La convocatoria fue formulada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el lunes 24. Navidad mediante, el margen de difusión y de preparación no podía ser más reducido. Por eso la invitación a la instancia de participación, que se hará hoy a las 17.00 en la Intendencia de Maldonado, provocó varios cuestionamientos de hasta dónde apunta a la participación y hasta dónde a cumplir con una formalidad.
El último proyecto de atravesar la laguna Garzón mediante un puente que conecte los departamentos de Maldonado y Rocha, data de diciembre de 2008. En ese momento, el empresario argentino Eduardo Costantini, líder del grupo Consultatio, que es propietario del proyecto turístico Las Garzas, ubicado en el departamento de Rocha -al otro lado de la laguna-, firmó un convenio con las dos intendencias involucradas ofreciendo pagar la construcción del puente. El acuerdo fue validado por el ex presidente Tabaré Vázquez en marzo de 2009, antes de que se conociera cómo sería esa estructura y qué impacto ambiental podría generar. Desde entonces, eso es lo que se discute.
Requirió un estudio de impacto ambiental de la Dinama; como parte del proceso, en 2011 se realizaron dos audiencias públicas, una en Rocha y otra en José Ignacio, que recogieron planteos de organizaciones sociales y locales. En junio de 2012 el arquitecto Rafael Viñoly -que se oponía inicialmente a la construcción por ser una vía paralela a la costa que imprimiría velocidad a áreas de reserva de biodiversidad- presentó formalmente el proyecto de puente, edificado sobre un sistema de balsas. La propuesta fue cambiada por el mismo arquitecto en noviembre: su estructura será circular, con una reserva para una peatonal a ambos lados, y será edificado sobre pilares en lugar de balsas, con lo que se permitirá el paso de embarcaciones por debajo.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es el organismo promotor de la obra; en noviembre Pablo Genta, subsecretario de esa cartera, elevó al ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, un escrito asegurando que la conexión entre ambas márgenes de la laguna es “totalmente integrada al paisaje, sin afectación en la dinámica costera”, con lo que “se levanta la totalidad de observaciones formuladas”, y pidió que “se otorgue la Autorización Ambiental Previa”. La Dinama publicó esa información en su web, como un respaldo a la convocatoria.
Mucho apuro
La Liga de José Ignacio y la Unión de Comerciantes de José Ignacio dirigieron cartas a la Dinama pidiendo la postergación de la instancia de hoy. Ignacio Ruibal, vicepresidente de la Liga, confirmó a la diaria que recibieron una respuesta negativa; aseguró que se trata de “otro proyecto” y que, por lo tanto, merece “otra audiencia pública”.
El grupo de vecinos de José Ignacio también está molesto con la convocatoria. Una de sus integrantes, Silvia Zumarán, agregó que como la iniciativa fue modificada se necesita otro estudio de impacto ambiental. La ONG Vida Silvestre también manifestó su disconformidad por la apurada convocatoria.
En diálogo con El Espectador, Jorge Rucks, responsable de la Dinama, dijo que “es importante tener una instancia de diálogo con los vecinos para hablar sobre este tercer proyecto que se entiende que cumple con los requerimientos exigidos, antes de su proceso formal de aprobación”. Confió en que como se está en época turística, concurrirá mucha gente. No piensan lo mismo los vecinos, para quienes ha sido una complicación extra en plena zafra.
A todo esto, Consultatio espera la prometida definición; Santiago Pérès Kemp, director comercial de la empresa, dijo la semana pasada al portal Correo de Punta del Este que “Consultatio siempre se ofreció a financiar el proyecto original, con una inversión estimada oportunamente en aproximadamente 2,8 millones de dólares”, pero precisó que si varía la inversión, “la empresa tendrá que estudiarlo para evaluar su costo y ver cómo se ajusta al presupuesto del emprendimiento”.