El Departamento de Desarrollo Productivo del PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte presentaron a las empresas públicas una serie de propuestas para el desarrollo de emprendimientos autogestionados, con el fin de facilitar su participación en el sistema de compras del Estado. Ayer, en un acto en la sede del PIT-CNT, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y autoridades de Antel, OSE, UTE y ANCAP dieron sus puntos de vista sobre la iniciativa.
El documento propone que se facilite la adquisición de los pliegos licitatorios, que tienen elevados costos, mediante exoneraciones o financiación especial y que se habiliten fondos para las garantías de mantenimiento de la oferta, cumplimiento y contratación de seguros, por medio de líneas especiales que podrían crearse en ámbitos como el Fondo de Desarrollo (Fondes) o el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). Se plantea que el Estado pague en plazos razonables y, en caso de atrasos, que haya préstamos puentes sin intereses del Banco República.
También se propone definir un régimen de preferencia de precios y determinar porcentajes de reserva de mercado para los emprendimientos autogestionados, así como crear un sistema de calificación de proveedores del Estado que tenga en cuenta los antecedentes económico-productivos y el cumplimiento de la legislación laboral, incluyendo el respeto por las organizaciones sindicales.
La presidenta de Antel, Carolina Cosse, evaluó la iniciativa como “excelente” y a modo de aporte agregó que “es importante contar con una política de promoción del software libre” y pensar en “un portal público” como el que tiene Brasil, donde los organismos estatales ponen a disposición el software que usan. En el ámbito internacional “se está hablando de empresas autogestionadas que funcionan alrededor de la venta de productos de software libre”, completó. Cosse aseguró que Antel continuará estudiando las propuestas y que podría incorporarse a un plan de trabajo para llevarlas adelante.
Por su parte, el presidente de OSE, Milton Machado, expresó que “hoy es muy difícil” modificar pliegos licitatorios, pero se puede implementar una “mesa de diálogo” con las empresas autogestionadas para identificar las limitantes en ese tema. También dijo que OSE tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para contratar cooperativas sociales en tareas de servicios, pero “hay que empezar a incluirlas en tareas de producción”, pasando de la limpieza y la seguridad a la instalación de redes de agua potable.
Corte de luz
A su turno, el titular de UTE, Gonzalo Casaravilla, repasó las experiencias del ente en la compra de transformadores de fabricación nacional, que representan más de 60% del total del gasto en ese rubro. Sin embargo, sobre el planteo del PIT-CNT, Casaravilla dijo que si los pliegos licitatorios tienen un precio “es para ordenar la cancha” y las modificaciones deberían hacerse “con un registro” de empresas, porque si no “se presentaría cualquiera”.
Sobre la integración de las garantías, opinó que cuando se recibe una oferta ésta debe estar respaldada, ya que “no se puede hacer perder el tiempo al oferente” analizando una propuesta que después no se va a hacer, lo cual significa “retrasos y la que termina pagando siempre es la gente”. “Hay que buscar mecanismos desde el punto de vista financiero para que el que se presenta y no cumpla tenga algún tipo de dolor”, agregó. Sobre el régimen de preferencia de precios, señaló que “no es lo más conveniente” y como dato aportó que UTE ya paga 16% más cuando contrata pymes, pero sostuvo que ir más allá de eso sería “habilitar la ineficiencia”. Recordó, además, que todos los incrementos de costos luego se trasladan a la facturación. Casaravilla dijo que está dispuesto a sumarse a una comisión que continúe debatiendo en estos temas, pero se negó a discutir sobre modificar los pliegos licitatorios porque sería no respetar “la relación cliente-proveedor”.
Otro de los presidentes de empresas públicas, en este caso de ANCAP, Raúl Sendic, destacó el proceso de Alur en Bella Unión durante el cual “hubo que crear múltiples herramientas de financiamiento” para permitir la inclusión de todos los sectores de una cadena de producción. Informó que entre las condiciones que pone el ente a las empresas tercerizadas es el pago del “salario mínimo ANCAP”, que existe desde 2005 y cuyo monto es superior al mínimo establecido en los Consejos de Salarios.
Con respecto a las experiencias con cooperativas, el jerarca dijo que “no por llamarse cooperativa” quiere decir que “se genere el espíritu cooperativo necesario”, porque, muchas veces, “terminan con determinados trabajadores haciendo de patrones y otros haciendo de empleados”. “El capitalismo tiene una enorme capacidad de reproducirse y ahí también lo hace. Hay que trabajar mucho en ese tema”, reflexionó.
Finalmente, Kreimerman señaló que las empresas cooperativas son una herramienta para no perder capacidad productiva porque mantienen las habilidades que la gente acumula a lo largo de los años y que hay que sentar las bases institucionales del desarrollo de la industria nacional para que sea un sistema productivo que “no tenga marcha atrás”. El secretario de Estado agregó que el sistema de compras públicas debe comprender mecanismos que incorporen también la formación en gestión.