En lo que va de 2014, dos noticias relacionadas con la preservación del patrimonio dejaron en evidencia la necesidad que existe en Uruguay de discutir el tema y actualizar la reglamentación. Una fue la destrucción del edificio Assimakos (ver la diaria del 29/01/14). La otra trató sobre las diferencias existentes entre los ciudadanos de Colonia del Sacramento y las autoridades sobre el cuidado de la zona que es Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO (ver la diaria del 10/02/14).
En relación con el edificio capitalino ubicado en Avenida Italia, Alberto Quintela, abogado, docente de Arquitectura Legal y presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, remarcó que lo único que habría frenado la demolición hubiera sido haberlo nombrado Monumento Histórico Nacional, pero eso no ocurrió. Sobre la clasificación consideró: “Esa declaratoria es la única herramienta legal que tenemos para gestionar. Es una herramienta muy pesada y ese edificio no era Monumento Histórico Nacional, por lo tanto no teníamos la competencia para decir sí [se demuele] o no”. Detalló que en la misma categoría entra, por ejemplo, el acervo literario de Idea Vilariño, una obra de arte, un paisaje o un barrio. Además, opinó, a título personal, que es una categorización “altamente ideológica, porque ¿quién dice qué es un Monumento Histórico Nacional y qué no lo es?”.
Por otra parte, consideró que “vale la pena la reflexión acerca de qué hacer con el patrimonio y cómo hacemos para gestionarlo”. “Bien de Interés Cultural” es la categoría alternativa que propone, que también está sugerida en un proyecto de ley de Patrimonio Cultural que data de 2009. En este caso es posible diferenciar si se trata de un bien material o inmaterial, y deja en una categoría aparte a los paisajes. El proyecto contempla la creación de inventarios de bienes culturales, planes de gestión, así como el desarrollo de medidas cautelares (previas a la implementación del plan). También toma de la reglamentación vigente los grados de protección patrimonial; así, por ejemplo, un edificio con valor 0 podrá ser demolido puesto que su “sustitución se considera beneficiosa”; un bien con grado 2 de protección “puede ser modificado conservando o mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos significativos”; uno grado 4 debe ser “conservado integralmente”. Quintela enfatizó en la importancia de disponer de legislación acorde, porque lo que está en juego es la propiedad privada.
Más allá de las normas que regulen el uso de los bienes patrimoniales, el involucramiento de la comunidad es de los aspectos “más importantes”, según declaró el entrevistado. La participación determinará, por ejemplo, el éxito del cumplimiento de un plan de gestión. “Un plan de gestión implica ir al encuentro del ciudadano, de los grupos de interés”, reflexionó. En el caso de Colonia del Sacramento, justamente la relación entre la comisión y la comunidad no ha sido la mejor, lo que ha enlentecido la puesta en marcha del plan para la preservación del lugar.
En cuanto a la discusión pendiente sobre el proyecto de ley, el presidente de la comisión consideró que todos los candidatos presidenciales deberían poner el tema en su agenda. Además, opinó que habría que instaurar un nuevo formato institucional en el que la comisión se transforme en un instituto nacional que cuente con más habilidades, recursos humanos y presupuesto.