La Junta Departamental de Durazno aprobó este jueves por unanimidad (31 en 31) la conformación de una comisión investigadora sobre la adjudicación que obtuvo la fundación liberal Free (Fundación Rioplatense de Estudios) para la provisión de hasta 200 recursos humanos en la Intendencia de Durazno. La conformación de la comisión fue solicitada días atrás por el edil del Partido Nacional (PN) Gabriel Díaz Landoni, quien planteó la necesidad de conocer el criterio adoptado por la comuna para seguir adelante con la contratación de la fundación tras la observación del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas observó el gasto al considerar que, “de acuerdo con la descripción del objeto establecido en el estatuto” de la fundación, “no surge que la misma se encuentre habilitada estatutariamente a brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros”.
La fundación Free es un think tank creado en 2013, que se define como “liberal conservador” y cuyo presidente es el exdiputado del PN Pablo Viana. Su objeto social, según se detalla en la resolución del tribunal, consiste en “la difusión de ideas de libertad y la defensa de los derechos fundamentales del hombre, así como el impulso de políticas públicas basadas en la libertad y responsabilidad individual, el reconocimiento del orden natural, el libre mercado, la iniciativa privada, el gobierno limitado y la igualdad ante la ley, incluyendo además la formación y promoción de nuevas generaciones de líderes con vocación de servicio”.
El intendente de Durazno, el nacionalista Felipe Algorta, dijo a la diaria días atrás que se trataba de una observación “subsanable y la fundación la arregló”. Aseguró que “era una empresa que realmente estaba apta para ser contratada”.
No obstante, fuentes del Ministerio de Educación y Cultura confirmaron a la diaria que la fundación presentó el proyecto de reforma de su estatuto el pasado martes 14 de octubre, es decir, luego de que el asunto llegara a la Junta Departamental.
Desde la cartera indicaron que el proyecto está en estudio y se esperará que la comisión investigadora avance. Con todo, señalaron que la fundación ahora pretende funcionar como una empresa privada que suministra mano de obra temporal y gestiona recursos humanos de instituciones públicas y/o privadas, algo que contradice el artículo 1 de la ley de fundaciones (17.163), que establece que estas no tienen propósito de lucro.
La adjudicación se confirmó en mayo y, actualmente, ya hay unas 30 personas contratadas a través de Free, según supo la diaria. En diálogo con este medio, Díaz Landoni –que no forma parte del sector de Algorta– consideró que el incumplimiento del estatuto de la fundación “amerita, por lo menos, que la Justicia lo investigue, porque podríamos caer en el abuso de funciones”.
La comisión investigadora aprobada este jueves quedó conformada por los ediles del PN Martín Sastre, Carlos Torres y Alejandro Stefanoli, el edil colorado Gabriel Montes de Oca –quien hizo un pedido de informes sobre el tema– y el frenteamplista José Rizzo.
Al fundamentar su voto afirmativo, el edil nacionalista Santiago Icasuriaga afirmó que en el oficialismo departamental están “convencidos de que el trabajo de la comisión investigadora va a llegar a lo que nosotros estamos seguros: que acá no hay nada para esconder”.
Por su parte, Díaz Landoni manifestó preocupación por los trabajadores que ya fueron contratados, dado que, “en este momento, esos contratos no tienen validez porque la fundación no está habilitada estatutariamente para poder hacerlo y la intendencia no puede pagar a una fundación que no tiene la habilitación”.
En la misma línea, el edil frenteamplista Carlos Carrica sostuvo que el contrato “es nulo” y “no debió” haber sido firmado por el intendente.