El tratamiento del proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida presentado por el Poder Ejecutivo está ingresando en su etapa final. Está previsto que esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados reciba a las últimas delegaciones para que, la próxima semana, comparezca por última vez el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), antes de la votación en el plenario. Se prevé que la iniciativa se apruebe en la cámara baja en diciembre.
Como ya han adelantado los diputados que integran la comisión, el texto tendrá modificaciones. Por lo tanto, el proyecto volverá al Senado, que, como tercera y última cámara, únicamente podrá aprobar o rechazar los cambios. El martes al mediodía los integrantes de la Coalición Republicana -partidos Nacional, Colorado e Independiente- se reunirán para llegar a “acuerdos internos” sobre las modificaciones, que luego serán presentadas al Frente Amplio (FA) y posteriormente al MEF.
Así lo adelantó a la diaria el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien señaló que ya han mantenido conversaciones informales con legisladores del FA. Apuntó que existe un “compromiso” de “intentar tratar el proyecto antes de fin de año”. Si bien puntualizó que la oposición presentará cambios, resaltó que “no hay grandes obstáculos en la discusión del proyecto”.
Con todo, uno de los artículos que ha generado más resistencia por parte de algunas delegaciones que visitaron la comisión es el 140, que habilita el mecanismo del segundo importador con el objetivo de eliminar los monopolios en ese ámbito. Este artículo establece que, “salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto”.
La Cámara de Comercios y Servicios, por ejemplo, planteó en la comisión que los segundos importadores “deberían cumplir con los mismos requisitos exigidos al importador inicial en materia de información, análisis de producto y verificación de condiciones, de modo de acreditar fehacientemente que se trata del mismo producto”. Además, la gremial sostuvo que los importadores subsiguientes deberían acreditar “el cumplimiento de las mismas exigencias técnicas que rigen para el importador inicial” y que se debería explicitar la condición de cada importador en el rotulado.
Días atrás, los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Sebastián Andújar plantearon que, si bien aún no hay una definición concreta sobre el artículo, el camino sería establecer “las mayores garantías que sean posibles”, por lo que la redacción del artículo tendrá “alguna corrección”. Consultado al respecto, Rodríguez dijo que las modificaciones podrían ir en la línea de “delimitar” el artículo o “ver si determinadas situaciones ameritan algunas excepciones”.
El artículo 140 “no implica una reducción de las exigencias de control”
El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, remitió a la comisión un documento con respuestas a una serie de preguntas formuladas por los legisladores. Una de ellas, hecha por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, pedía saber quién asume la responsabilidad frente a un eventual problema sanitario en el caso de alimentos importados por un importador subsiguiente que no compra directamente al fabricante original.
En su respuesta, Oddone aseguró que la responsabilidad por los productos ingresados al país por un importador subsiguiente “recaerá sobre dicho importador respecto de los lotes que haya importado y comercializado, en los términos que establezca la reglamentación”, por lo que el régimen que se propone en el artículo 140 “no implica una reducción de las responsabilidades sanitarias ni de las exigencias de control”.
El ministro explicó que el artículo “exige que el importado subsiguiente cuente con todas las habilitaciones de empresa y depósito correspondientes, demuestre fehacientemente que el producto que importa es el mismo que se encuentra registrado ante la autoridad competente y disponga de un sistema de trazabilidad que permita identificar y distinguir sus lotes de aquellos comercializados por otros registrantes”.
De esa forma, si surge un problema sanitario, será posible determinar “qué importador introdujo y comercializó cada lote y atribuir las responsabilidades correspondientes”. “La simplificación prevista refiere al procedimiento de registro y a evitar la presentación reiterada de información que ya se encuentra en poder de la Administración; no supone una flexibilización de las condiciones sanitarias ni de las responsabilidades asociadas a la importación y comercialización del producto”, subrayó Oddone.
A su vez, el ministro señaló que la reglamentación de la ley “podrá limitar la aplicación de este mecanismo a determinados productos y países de origen, ateniendo a una evaluación de riesgo sanitario o técnico”.
En esa misma línea se expresó el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, quien la semana pasada remarcó en la comisión que en la reglamentación se pueden “incluir excepciones vinculadas a la producción agropecuaria, productos de cooperación animal y también vegetal”. “Capaz hay que ajustar algo el texto, porque no es intención del artículo la excepción recurrente ni la asociación de diferencias por una situación sanitaria puntual o particular”, apuntó.
Por otro lado, Oddone fue consultado por el diputado nacionalista José Luis Satdjian sobre si puede haber “un desincentivo del representante oficial a registrar, ya que luego otros importadores podrán ingresar los productos sin autorización del fabricante”, a lo que Oddone contestó que dicha posibilidad no está contemplada. “El primer registrante mantiene su registro y el incentivo a registrar productos se mantiene”, señaló el ministro; y destacó que “la finalidad es evitar exclusividades de hecho que limiten la competencia, sin eximir al importador subsiguiente de su plena responsabilidad sanitaria y de trazabilidad”. Con respecto a la reglamentación, Oddone agregó que en ella se “exigirá identidad del producto, trazabilidad por lote y documentación verificable, para que la medida facilite el acceso sin generar riesgo sanitario”. Además, ante la consulta de Satdjian, el ministro apuntó que el artículo “no alcanza a los medicamentos, que tiene un régimen específico, ni a los productos veterinarios”.