La muerte de un adolescente de 16 años a manos de la Policía durante un allanamiento en una vivienda del barrio Borro inquietó a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, donde, desde las 10.00 del jueves, comparecieron las autoridades del Ministerio del Interior (MI). El clima de la comisión llegaba tensionado por los dichos del ministro Carlos Negro respecto de que algunas expresiones críticas de la oposición pueden favorecer un “debilitamiento del Estado de derecho”, lo que le fue reprochado en la sesión. En la comisión, el MI expuso sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública y adelantó que, en materia de homicidios y heridos de arma de fuego, las cifras del segundo trimestree del año reflejaran una “leve suba”.
Hace dos meses, interpelado en el Senado, Negro anunciaba que el primer trimestre de 2026 mostró una caída de 9,2% de los homicidios (de 98 a 89) con respecto al mismo período de 2025, lo que suponía “una tendencia muy importante”. Las cifras del segundo trimestre, que aún no han cerrado, “no tiene datos tan favorables”, informó Negro en conferencia de prensa, y señaló que probablemente ocasionará “un cambio en el semestre”. Por otro lado, afirmó que para el resto de los delitos “la tendencia va a seguir siendo a la baja”.
La coalición, que dio una conferencia con diputados de todos los partidos –incluido Cabildo Abierto–, adjudicó los recientes cambios en la cúpula policial a las cifras del trimestre. “Quedó claro que estas designaciones responden a que el Poder Ejecutivo está reconociendo que está fracasando, está reconociendo que los resultados no se están dando y cree que por la mera circunstancia de hacer una rotación de nombres o de sustituir a parte de la cúpula policial y de los mandos policiales, esa realidad va a cambiar”, sostuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Negro respondió que “es una interpretación de la oposición” que “no se corresponde a lo que nosotros dijimos en el recinto de la comisión”. El ministro señaló que, de acuerdo a la evaluación del plan de seguridad, “se van ajustando” detalles, operativos e incluso “algunos cambios”. “Cambio va a seguir habiendo porque los nuevos jerarcas que asumen en cada una de las unidades, lógicamente, quieren conformar sus equipos con gente que entiende que tiene que participar de esos grupos”, afirmó.
Proyecto sobre control de armas y descentralización del INR
Abdala reiteró las críticas al plan y sostuvo que “es una cáscara vacía: una recopilación de cosas que ya se vienen haciendo y de cosas que se han venido anunciando pero nunca terminan de concretarse”. Entre ellas, mencionó el control de armas y municiones, “que ayer, finalmente, después de 15 meses de anunciado, se presentó un proyecto de ley para regular la tenencia de las armas o modificar la legislación vigente”. La iniciativa fue redactada por el diputado frenteamplista Alejandro Zavala en coordinación con el MI, que aportó “importantes insumos que entendíamos que tenían que estar”, dijo Negro. El ministro destacó el aumento de penas en algunos casos de porte de armas, así como para el tráfico interno e internacional.
El diputado blanco aseguró que “no es por la vía de los cambios legislativos, de agravar penas, de ejercer más presión sobre los honestos, sino que la forma de combatir este problema, el tema de la clandestinidad, el tema de las armas ilegales, es ir por los delincuentes, es ir por el mundo del delito, que es donde las armas ilegales están”. Abdala también advirtió “una disminución en cuanto a los resultados” de la Policía en materia de incautación de armas ilegales, que el ministro no “aclaró”. Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone rechazó el planteo de “solicitarle a los militares retirados que pasen a registrar sus armas por el Ministerio del Interior”. “Nosotros entendemos que no hay ningún tipo de indicio de que las armas que tienen los militares retirados terminen en manos de la delincuencia. Nos opusimos a eso. Por suerte, el Ministerio del Interior nos da a entender que va a revisar ese artículo”, señaló. “Nosotros entendemos que la política de seguridad no es la correcta; no se está actuando como se tiene que actuar”, afirmó Perrone, y apuntó a que en el proyecto de Rendición de Cuentas la política de seguridad sea “prioridad para el gobierno”.
La descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es uno de los grandes proyectos del MI para este período. Abdala, que señaló que hay “acuerdo político” en avanzar “en el nuevo diseño institucional” del sistema penitenciario, cuestionó que la cartera lo incluya recién en la Rendición de Cuentas para que entre en vigor en 2027. El ministro le aclaró a la oposición que “para descentralizar un organismo de las características del INR es necesario crear cargos”, lo cual solo puede realizarse a través de leyes de presupuesto y Rendición de Cuentas. “Hacer un diseño de descentralización sin poder crear cargos no tiene sentido y no ahorra tiempo”, por lo tanto “va a ir todo incluido en la ley de Rendición de Cuentas”, señaló.