La delegación uruguaya estará encabezada por el presidente de la República, José Mujica; será acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Luis Almagro; de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame; el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, y el director nacional de Energía, Ramón Méndez. Asistirán cerca de 130 presidentes y delegaciones de alrededor de 190 países. Equipos representantes discuten desde el miércoles 13 la redacción del documento que firmarán los presidentes.
Posicionamiento de la sociedad civil
La Cumbre de la Tierra marcó un hito al considerar el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajaron activamente en las propuestas que surgieron; la página oficial de Río+20 sostiene que ahora la conferencia reunirá a dirigentes mundiales, participantes del sector privado y de la sociedad civil.
En el caso de Uruguay, el gobierno asumió la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y promovió un “proceso nacional de discusión preparatorio de la conferencia”. La convocatoria se lanzó a fines de 2011; el trabajo de las organizaciones duró siete meses e incluyó dos consultas regionales y dos nacionales que dieron como resultado la aprobación de un documento de posicionamiento de la sociedad civil, que fue validado por 66 organizaciones que trabajan temáticas ambientales, sociales, educativas y de género procedentes de todo el país. Tanto los grupos de trabajo como autoridades gubernamentales evaluaron que se trató de un proceso muy rico.
No obstante, el documento de la sociedad civil alerta que fue muy corto el período de trabajo en comparación con la Cumbre de la Tierra y que “en aquel entonces, estaba claro para los participantes que parte de las ideas que se proponían desde la Sociedad Civil llegarían al tratado final” pero que “en el proceso actual, en cambio, la posición gubernamental es más hermética, a lo que suma una capacidad de incidencia más débil”.
Por otra parte, tres delegados de la sociedad solicitaron apoyo del gobierno para participar en la conferencia y hasta ayer no habían recibido ninguna notificación, dijo a la diaria Miguel Piñeyro, presidente de la Red Uruguaya de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Ambientalistas. Además de entrar a la conferencia oficial -al menos uno de los tres- participarían en la Cumbre de los Pueblos, actividad paralela que comenzó el viernes y reúne a campesinos, indígenas y movimientos sociales de todo el mundo. Piñeyro sintetizó que en la cumbre la sociedad civil monitorea lo que se discute en la conferencia, elaboran “documentos sombra” y tratan de presionar a los gobiernos “para que respeten a su base de país”; si bien hay delegados de las organizaciones uruguayas que están en la cumbre, participan representando a sus grupos y no al colectivo.
La posición de la sociedad civil de Uruguay choca en varios puntos con la postura gubernamental y la de organismos internacionales. El documento de posicionamiento expresa el rechazo al modelo extractivista exportador: “La idea de desarrollo mediante el crecimiento de la exportación, la concentración y la inversión extranjera ha estado planteada hasta ahora como la única alternativa a la pobreza. Esta aseveración ha demostrado ser falsa. Los países que cumplieron con esa premisa no disminuyeron sus índices de pobreza. Los planteos que los Organismos Internacionales están realizando responden a dicha visión del desarrollo como la única vía para solucionar las complejas problemáticas que hoy nos afligen”. Por otra parte, sostiene que hay una “imposición de parte de los países desarrollados de formas de producción con tecnologías obsoletas, demandantes de energía e incapaces de cumplir los estándares de mejora de calidad de vida”. En ese sentido, menciona emprendimientos como el de Botnia-UPM, los agronegocios y los proyectos de minería a gran escala.
El colectivo afirma que no se saldrá de la crisis actual con “la mercantilización y la financiarización de la naturaleza” y que “es necesario pensar un modelo de desarrollo alternativo sustentable, equitativo y solidario con las generaciones futuras”, basado en la justicia social y ambiental y en la protección de los derechos humanos; proponen fortalecer la economía solidaria y el consumo responsable, crear un ministerio y un observatorio ambiental, que los estudios de impacto ambiental no se hagan sólo para cumplir con protocolos y alertan por “la reducción de espacios reales de incidencia en las decisiones gubernamentales”.
Asuntos en discusión
Las definiciones sobre desarrollo sustentable y las formas de lograrlo fueron plasmadas en la Cumbre de la Tierra, donde se firmó una declaración de principios, la Convención sobre Diversidad Biológica, y otra sobre Cambio Climático, una declaración sobre Bosques Tropicales y un plan de acción, llamado Agenda 21. De modo que lo que urge ahora es cómo implementar lo aprobado, considerando también que la población mundial, que actualmente es de 7.000 millones de personas, crecerá a 9.000 millones en 2050, que 1.000 millones de personas pasan hambre y que “más de un tercio de las especies conocidas podría extinguirse si se continúa sin ponerle coto al cambio climático”, sostiene el documento oficial de la ONU.
Los dos temas principales de discusión son cómo construir una economía verde y cómo mejorar la coordinación internacional. Respecto de este último se pretende elevar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a la categoría de organización, para que tenga presupuesto propio.
La economía verde es impulsada por el PNUMA y se define como “aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente”, e indica que para ello es necesario crear normativas, políticas, subsidios e incentivos nacionales, así como condiciones en el mercado internacional, infraestructura jurídica y los protocolos comerciales y de ayuda.
La Cumbre de los Pueblos rechaza la economía verde: “Al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista” que no cuestiona ni sustituye “la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción ambiental”, escribieron en una declaración el 12 de mayo. Acusan que el modelo propuesto “pretende someter los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado”, que se aumentarán los mercados financieros especulativos mediante mercados de carbono, de servicios ambientales y de compensaciones por biodiversidad. El documento de posicionamiento de la sociedad civil uruguaya también sostiene que no es una alternativa sino una continuidad del modelo económico actual.
El 8 de junio, durante el cierre del proceso preparatorio hacia Río+20, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, evaluó que el concepto de economía “puede ser una oportunidad para profundizar el camino de la lucha contra la pobreza y no debemos cerrar el camino a las oportunidades antes de saber si las mismas efectivamente pueden ser trabajadas y pueden ser impulsadas y llevadas adelante. Si no da no dará, y daremos los pasos que sean necesario para ajustarnos pero no cerrarnos; ése no es el camino más adecuado”.
Pero aunque los gobiernos estén de acuerdo con el concepto de economía verde, las diferencias asoman en su implementación y en los recursos económicos que se destinarán. La agencia de noticias IPS publicó el sábado que la negociación sobre economía verde se trancó en las reuniones de jueves, viernes y sábado en el punto relativo a cómo implementarlas, y hay reproches del Grupo 77 + China (que nuclea a 130 países en desarrollo) hacia los países ricos de esquivar ese aspecto (principalmente Estados Unidos y el bloque europeo).
Por otra parte, el documento de la Cumbre de los Pueblos afirma que “algunos países ricos están planteando un retroceso respecto de los principios de Río 92, como el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, el principio de la precaución”, y enumeran una serie de derechos amenazados. La declaración de principios de Río 92 estableció que “en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Pero con la crisis económica internacional varios países desarrollados aspiran a modificar el principio.
Almagro subrayó que “Uruguay busca reafirmar los principios de Río 92, en particular el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Agregó que nuestro país “reforzará el capítulo de químicos y de desechos como un área fundamental del desarrollo sostenible” y comentó que “si de Río 92 salieron varias convenciones, de Río+20 habrá de nacer una sola y ésta es la del mercurio”, y anunció que el 27 de junio se iniciará en Uruguay la cuarta sesión del Comité de Naciones Unidas para regular el mercurio a nivel mundial.