La temática fue abordada ayer en un seminario de residuos electrónicos programado por la organización Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre), que desde 1996 promueve la reducción y el reciclaje de residuos en Uruguay, junto con el ente estatal Antel.
Anabela Aldaz, abogada y representante por Uruguay en la Red Interamericana de Especialistas de Legislación Ambiental, explicó que en América Latina existe una falta de normativa especial de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y por eso se la trata del mismo modo que a los residuos peligrosos. La disertante apuntó que esto es inadecuado, porque si bien varios RAEE contienen sustancias tóxicas, tienen elementos recuperables de alto valor económico.
A nivel mundial la Unión Europea dispone de dos directivas específicas del año 2002: la RoSH restringe el uso de ciertas sustancias tóxicas -plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, PBB, PBDE- en las etapas de fabricación de los aparatos eléctricos y electrónicos; y la WEEE (RAEE, por sus siglas en inglés) que fomenta el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, intentando restringir su disposición en rellenos sanitarios e incineración. Esa normativa es la que define los RAEE (ver recuadro).
Tanto Aldaz como Gabriela Medina, jefa del Departamento de Residuos Especiales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) explicaron que la directiva WEEE aplica el principio de "responsabilidad extendida", que hace "responsables a los importadores o productores de bienes de consumo de los costos asociados a la prevención y minimización, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos", precisó Medina.
Aldaz indicó que Colombia y Costa Rica son los únicos países que cuentan con normativa respecto a los RAEE responsabilizando a productores -extendiendo el concepto a importadores, fabricantes o quienes hacen ensambles- y también a consumidores y organismos gubernamentales, en la tarea de colaborar con la disposición del residuo en el lugar que se establezca. A nivel estadual, Buenos Aires en Argentina y San Pablo en Brasil han adoptado disposiciones similares recientemente.
Por casa
En Uruguay, en 2008, el ex senador Alberto Cid presentó un anteproyecto de ley para crear un sistema de gestión de los RAEE, orientado a establecer mecanismos de recolección de residuos, recuperación de materiales con valor comercial y disposición final para lo no recuperable. El documento indica que el sistema de gestión de los RAEE debe estar integrado por fabricantes y comercios que vendan aparatos eléctricos y electrónicos, quienes tendrían que implementar sistemas de recepción de residuos (que hayan sido comprados allí), sin costo para el consumidor, se aclara que la tarea puede ser delegada a gestores autorizados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Cid dispuso que los integrantes del sistema puedan recuperar el valor de los residuos y que las autoridades del MVOTMA determinarán el destino y tratamiento de las partes que no puedan ser recuperadas. Estableció también que los fabricantes e importadores deberán asegurar que el producto cumple con la directiva RoSH.
Gabriela Medina explicó a la diaria que el ministerio está intentando definir qué residuos son peligrosos. Ese listado se necesita para continuar avanzando con el anteproyecto propuesto por Cid. Mencionó como peligrosos a los tubos de los rayos catódicos -porque contienen plomo- y a las lámparas de mercurio.
Respecto a la gestión de estos residuos, Medina indicó que “se está tratando de una forma muy artesanal, básicamente el desguace se hace manual, se han generado cooperativas a nivel de clasificadores que se organizaron y están trabajando en el desguace manual, y sacan los metales, los plásticos y los venden si encuentran un mercado, pero al no haber una obligatoriedad se les hace difícil recibir materiales. Estamos dando pasitos, pero muy pocos”. Agregó que hay varias empresas “operadoras de residuos que están tramitando su autorización ambiental previa” atentas al recambio de monitores en empresas públicas, para recuperar partes de los descartados, seguramente exportándolos, porque no hay tecnologías locales como para tratarlos. Considerando esto, la jerarca recomienda a organismos públicos y particulares que llaman para consultar, que acopien los aparatos hasta tanto se avance en la gestión, y adelantó que a comienzos de 2012 podría haber soluciones.
Por su parte, María José González, secretaria ejecutiva de Cempre dijo a este medio que el tema en Uruguay “está bastante en pañales” y que “uno de los problemas es la escala que limita la posibilidad de que surjan alternativas locales, es muy difícil promover legislaciones si no tenemos proveedores locales que canalicen la dirección de esos residuos. Igual creemos que se va hacia ahí, que hay mayor conciencia”.
González comentó también que es un gran tema quién asume los costos de la gestión. “Todavía el uruguayo tiene la mentalidad de que si yo te doy mi residuo te estoy haciendo un favor, porque como que te lo estoy donando y no es así, tenemos que ser conscientes de que nuestro residuo tiene un costo ambiental y un costo económico para tratarlo bien, entonces tenemos que empezar a pagar por gestionar bien, sobre todo los residuos eléctricos y electrónicos, que tienen elementos peligrosos que hacen más difícil su manejo. Necesitaríamos ser conscientes de que somos responsables, para poder costear un sistema que funcione bien hay que pagarlo, a nivel de toda la cadena: del consumidor, del que lo importa (o lo produce, o el proveedor, que es el que lo pone en el mercado), intendencias, autoridades ambientales. Sin una responsabilidad compartida es muy difícil implementar un sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que sea eficiente”.