El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, informó el viernes que desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a principios de diciembre, se realizaron alrededor de 200 abortos en todo el país, concentrándose el mayor número en Montevideo y en las instituciones privadas. Destacó que no se reportaron complicaciones ni “problemas graves”, a la vez que reconoció que un punto “que ha sido complejo” es el tema de los plazos y los cinco días de reflexión. De las consultas realizadas durante este período en el servicio de salud sexual y reproductiva del Hospital Pereira Rossell, se desprende, según el jerarca, que entre 10% y 20% de las usuarias que consultaron por la IVE decidieron continuar con el embarazo.
“Estamos convencidos -porque la evidencia internacional es contundente- de que este tipo de leyes, más políticas públicas en anticoncepción y planificación familiar y más en educación sexual y reproductiva tienen doble objetivo. Por un lado, mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna; por otro, disminuir los números de abortos”, señaló Briozzo, quien se mostró conforme con los primeros resultados.
Con relación a los ginecólogos que hicieron objeción de conciencia precisó que fueron 30%, lo cual consideró un “porcentaje ínfimo”, al valorar que “70% están trabajando a favor de los derechos de las mujeres”. Con relación a Salto, donde la totalidad de los profesionales objetaron conciencia, el subsecretario dijo que se está trabajando para evitar que las mujeres sean trasladadas a otro departamento para recibir una receta de misoprostol o mifepristona, y una de las posibilidades que analiza el ministerio es la contratación de más profesionales.
“Hemos notado como problema la confusión generalizada que existe en la prensa y la opinión pública con los alcances de la objeción. Hay una explicación y es que en Uruguay es la primera vez que se incorpora esta figura; no hubo debate bioético ni jurídico y eso abona la desinformación que puede ser funcional para sectores que están en contra de la despenalización”, indicó. En ese sentido, Briozzo anunció que en marzo se convocará un “taller de alto nivel” para conceptualizar la “objeción de conciencia”, establecer sus alcances y sus límites para generar “buenas prácticas” en ese sentido. Los actores involucrados, además de su cartera, serán el Colegio Médico del Uruguay y la Universidad de la República.