Ayer se consolidó un acuerdo que permitirá el acceso a la lectura de varones y mujeres no videntes, con discapacidad visual o que por problemas físicos no pueden leer materiales impresos. El convenio local se enmarca en el Tratado de Marrakech, firmado en Marruecos durante la Conferencia Diplomática organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en junio de este año.
El tratado, de carácter internacional, busca facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas o con discapacidad visual, exigiendo la disposición de leyes nacionales que posibiliten la reproducción, distribución y puesta a disposición de las obras en formatos accesibles. A cambio, para dar garantías a los autores y editores, los beneficiarios de las obras no las podrán utilizar con fines de lucro y la reproducción estará limitada.
Si bien el Parlamento uruguayo tendrá que ratificar el tratado, desde el Ministerio de Educación y Cultura comenzaron a desarrollarse acciones para que la accesibilidad a los textos sea una realidad. Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional, detalló que a partir del acuerdo firmado las personas con discapacidad visual podrán acceder a libros que fueron publicados por la institución. El material incluye investigaciones de historia, literatura, geografía y otros temas; homenajes a personalidades; y cuadernos de literatura, entre otros. Aclaró que se trata de publicaciones más recientes de las que disponen en archivos digitales.
Gabriel Soto, presidente de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, explicó que hay varios formatos y softwares que facilitan la lectura; hay programas que agrandan las letras y otros que graban en audio lo que se lee en pantalla. También está la posibilidad de pasar a braille los textos. Sin embargo, indicó que se trata de un formato costoso y “no todo el mundo sabe leer braille”.
Revolución
Liscano, quien representó a Uruguay en la Conferencia Diplomática de Marrakech en calidad de presidente del Consejo de Derechos de Autor de Uruguay, contó que el tratado “salió mejor de lo que se esperaba” puesto que fue “una batalla muy dura” porque el cambio aprobado conlleva “una revolución”. Añadió que se dio un paso “importante” pero que de aquí en adelante hay que “generar sensibilidad y cultura de accesibilidad”, puesto que las editoriales privadas deberán ceder los archivos en formato digital, obligación que en primera instancia genera desconfianza.
Tanto Liscano como Soto destacaron que la normativa no generará pérdidas para las editoriales, ya que “en Uruguay no hay un mercado para libros para ciegos, ni lo va a haber”, sostuvo el director de la Biblioteca Nacional. Según el tratado, en caso de existir artículos con versiones comerciales en el país, la difusión no deberá hacerse en forma gratuita.
“El derecho de autor no peligra nada, la persona consumidora de estos textos representa un bajo porcentaje”, comentó Soto, y agregó que según el último censo nacional 300.000 personas tienen alguna discapacidad visual. No obstante, opinó que la discapacidad “no estuvo bien medida” por ser muy abarcativa. A nivel global la Organización Mundial de la Salud informó que hay más de 314 millones de personas ciegas o con discapacidad visual, y 90% viven en países en desarrollo.