El dato surge a partir de una solicitud presentada a principios de mayo por la Fundación Justicia y Derecho (FJD) al Departamento I (Técnico y Asesoramiento) de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), dependiente del Ministerio del Interior (MI). La fundación se amparó en la ley 18.331 de acceso a la información pública y, aunque el organismo respondió pasado el plazo legal, proporcionó el requerido informe de los establecimientos de todo el país.
Carece de habilitación el penal de Libertad en San José (también el centro de recuperación número 2 lindero y las habitaciones conyugales y sala de visita), y en Montevideo COMCAR, La Tablada, la cárcel de mujeres de la calle Cabildo, la casa de medio camino femenina de la calle Andes, la de Domingo Arena, Cárcel Central, Punta de Rieles y el Centro de Rehabilitación Juvenil; sólo tiene habilitación de la DNB el establecimiento penitenciario de mujeres con hijos de la calle Basagoity.
En el interior del país no cuentan con habilitación de la DNB las dos cárceles de Canelones (de mujeres y de hombres), las departamentales de Fray Bentos, Tacuarembó, Rivera (y está en trámite la habilitación del complejo carcelario de ese departamento), la de Colonia, Soriano , Durazno, Florida (la de hombres y la de mujeres), de Paso de los Toros, Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja, Las Rosas (Maldonado), Rocha, Salto, Paysandú y Flores; sólo tiene el trámite al día la cárcel departamental de Artigas.
Javier Palummo, integrante de la fundación, dijo a la diaria que al realizar el pedido de información “esperábamos que hubiera cárceles sin habilitación, pero nunca imaginamos que iban a ser tantas. Porcentualmente, las personas que están en cárceles con habilitación de bomberos es ínfima, las grandes cárceles de mujeres y de hombres no la tienen”.
En un comunicado de prensa emitido el viernes, la FJD expresó: “La ausencia de medidas de prevención y la inexistencia de habilitaciones implica necesariamente una violación a los derechos constitucionales de los reclusos y las reclusas en general, y en especial, aquellas que se encuentran embarazadas o que conviven con sus hijos, así como del personal que trabaja en estos centros, y que ameritan en consecuencia una intervención inmediata y eficaz del Poder Judicial en el sentido de exigir al MI que realice todas las acciones necesarias y obtenga, en definitiva, las habilitaciones pertinentes”.
La fundación interpuso una acción de amparo y el miércoles 24 se realizará la audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno ante el juez Pablo Eguren, para que el MI sea obligado por la justicia a que las cárceles tengan habilitación de la DNB.
Además de responder sobre la habilitación, se le pidió a la DNB datos sobre el trámite, y en muchos se observa que el último asesoramiento o informe del Departamento I es de 2009. A partir de eso, Palummo sostuvo que en esos casos el MI no puede decir que las habilitaciones están en trámite, porque hace más de una año que no van bomberos a inspeccionar los establecimientos”.