Onda retro: Brady
Reuters analizó que ciertos programas de reestructuración de pasivos, como el plan Brady lanzado en 1989 para contener los endeudamientos crónicos y recesiones regulares de muchos países de América Latina, podrían servir como guía a los estados con fuertes crisis de deuda como Grecia y Portugal. Aquel programa permitió a los acreedores intercambiar préstamos bancarios incumplidos por nuevos bonos normalmente garantizados con papeles del Tesoro de EEUU. Para Grecia, señala la agencia, la UE podría ofrecer un canje de bonos soberanos (del Estado) por nueva deuda a ser emitida “por su vehículo de rescate colectivo, el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera o, a partir de 2013, el Mecanismo de Estabilidad Europeo”. Pero tal vez no sea suficiente: si bien más de la mitad de los 17 países que participaron del plan Brady entre 1989 y 1997 tiene ahora el grado inversor, cuya accesibilidad les demoró más de una década, la mayoría es exportadora intensiva de materias primas. Asimismo, la diversa gama de acreedores de Grecia representa otro obstáculo. “La deuda de Grecia está esparcida entre un gran número de inversionistas comparado con los mercados emergentes, donde podías negociar con los tenedores más grandes”, explicó Kommer van Tright, administrador de carteras en la firma holandesa Robeco. Por otra parte, y paradójicamente, la presencia de la UE como respaldo no supone un gran incentivo a los acreedores para una reestructuración. “Un incentivo para formar parte del plan Brady era que regularizaba los pagos sobre deuda que muchas economías en desarrollo habían simplemente dejado de pagar”, recordó Phil Poole, jefe global de estrategia macro e inversión de HSBC Global Asset Management. No obstante, si la cantidad suficiente de prestamistas accede a una reestructuración, la UE deberá evitar los temores del mercado sobre la deuda de países periféricos de la eurozona, ya incrementada por los rescates a Irlanda y Portugal. Tendrá que otorgar algún tipo de garantía sobre los depósitos bancarios de la eurozona para evitar una corrida bancaria como la de Argentina en 2001, cuando el intento oficial de canjear deuda incumplida culminó en la peor cesación de pagos de deuda soberana de la historia, por casi 100.000 millones de dólares. Pero el tamaño de la deuda griega y la condición de miembro de la eurozona harían que el contagio de un evento crediticio supere todos los antecedentes. Cualquier reestructuración con descuento o pérdidas obligadas de capital perjudicaría a los acreedores, entre los cuales están muchos bancos y fondos de pensiones regionales europeos, así como el BCE. Los bancos de la eurozona poseen unos 154.000 millones de euros en deuda griega, según datos del Banco de Pagos Internacionales.
Las agencias calificadoras de riesgo crediticio, que conforman un cártel de tres grandes compañías parafinancieras cuya dudosa labor es desnudada con agudeza por el cinenasta estadounidense Charles Ferguson en su último film, Inside job (trabajo interno), recortaron la calificación de los bonos emitidos por Grecia hasta dejarlos debajo del codiciado “investment grade” o “grado inversor”. Este estatus, escalonado en varias notas positivas cuya más elevada es la AAA, implica para los países que lo reciben la posibilidad de emitir deuda a costos próximos a los que pagan los títulos de referencia mundial, como los bonos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) y los papeles públicos de Alemania. La pérdida del “grado inversor” supone para los Estados no sólo la necesidad de pagar más por el mayor riesgo de incumplimiento que representa para los inversionistas la adquisición de sus papeles, sino además el riesgo cierto de no encontrar financiamiento en los mercados. Standard & Poor’s (S&P), Fitch Ratings y Moody’s no sólo degradaron en varios escalones la calificación de la deuda griega tras la crisis financiera en que ingresó este país balcánico a fines del año pasado. También, apenas dos años atrás y en pleno desarrollo de la crisis mundial, mantuvieron las calificaciones de grado inversor y de AAA a los bancos de inversión estadounidenses mientras éstos vendían paquetes de títulos hipotecarios y otros productos crediticios sin base real y por los cuales nadie podía responder. La desregulación financiera operada durante los 80 permitió que esas entidades transformaran esos títulos en papeles con un valor multiplicado geométricamente, cada vez más lejos de la operación inicial que les había dado origen (la hipoteca de una casa). Pese a la quiebra de instituciones financieras, aseguradoras y fondos de inversión que habían comprado esos papeles, sus cuerpos gerenciales cobraron sumas millonarias en dólares por “bonificaciones”, “compensaciones” e “indemnizaciones”. “Buscan moldear nuestro destino y determinar el futuro de nuestros hijos”, lanzó con inusual dureza para un gobernante el primer ministro griego, según informó el fin de semana la agencia estadounidense de noticias AP. La degradación crediticia provocó irritación en el Ejecutivo de Atenas, que finalmente, a comienzos del año en curso, optó por aplicar un severo ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) a cambio de un paquete de emergencia por 110.000 millones de dólares.
