En e sitio www.uruguayciudadanossinmegamineria.org, las personas que quieran firmar para habilitar un plebiscito en el que se decida declarar todo el territorio nacional libre de minería metalífera a cielo abierto, podrán descargar las papeletas que luego deberán entregar en lugares habilitados para su recepción. Además, se prevén jornadas de recolección de firmas en lugares públicos concurridos en todo el país.
Declárese
La Junta Departamental de Tacuarembó declaró al departamento libre de minería metalífera y de extracción de diamantes a cielo abierto, así como libre de la práctica de fracking para la extracción de hidrocarburos. Además, el proyecto de minería exhorta al intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, a incluir la decisión en las directrices departamentales. La medida fue votada por 23 ediles blancos y uno colorado. Seis ediles del Frente Amplio (FA) votaron en contra y uno se retiró de sala. La resolución fue celebrada por el grupo Tacuarembó por la Vida y el Agua, organización que recolectó 13.000 firmas para habilitar un plebiscito departamental, para el cual todavía esperan una respuesta por parte de la Corte Electoral. Jesús Ariel Casco, edil por el FA, explicó que no respaldaron el proyecto presentado por el Partido Nacional porque “desconoce lo actuado por el gobierno nacional en megaminería” y porque la junta “no tiene atribuciones para establecer resoluciones de ningún tipo al respecto”. Calificó al proyecto de “procedimiento casi panfletario”, al tiempo que dijo: “La mayoría de los ediles desconoce, no ha estudiado o esconde lo que establece la Ley de Minería de Gran Porte”. Por último manifestó dudas sobre que el intendente apruebe lo resuelto en la junta porque “en declaraciones a la prensa dijo estar de acuerdo con la minería metalífera”.
La iniciativa nació del recién conformado Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay-Libre). Sus integrantes la definen como una organización sin fines político partidarios, conformada por ciudadanos y grupos sociales de 11 departamentos que se preocupan por la introducción de “una actividad con graves impactos sobre la sociedad y los bienes naturales del país”.
Víctor Bacchetta, de Uruguay-Libre, explicó a la diaria que el objetivo principal es “reunir firmas para expresar la voluntad de participación en la toma de decisiones de este problema en el país”. Reconoció que el margen de tiempo para la recolección es bastante acotado, puesto que para que se vote en las próximas elecciones nacionales las firmas tienen que estar en abril, seis meses antes de la votación. No obstante, adelantó que si no se llega a tiempo con las 280.000 firmas (se necesitan unas 260.000 para alcanzar 10% del padrón electoral, pero se juntarán más por las dudas), la acción continuará. El objetivo es seguir fortaleciendo el movimiento social. Explicó que en el caso de Aratirí, “si fuera por el gobierno hacía tres años que estaba instalada” pero gracias a la protesta de los movimientos sociales se frenó el proyecto, que consideran que no beneficia al país porque altera el ecosistema y es una actividad de corta duración y muy destructiva.
Micro y macro
El alcance de las acciones departamentales varía según el lugar y el tiempo de dedicación al tema. La proyección de un plebiscito de alcance nacional no anula ni se contrapone a las acciones locales para la habilitación de instancias de votación departamentales. Bacchetta adelantó que éstas se mantendrán y continuarán en forma simultánea. Como argumento dijo que si bien hay una ley de carácter nacional, las decisiones departamentales deben respetarse, puesto que así lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
Consultado por el impacto que provoca el desarrollo en una comunidad, el vocero de la organización afirmó: “Toda actividad humana contamina y deteriora el ambiente. Pero acá lo que sucede es que Uruguay no es un país rico en minerales”. Además, sostuvo que en otros países de la región y del mundo la actividad se desarrolla en zonas desérticas o semidesérticas, lejos de donde viven las comunidades, cosa que Uruguay no puede hacer por sus características geográficas y por su tamaño. Por otra parte, Bacchetta reflexionó sobre la extensión de los proyectos y la destrucción de los ecosistemas. Nuevamente evocó el caso de Aratirí. Dijo que se trata de un proyecto de 12 años y después de ese período quedará destruida un área importante del territorio nacional. “Entonces son más pérdidas que ganancias. No es que estemos contra el desarrollo”, concluyó.