La Junta Departamental de Canelones aprobó hace dos días el megaproyecto inmobiliario de 21 torres que se construirá en Médanos de Solymar, sobre la avenida Giannattasio. El proyecto forma parte de una serie de llamados que realizó la Agencia Nacional de Vivienda en 2021 para culminar unas obras que quedaron inconclusas en un predio que es propiedad de la agencia.
La resolución fue aprobada por 27 de 31 ediles; la rechazaron cuatro ediles del Partido Nacional y fue apoyada por seis nacionalistas. Originalmente, la iniciativa consistía en la construcción de 1.194 viviendas, agrupadas en varias edificaciones de altura variable, con un máximo de 13 pisos. Sin embargo, en la sesión del martes se definió reducir la cantidad de viviendas a 1.042 y limitar el máximo de pisos a 11. Según detalla el proyecto de resolución, el predio se divide en nueve fracciones; ocho para viviendas y una para estacionamientos.
En su intervención en la Junta, la edila frenteamplista que preside la comisión que estudió el proyecto, Cecilia Martínez, dijo que en el marco del llamado que hizo la ANV en 2021, el predio se adjudicó al “único oferente, el futuro Consorcio Gianattasio”, que presentó el proyecto aprobado con “algunas viviendas que entrarían dentro del programa Entre Todos”, y que “el precio de venta del inmueble a la agencia se realizaría con la transferencia de 27 viviendas de las que irían a construir”. La edila dijo que se destinarían 160 viviendas al programa de acceso a la vivienda Entre Todos-Sueños en Obra.
Tras la aprobación, el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, dijo a la diaria que para la comuna es “un proyecto muy importante”, y que tratarlo “era un asunto que requería una atención particular por la envergadura” de la iniciativa. En ese sentido, expresó que está “muy contento” por “el ejercicio político-institucional” que se produjo. “Fuimos interlocutores entre las partes, acercamos al municipio, a la Junta Departamental, a los desarrolladores; tuvimos reuniones bilaterales con cada uno, propiciamos instancias de la Junta Departamental para que la ANV contara cómo visualizaba el proyecto, para que los desarrolladores contaran qué se imaginaban”, relató.
Irigoin señaló que lograron cosas que la Junta “quería tener antes de la votación”, como la reducción de la altura, una “solución sobre los asuntos de tránsito” y “sobre todo estacionamiento”. “Todo fueron ítems que fuimos tocando uno por uno con cada una de las partes y logramos un punto de acuerdo que es este. Por lo cual creo que fuimos artífices de la alta votación y eso nos hace tener entre manos un proyecto bastante consensuado y que requiere mucho trabajo para adelante”, sostuvo.
El proyecto de resolución establece el plazo de 180 días a partir de la aprobación para la presentación del permiso de construcción, con 180 días más de prórroga. Según explicó Irigoin, ahora la intendencia deberá solicitar a la empresa la presentación de la documentación necesaria, “como estudios de impacto en tránsito, un planteo definitivo sobre saneamiento” e información vinculada a “costos que son por mayor aprovechamiento de suelo, que son tributos que se tienen que pagar a la intendencia”.
De esa forma, a partir de la información que presente el consorcio, la comuna tendrá que hacer que dichos elementos se adapten a las normativas departamentales, incluyendo las excepciones, que están relacionadas con la altura solicitada para la cantidad de torres, y los estacionamientos con el uso de suelo.
En cuanto a la construcción, uno de los arquitectos responsables, Carlos Ponce de León, dijo a Subrayado que estima que puede llevar entre seis y siete años. En ese sentido, Irigoin comentó que “es un proyecto que va a tener su desarrollo fuerte en el 2027”, concretamente a partir del primer trimestre.
El jerarca de la intendencia dijo que en ese periodo aproximado que van a llevar las obras, tendrán que analizar aspectos vinculados a la generación de servicios de salud, centros educativos, dado que se podrían mudar unas 3.000 personas a esos complejos de edificios. A su vez, destacó que es necesario evaluar la incidencia en la zona del proyecto de transporte metropolitano en el que trabaja el gobierno junto a los gobiernos departamentales, lo cual “va a implicar también modificaciones en el proyecto o adaptaciones”.
En cuanto a la etapa que se abre para la ANV, el presidente de la agencia, Claudio Fernández, dijo a la diaria que ahora deben ver si “el proyecto altera algo de las condiciones que están establecidas en el contrato marco”, el cual estudiará Jurídica.
A su vez, el director de la ANV por la oposición, Alfonso Lereté, remarcó a la diaria que el otro tema que “está arriba de la mesa” es el pago que va a recibir la agencia por el predio que entrega, que consiste en unas ocho hectáreas. “En el contrato se había establecido que la ANV iba a cobrar con 27 apartamentos. Si uno calcula, más o menos, un apartamento de 90, 100 mil dólares, estamos hablando de 2.700.000 dólares”.
Para ello, destacó que “tiene que haber una garantía para que eso efectivamente se concrete”, y agregó que dichas garantías “también van de la mano con el tiempo que le va a demandar al privado poder cumplir con la obligación de entregar esas 27 viviendas”.