El encuentro, titulado "En conflicto con la ley. Sociedad, política e (in)seguridad en tiempos de incertidumbre", se realizó durante toda la jornada en el Paraninfo de la Udelar.
En la apertura la decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdassarián, y el rector de la Udelar, Rodrigo Arocena, saludaron que el encuentro se realizara en esa casa de estudios. Bagdassarián hizo hincapié en que la Convención Internacional de los Derechos del Niño "ubica a los 18 años como el límite socialmente acordado para este proceso" y que dicha normativa "forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro país. Como consecuencia de ello, cualquier apartamiento de la consagración de los derechos incluidos en ella tiene como consecuencia la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de las obligaciones contraídas".
Arocena explicó que el Consejo Directivo Central de la Udelar encargó a una comisión de decanos buscar "elementos de juicio de reflexión colectiva" sobre el tema de la baja de imputabilidad. Enfatizó: "Para algunos eso ha sido inaceptable; han cuestionado duramente ese esfuerzo y han pasado al cuestionamiento personal de quienes por resolución de la conducción universitaria, conducción colectiva de la institución, están llevando ese esfuerzo. 'Ladran Sancho, señal de que caminamos'. Que ladren, la Universidad va a seguir cumpliendo con su tarea de ocuparse de los grandes problemas nacionales en diálogo con todos, más allá de que les guste o les disguste a algunos".
Discurso bélico y recortado
la diaria asistió al panel de la mañana, titulado "Seguridad ciudadana: discursos, políticas y perspectivas". Los panelistas fueron Alberto Villagrán, secretario del Instituto de Sociología Jurídica, Juan Faroppa, docente de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Nilia Viscardi, docente de las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación, Marcelo Viñar, médico y psicoanalista, y Rafael Paternain, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y ex director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior (MI).
Faroppa afirmó que "el actual discurso sobre seguridad ciudadana en Uruguay es un discurso bélico, de enfrentamiento, de guerra", que es mantenido por el sistema político, por los medios de comunicación y es el que se escucha en conversaciones comunes. Precisó que es un discurso estigmatizante y deshumanizador que "se dirige contra determinados sectores de la sociedad, en el que inciden tanto prejuicios de tipo social y económico como temas etarios".
El catedrático agregó que ese mensaje "incrementa la violencia". Hizo alusión al intento de copamiento que sufrió en la noche del miércoles Luisa Cuesta, que fue "golpeada salvajemente" por quienes entraron a su casa. A la vez, Faroppa mencionó la "pérdida de referencia en las respuestas violentas que las víctimas o que parte de la sociedad pretende aplicar contra los ultimantes" y citó "el linchamiento" al que días atrás algunos vecinos sometieron a un joven que fue a robar, hasta matarlo.
Faroppa observó que en el discurso "se han terminado por completo las referencias a las causalidades" que inciden en la generación de hechos violentos; "es mala palabra hablar de eso", reprochó. Por otra parte, agregó que "no hay ningún tipo de referencia a la integralidad, a la multicausalidad o a la necesidad de intervenciones interinstitucionales e intersectoriales con respecto a la política de seguridad ciudadana. El discurso de seguridad ciudadana hoy es un discurso policial, de las intervenciones policiales". Faroppa, quien fue subsecretario del MI al comienzo de la administración de Tabaré Vázquez, precisó que no es una crítica a la Policía sino al sistema político: "No puede ser que estemos hablando permanentemente de los temas de seguridad con lenguaje de parte policial".
Por su parte, Nilia Viscardi reprobó "la lógica de ficción" de los informativos al presentar los casos policiales, la sobredimensión de la crónica policial sobre otras causas de muerte como el suicidio, y también señaló la sobrevaloración del papel de los adolescentes en hechos delictivos. Agregó que las noticias en las que se relaciona niñez y adolescencia con violencia triplican a las relativas a salud o educación. Asimismo, dijo que al "mostrar en exceso la violencia delictiva protagonizada por jóvenes infractores se oculta una violencia social" y quedan fuera facetas de "violencia doméstica, institucional, económica, de género y simbólica".
Superficialidad
"Creo que Uruguay asiste hoy a la consolidación de una cara hegemonía conservadora en el campo de la seguridad ciudadana", opinó Rafael Paternain. Detalló que se diseñan políticas a partir de los dispositivos que ya existen sin asumir que esos dispositivos son en buena medida parte del problema que nosotros tenemos entre manos". Precisó que "los dispositivos institucionales o los gobiernos de la seguridad asumen una visión absolutamente restrictiva de la idea de la inseguridad", que el problema se reduce a una determinada manifestación de violencia y de criminalidad y a una determinada cobertura territorial, del área metropolitana. La "alianza rapiña-pasta base-menores infractores" explicaría apenas 5% o 6% de los delitos que se denuncian.
Valoró que el dato de que adolescentes cometen 53% de las rapiñas graves es un dato falso y deliberadamente mal comunicado, porque surge de las rapiñas aclaradas, que son sólo 10% de las denuncias.
Paternain dijo que hay un "rearme material y simbólico de la centralidad que el actor policial tiene o debería tener en una política de seguridad ciudadana", pero que "se apela a esa centralidad sin problematizar en ningún momento que el actor también es parte del problema". "En Uruguay no debatimos sobre las insuficiencias institucionales que la Policía tiene como un actor enorme en la tramitación de los problemas de seguridad ciudadana", enfatizó.
Al igual que otros panelistas, señaló que "hay una suerte de consagración de legitimidad de que el único saber técnico sobre el tema de la seguridad es el saber policial", del que queda excluido el pensamiento académico por ser "un elemento incómodo, problematizador".
Soluciones
Faroppa indicó que han fracasado rotundamente los modelos represivo y negacionista, imperantes históricamente en nuestra región. Agregó que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que “solamente puede garantizarse una intervención eficaz del Estado respecto a sus habitantes sobre la base del cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de los derechos humanos que los estados han asumido” y que se trata de “obligaciones” y no de “recomendaciones”.
Marcelo Viñar hizo énfasis en que la solución no pasa por encerrar a los niños infractores. Dijo que “los niños no nacen criminales”, que hay que apuntar a un sistema de protección social desde los primeros años y “conseguir instituciones donde además de darles un techo, comida, protección física, incluso actividades recreativas, tiene que haber un espacio para que estos muchachos puedan ser novelistas de sí mismos [...] La humanidad del hombre sólo se realiza en el espejo con otros hombres, sólo desarrollando un núcleo de pertenencia, de lealtades, es que yo consumo mi humanidad. Esto es lo que les falta a los niños de la calle, ese espejo de ternura, de calidez”.