De forma recurrente y en especial durante las discusiones presupuestales, surgen voces contrarias a las elevadas remuneraciones de los altos cargos públicos. Sin discutir si efectivamente estos salarios son elevados o no, para lo que habría que definir primero contra qué comparamos estos sueldos, existe evidencia empírica sobre los impactos que tienen los incentivos monetarios sobre la calidad y performance de los políticos.
Para simplificar, existen tres argumentos esgrimidos por los defensores de bajar los sueldos a los cargos políticos: a) Los políticos tienen sueldos muy altos y deberían ganar lo mismo que un trabajador promedio (¡así aprenden lo que es luchar para llegar a fin de mes!); b) al no pagarles tanto, ahorramos dinero que se podrá destinar a mejorar la salud, educación, etcétera.; y c) Los altos cargos deben tener un compromiso fuerte por el servicio público y no estar interesado por la remuneración que se obtenga. Un bajo nivel de salarios por tanto, permite elegir a la gente más honrada y con mayor compromiso, a la vez que ahuyenta a los que buscan simplemente enriquecerse con la actividad política.
Sobre el primer argumento sólo diré que la demagogia e igualar hacia abajo no han hecho nunca progresar a ningún país. Tampoco el segundo argumento parece relevante. Cuando hablamos de altos cargos nos estamos refiriendo a un conjunto pequeño de personas -como mucho algunas centenas- por lo que una reducción de salarios de este grupo provocaría cambios muy marginales sobre el resto de las asignaciones presupuestarias.
El tercer argumento es el más interesante y discutible. Pagarles más a los políticos, ¿permite atraer a la función política a personas más capaces, o por el contrario genera selección adversa hacia gente con pocas alternativas de éxito en el sector privado y/o de baja integridad moral?
En el plano teórico las predicciones son ambiguas, y dependiendo del modelo, un aumento de las remuneraciones a los cargos públicos puede generar efectos netos positivos (véase por ejemplo Caselli y Morelli) o negativos (Matozzi y Merlo). Por tanto, saber en realidad qué efecto prevalece, es una cuestión eminentemente empírica. Una serie de estudios recientes sobre distintos países permite comprobar que, en general, pagar mejores sueldos atrae a la función pública a personas mejor preparadas y más eficientes.
En Italia, Gagliarducci y Nannicini abordan el problema aprovechando que por ley, el sueldo de los alcaldes en las ciudades de más de 5.000 habitantes es un 30% superior al de las ciudades menores. Si bien el trabajo de los alcaldes en ambos tipos de ciudad es prácticamente el mismo, los autores encontraron que en las ciudades apenas por arriba de 5.000 habitantes, un mayor salario atrajo candidatos con un promedio de un año más de educación) y profesionales. También hallaron que estos alcaldes mejor pagos realizan una mejor gestión: reducen más los impuestos y los gastos corrientes,
Un estudio similar para Brasil, de Claudio Ferraz y Federico Finan, también utiliza discontinuidades en el pago a los legisladores locales según la población del municipio. El estudio descubrió que en los municipios donde el salario es mayor, los legisladores tienen una mayor educación, provienen con más frecuencia del ámbito profesional y tienen más experiencia. En cuanto a la gestión, también se constató que estos legisladores mejor pagos redactan y aprueban más proyectos de ley.
Finalmente en México, Dal Bó, Finan y Rossi analizan un experimento del gobierno, el cual reclutó empleados públicos para un programa de desarrollo regional en 106 localidades. El experimento consistió en ofrecer, al azar, un sueldo de unos 5.000 pesos en 41 localidades y tan sólo de 3.750 en las 65 localidades restantes. Durante el reclutamiento se entrevistó a los candidatos para conocer su capacidad intelectual, personalidad, motivación, integridad y vocación de servicio. Se pudo constatar que en las comunidades donde se ofrecían mayores salarios, el promedio de quienes se presentaban tenían mejores características personales, habían tenido mayores ingresos y mejores ocupaciones en el pasado y, lo más interesante, también tenían un perfil de motivación social más fuerte. Esto es, no se encontró ningún indicio de que menores sueldos atraigan a personas más motivadas o con mayor vocación de servicio público.
En resumen, la evidencia empírica señala que pagar mayores salarios a los cargos políticos, en general permite atraer gente más capacitada y eficiente, sin que por eso se atraiga a su vez a gente con menor motivación o vocación de servicio público. Parece claro en base a lo anterior, que proponer reducciones significativas a los ingresos que obtienen los políticos no ayudará a nuestro país a contar con mejores servidores públicos, tanto en términos de su capacidad profesional como de su integridad y vocación de servicio. Más que concentrarnos en el salario de los políticos, deberíamos ocuparnos de que rindan cuentas adecuadamente a la ciudadanía.