Amnistía Internacional emitió el viernes una declaración pública expresando que la Cárcel Departamental de Rocha "continúa funcionando en las mismas condiciones en que se desató el incendio" y recordó una vez más que "la integridad física y mental de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado". Al momento del siniestro, el centro penitenciario rochense reunía tres condiciones nefastas de las que no estaban ni están exentos otros recintos: hacinamiento, tendido de ranchadas -mantas o frazadas subdividiendo el espacio para tener mayor intimidad y protección del frío- y estufas caseras alimentadas de precarios sistemas eléctricos.
La cárcel de Rocha sigue hacinada. Se trata de un edificio de cerca de 100 años pensado para 55 o 60 personas. Al momento del incendio lo habitaban 130 personas; ahora viven 114 (más 21 que están en la chacra policial) pero en dos módulos menos, puesto que no se utilizan el del incendio ni el contiguo, de modo que sigue teniendo el doble de población que la que debería tener.
Óscar Miraballes, jefe de Policía de Rocha desde hace dos meses, dijo a la diaria que "la situación ha cambiado un poco en cuanto a ordenamiento interior y exterior, reforzamiento de guardia y el tratamiento disciplinario entre reclusos y policías; se ha pintado, se mejoraron las instalaciones eléctricas, se están haciendo divisiones con bloques dentro de las celdas para eliminar ranchadas, se compraron camas y colchones nuevos y se ha mejorado la comida. Estamos tratando de los que están privados de libertad tengan mejores condiciones de vida".
El jerarca admitió que la cárcel sigue sin tener la habilitación de Bomberos. Especificó que se han dispuesto bomberitos (que estaban sin carga el día del incendio), arena y que se está por implementar un sistema de reserva de agua para casos de emergencia, pero admitió que las condiciones del edificio no permiten seguir las recomendaciones dispuestas por la Dirección Nacional Bomberos para habilitarlo. Hace décadas que se habla de hacer un nuevo edificio que sustituya al centenario, pero su creación, si bien está en los planes del MI, no se vislumbra en lo inmediato.
Miraballes agregó que para disminuir el riesgo se hicieron mesas de material para poner encima los calentadores (ladrillos a los que se les conecta resistencias eléctricas); respecto a las ranchadas, dijo que si bien han tratado de limitarlas "siempre que se sacan las reclusos las vuelven a poner".
Que no se repita
El comisionado parlamentario para asuntos carcelarios, Álvaro Garcé, comentó a la diaria que el edificio de la cárcel de Rocha “es completamente inadecuado y debería sustituirse a la brevedad por uno más apropiado”. Señaló que las urgencias dentro del sistema penitenciario son múltiples pero que a su juicio “esa cárcel debería ser una de las prioridades”. Afirmó que aun así tres cuartas partes de la población reclusa siguen en riesgo de incendio en situaciones peligrosas que van “de leve a grave” y que en esa última situación estaría, además de la cárcel rochense, el Comcar.
Considerando la llegada del invierno y el siniestro de Rocha, el Servicio de Paz y Justicia y la Fundación Justicia y Derecho (FJD) solicitaron a fines de mayo a la Dirección Nacional de Bomberos información sobre las habilitaciones de todos los centros penitenciarios del país. Lo hicieron amparándose en la ley 18.381 de acceso a la información pública, pero no recibieron respuesta dentro de los 20 días estipulados por la norma. Gianina Podestá, de la FJD, dijo a la diaria que ahora iniciarán una acción judicial “para acceder a la información que por la vía administrativa no se nos dio”.