La tasa de interés de los bonos griegos a 10 años de vencimiento superó el 15% en víspera del último fin de semana, cuando el rendimiento de los bonos alemanes marcó 3,27%. La aplicación del ajuste derivó inmediatamente en una fuerte profundización de los reclamos populares y las movilizaciones sindicales y sociales, incluyendo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, utilizadas por el gobierno para contener las protestas a un costo político no menor.
Re-estructuralista
Con ese telón de fondo, dos diarios griegos publicaron este fin de semana que el gobierno analiza la opción de extender el horizonte de sus vencimientos en el marco de una reestructuración global de las obligaciones del Estado. La semana pasada, voceros del gobierno griego y el FMI negaron categóricamente la posibilidad de reestructurar, al tiempo que arreciaron las versiones periodísticas en sentido contrario. Sin embargo, los mercados ya estarían asumiendo entre sus previsiones una elevada probabilidad de que la administración Papandreu convoque a acreedores para reprogramar vencimientos, consignó la agencia británica de noticias Reuters. Informó que un funcionario del Ejecutivo no estuvo en disponibilidad de responder.
Pero el diario Ta Nea, el más vendido de Grecia, aseguró que el gobierno analiza hacer “una reestructuración de terciopelo” incluyendo la extensión de los plazos y un acuerdo voluntario con los prestamistas para modificar las condiciones de repago. Ese medio dio por bueno el dato de que la operación se concretaría durante este año aunque después de que el francés Jean-Claude Trichet deje su cargo como presidente del Banco Central Europeo (BCE), en octubre. También el diario Isotimia informó que el Ejecutivo podría apostar a alargar vencimientos en un promedio de cinco años tras un acuerdo con sus prestamistas, basado en fuentes oficiales. El miércoles, el ministro de Finanzas, George Papaconstantinu, descartó que el gabinete vaya a prolongar sus vencimientos y aseveró que, en cambio, planea una nueva emisión de bonos para inicios de 2012. Además, aseguró que la deuda, que representará a fin de año 160% del Producto Interno Bruto, es “totalmente sostenible”. Las obligaciones -públicas y privadas- suman 300.000 millones de euros, unos 428.000 millones de dólares. Desde la crisis de deuda del año pasado, el país quedó fuera de los mercados financieros. “Una lección de los mercados emergentes es que si la reestructuración de la deuda es inevitable, es mejor hacerlo antes que después”, dijo Athanasios Vamvakidis, jefe de estrategia cambiaria en Europa del Bank of America-Merrill Lynch, entidad financiera cuyo papel en la crisis de 2008 fue paradigmático. “Pero en el caso de riesgos importantes de contagio y grandes pasivos contingentes del sector financiero, podría ser mejor esperar”, agregó. Grecia sigue en recesión y está incumpliendo las metas fiscales fijadas con el FMI y la UE para su rescate.