días.
El uso y el abastecimiento de la energía nuclear en Uruguay fue prohibido por ley en 1997. En 2008, el ex presidente Tabaré Vázquez formó una comisión multipartidaria para estudiar la viabilidad de su introducción.
Esa inclinación fue continuada por el gobierno actual, que aprobó en la Ley de Presupuesto una partida de 19 millones de pesos para 2011 y 2012 con destino a la Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM para “estudiar, analizar y elaborar propuestas para el desarrollo de la primera etapa (fase 1) de la eventual puesta en marcha de un programa nuclear para generación de energía eléctrica en Uruguay”. Las fases son definidas por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA): la primera es de planificación. Le siguen las de viabilidad, contratación, construcción, explotación, experiencia confirmada y autosuficiencia.
Viana tomó como punto de partida una nota del diario Últimas Noticias publicada el 12 de febrero. Se expresaba allí que en un seminario de la AIEA, en Viena, “17 países, entre los que se encuentra Uruguay, presentaron oficialmente expedientes para la construcción de centrales nucleares”. Días después, esa información, que también recogieron otros medios, fue negada por el embajador uruguayo en Viena y por Ramón Méndez, director nacional de Energía, quienes dijeron que Uruguay participó en el seminario pero negaron el hecho de que hubiera presentación de expedientes.
El fiscal justificó su pedido de información en la mencionada ley de 1997 así como en el artículo 47 de la Constitución de la República, que establece: “La protección del medio ambiente es de interés general y que las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves”.
La reunión de Viena se realizó un mes antes de que en Japón fallara una de las centrales nucleares a raíz del terremoto y el posterior tsunami. En aquel entonces y tal como consignó la nota de Últimas Noticias, la AIEA resaltaba que la participación de 50 países en el seminario era una muestra de “la aceptación creciente en muchos países de la energía nuclear como fuente estable y limpia de energía”, que ahora es cuestionada en países como Alemania, Suiza y Venezuela.
Cuando se dice que dicha energía es limpia, se refiere, principalmente, en comparación con la generación de electricidad a partir del petróleo. Ése no es el caso de Uruguay, donde la mayoría es proporcionada por fuentes limpias como la hidráulica, al tiempo que la DNE se propuso que en 2015 90% de la generación eléctrica sea proporcionada por fuentes renovables, entre las que se incluyen la hidráulica, eólica, biomasa y gas natural. Sin embargo, el planteo de disponer de un reactor nuclear en 2030 se apoya en la necesidad de contar con una fuente estable y firme, ajena a las variaciones climáticas, para responder al proyectado ascenso del consumo eléctrico. Pese a ser promocionada como limpia, las centrales nucleares generan residuos reactivos que pueden durar hasta un millón de años.
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Hasta el momento, la ciudadanía ha permanecido bastante al margen del accionar de la comisión multipartidaria que estudia el asunto, ya que, entre otras cuestiones, es un ámbito en el que únicamente participan actores políticos.
Probablemente la instancia más participativa haya sido el Juicio Ciudadano sobre Energía Nuclear en Uruguay, organizado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), con el financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar. El juicio se realizó el 16 y el 17 de octubre de 2010; el tribunal lo integraron 15 personas no expertas que estudiaron el tema durante tres meses para interrogar durante dos días a expertos e implicados en la materia.
Las conclusiones del jurado recogieron las diversas posiciones, que iban desde un “no rotundo” hasta la posibilidad de aceptar la generación núcleo-eléctrica “si los avances tecnológicos minimizan el riesgo asociado al emprendimiento, o de estudios locales que aporten información actualmente no disponible”, pasando por quienes piensan que no es aplicable en Uruguay. Los participantes propusieron “optimizar la explotación de las fuentes renovables de energía utilizadas actualmente y proyectadas al 2030 y fortalecer la campaña de eficiencia energética con el fin de garantizar un buen resultado”.
El tribunal recomendó que la comisión multipartidaria hiciera públicos los informes que eleva cada tres meses al presidente de la República y que generara ámbitos de participación ciudadana en torno a cada documento para lograr el intercambio de ida y vuelta en todas las etapas, lo que fue señalado como una aspiración por el director nacional de Energía durante el juicio.
De acuerdo a lo que publicó el semanario Brecha el viernes 18 de marzo, hasta ahora los informes elevados al primer mandatario no han sido publicitados, así como tampoco los resultados de “la encuesta para saber qué piensan y qué saben los uruguayos sobre la energía nuclear”. En el juicio, Méndez había alegado que la decisión de difundir los informes correspondía al presidente y que el intercambio con la ciudadanía estaba demorado porque se estaba estableciendo una estrategia de comunicación.
Marila Lázaro, responsable del proyecto de Juicio Ciudadano, dijo a la diaria que el 30 de marzo se presentará el documental elaborado durante el juicio y que la idea es difundirlo con todo el tribunal en los centros del Ministerio de Educación y Cultura. La idea es retomar la discusión y extenderla al resto de la población, de allí el nombre del video: “El ciudadano 16”.
Laura Agote, integrante del jurado, señaló a la diaria que si bien han comentado entre los participantes el accidente de la planta Fukushima en Japón, no se han pronunciado. Comentó que luego del juicio se entrevistaron con los ministros de Industria y de Educación y Cultura, y que concurrieron, en diciembre, a la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Esperan que la difusión del documental sea el puntapié para reanudar la discusión. Para ir haciendo base, las ponencias de expertos e implicados en el juicio ciudadano y las conclusiones pueden ser leídas en http://juiciociudadanouy.wordpress.com.