El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) recibió recientemente un pedido de venia de la Fiscalía General de la Nación para designar al abogado Raúl Estomba como fiscal adscripto. Según consignó el semanario Búsqueda, Estomba, que ejerció en el pasado como defensor de narcotraficantes, fue propuesto por la Fiscalía luego de concursar por un cargo. El abogado defendió a integrantes de los grupos criminales Los Chingas y Figueroa.
La venia debe ser aprobada por la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. La semana pasada, el titular del MEC, José Carlos Mahía, dijo a Búsqueda que el caso “preocupa” y señaló que esto fue notificado a “algunos legisladores” de la comisión. “Hay que dimensionar, por un lado, el hecho de que el narcotráfico pretende llegar al Estado por distintas vías; ya tuvimos el caso reciente de una persona que estaba con un edil del Partido Nacional”, señaló el ministro, en referencia a Pablo Leiva, quien fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municipios en una causa por narcotráfico y figuraba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. No obstante, Mahía puntualizó que “obviamente hay que tener en cuenta el libre ejercicio de la profesión y que no se debe actuar con prejuzgamiento”.
En declaraciones a radio Monte Carlo, Mahía resaltó este jueves que en Uruguay se “otorga el libre ejercicio de la profesión” y, por lo tanto, “cada quien puede hacerlo libremente como corresponde”. Aunque aclaró que en última instancia la decisión de la designación corresponde al Senado, señaló que, como ministro, “simplemente” dio un aviso a “todos los partidos” para que “efectivamente tuvieran todos los elementos arriba de la mesa” al momento del análisis.
“En el lugar que uno ocupa como representante del Ministerio Público no debe prejuzgar, pero tampoco ignorar lo que significa” el hecho de que “en áreas estratégicas del Estado el narcotráfico puede avanzar”, expresó Mahía. El ministro puntualizó que su advertencia “no es por este profesional en concreto, sino porque es un fenómeno [en el] que Uruguay tiene que tomar medidas precautorias al respecto”.
Consultado sobre si les transmitió a los legisladores su opinión, el ministro dijo que ha tenido “conversaciones y contactos informales” y, a su entender, “no habría voluntad de ir adelante con esa venia”. “Pero insisto, no ingreso porque es una decisión del Parlamento en su conjunto”, concluyó.
Para Bianchi, “haber sido o ser defensor de narcos es inhabilitante”
Desde la bancada de senadores del Frente Amplio señalaron a la diaria que la venia aún no ingresó a la comisión, por lo que el oficialismo todavía no ha evaluado qué hacer.
Desde la oposición, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo a la diaria que se trata de un “tema complejo” que “hay que estudiar muy bien”. Sin entrar en detalle del caso concreto, porque aún no ingresó a la comisión, Bianchi sostuvo a título personal que “haber sido o ser defensor de narcos es inhabilitante” para ser fiscal. “Vos como abogado tenés la decisión de a qué tipo de delincuentes defendés o no; a mí nunca se me ocurriría defender a un narco de la misma manera que no se me ocurriría defender a un violador”, afirmó.
Asimismo, Bianchi apuntó que, para tomar la decisión, a los senadores que integran la comisión no los “obliga el concurso” que ganó Estomba, dado que este “es insumo” para “valorar la capacitación”, pero pueden haber “otros”.
El abogado en cuestión pidió ser recibido por los legisladores para defender su “idoneidad moral” para ocupar el cargo de fiscal, informó Búsqueda. En diálogo con el semanario, Estomba dijo sería un “escándalo” que no se apruebe su designación, ya que eso significaría “que se fue al carajo el Estado de derecho”.
La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Claudia González, consideró en entrevista con la diaria Radio que es “terrible” el “escarnio público” que atraviesa Estomba y dijo que la Fiscalía “no tiene más remedio [...] que elevar la propuesta porque cumple con lo que decían las bases” del concurso.
González dijo que no comprendería “las cuestiones por las que el Senado diría que no” a la designación, ya que, si Estomba “no formaba parte del grupo criminal, no hizo más que cumplir con un mandato constitucional, que es defender a una persona en juicio”.