Eran alrededor de 50 trabajadoras domésticas; procedían de Bella Unión, Artigas, Salto, Paysandú, Melo, Tacuarembó, Treinta y Tres, Paso de los Toros, Chuy, Rocha, Maldonado, Canelones y Montevideo. Todas integraban el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), afiliado al PIT-CNT.
La breve presentación de cada una de las delegadas traslucía las realidades: “Yo estoy sola por ahora”, comentó la representante de Treinta y Tres; “nos cuesta mucho llegar a las compañeras”, resumió la vocera de Artigas; “en Melo somos unas cuantas, por suerte el gremio se está fortaleciendo día a día”, dijo la representante de esa ciudad, mientras que la de Rocha pidió a sus pares de Montevideo que concurran a su departamento, de manera de lograr mayor convocatoria.
El SUTD es un sindicato formado en 2005 que tiene complicaciones en cuanto a su organización, no sólo por la escasa experiencia sindical de las trabajadoras, sino porque éstas desarrollan su actividad de manera aislada y muy cerca de sus empleadores.
A fines de 2006 se aprobó en Uruguay la ley 18.065, de Trabajo Doméstico, que limita la jornada laboral (ocho horas diarias y 48 semanales), régimen de descansos, indemnizaciones por despido y desempleo, cobertura de seguridad social, y que estipula que los salarios y categorías se discutan mediante negociación colectiva, ámbito del que estaba excluido el sector. Estos avances, impensables en otros países, le valieron a Uruguay un reconocimiento de la OIT durante la 99ª conferencia de junio de 2010, cuya experiencia fue señalada como un modelo a seguir. En marzo se llegó a una cifra récord de trabajadoras domésticas registradas en el BPS, 60.000, pero se calcula que resta otra cantidad por afiliar.
Pese al marco normativo, la reivindicación de los derechos continúa provocando despidos. En diciembre de 2010 se firmó el segundo convenio salarial que otorgó un importante incremento, sobre todo para los sectores más sumergidos (menos de 5.792 pesos mensuales), que en un plazo de un año y medio recibirán 37% de aumento. Pero su aplicación no ha sido sencilla. El hecho de reclamar el correspondiente ajuste en enero acarreó 67 despidos, comentó a la diaria Matilde Castillo, dirigente de SUTD.
Por su parte, la delegada de Melo expresó ante el resto: “Falta mucho para que la patronal se ponga al día con las trabajadoras domésticas, principalmente en el interior. En Melo se empezó con las viviendas del PIT-CNT [Plan de Viviendas Sindicales por ayuda mutua]. ¿Qué lucha fue ésa para las trabajadoras domésticas de Cerro Largo? Fue masivo el despido solamente por pedir el recibo de sueldo”.
Salir del Medioevo
Las normas propuestas por la OIT para la discusión son: un convenio (tratado internacional legalmente vinculante para los estados miembros) y/o una recomendación, que no tiene por qué ser cumplida por los estados, y que puede complementar el convenio o no tener vínculo con él.
El convenio propuesto, llamado “Trabajo decente para los trabajadores domésticos”, define la tarea y establece el respeto a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil y de formas de discriminación. Pauta que los trabajadores conozcan las condiciones del empleo y que preferentemente haya contratos escritos en los que se detalle: el tipo de trabajo, la remuneración, horas de trabajo, fecha de inicio del contrato y si será por una duración específica, entre otos puntos. Respecto a los trabajadores migrantes se indica que “deben recibir por escrito una oferta de empleo” y el contrato escrito antes de salir de su país. Se marca que debe haber “protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia”.
Para los trabajadores que viven en la casa de su empleador se establece que puedan negociar libremente, que no estén obligados a permanecer en el hogar durante los períodos de descanso y a conservar sus documentos de viaje y de identidad.
Se pide que se garanticen las horas normales de trabajo, la compensación por horas extras y períodos de descanso diario, semanal (al menos 24 horas consecutivas) y anual. Se exige que el pago sea en efectivo como mínimo una vez al mes y que el pago “en especie” sea sólo una porción limitada de la remuneración. El convenio solicita que los países adopten medidas que atiendan a la seguridad y la salud en el trabajo (se dice que pueden ser aplicadas paulatinamente). Se establece la protección contra “prácticas abusivas de agencias de empleo”; se pide a los estados un mayor control, garantías para que el trabajador pueda reclamar contra abusos y que los honorarios de las agencias no se deduzcan de la remuneración de los trabajadores.
El convenio y la recomendación se someterán a votación de 24 representantes de los empresarios, 24 de los trabajadores y 48 de los gobiernos. Según pudo saber la diaria, los trabajadores votarán por el convenio, pero los empresarios no, y únicamente votarán por la recomendación. Si bien el texto de la OIT establece claramente que la recomendación debe considerarse “conjuntamente” al convenio, el sector empresarial propone manejarlo por separado y como texto único para que los estados miembros de la OIT no estén obligados a cumplirlo.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo a la diaria que el gobierno uruguayo votará a favor del convenio, y que el subsecretario, Nelson Loustaunau, fue uno de los más partícipes en la elaboración de sus bases durante la 99ª conferencia. El papel que adopten los gobiernos es clave para que salga el convenio. Aparentemente lo votarán los países europeos, de la región es probable que lo hagan Brasil y Chile, pero hay dudas respecto a lo que hará Argentina, mientras que ya se sabe que no lo firmarán otros países que tienen una legislación sumamente atrasada, porque al hacerlo estarían comprometidos a aplicarlo rápidamente.
En el encuentro de ayer el texto fue presentado por funcionarios de la OIT; uno de ellos, Fernando Casanova, explicó a la diaria que la falta de reconocimientos a trabajadores domésticos se da en todo el mundo “en el tercer mundo, por supuesto, pero en los países desarrollados se da básicamente con todo lo que es el contingente de trabajadores migrantes, los temas de no registro, de condiciones no adecuadas, de no derecho a la organización y a la negociación colectiva. Yo diría que este sector, específicamente con el tema de sindicalización y de negociación colectiva, se mire por donde se mire en cualquier región del mundo, tiene sus derechos ampliamente vulnerados”.