El miércoles de la semana pasada las dos partes expusieron sus argumentos, a favor y en contra, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Primero comparecieron, en representación de los recurrentes, los ediles de Montevideo Juan Ignacio Abdala (Partido Nacional), Laura Soto (Partido Nacional) y Federico Paganini (Partido Colorado). Minutos después, lo hicieron autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM), encabezadas por la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto, y de la Junta Departamental. Como se preveía, las posturas sobre el recurso presentado por los ediles de la oposición contra la forma en que se crearon tres nuevos cargos en la IM fueron diametralmente opuestas.
Se trata del Departamento de Coordinación Institucional, la División de Área Metropolitana y la División de Compras. Los tres puestos se crearon a través del presupuesto quinquenal de la IM; según la oposición, sin las mayorías que exige la Constitución de la República.
En la comisión de la cámara baja, Abdala señaló que la Constitución, en su artículo 62, establece “muy claramente que para crear cargos políticos y de particular confianza se requiere una mayoría de tres quintos”, esto es, 19 votos. Sin embargo, al momento de la votación, los tres cargos se aprobaron con una mayoría de 18 votos (17 del Frente Amplio y uno del edil opositor Guillermo Kruse, quien de todos modos posteriormente acompañó la presentación del recurso).
Abdala apuntó, además, que el Tribunal de Cuentas observó los artículos del presupuesto de la IM por los que se crearon los tres cargos “con los mismos argumentos” esgrimidos por los ediles opositores, es decir, “porque no se cumple con las mayorías exigidas por el artículo 62” de la Constitución. En ese sentido, el edil nacionalista solicitó a los diputados de la comisión que la cámara baja “revoque los efectos de dichos artículos”.
El único diputado que manifestó su postura en la comisión fue el colorado Juan Martín Jorge. “Es un tema importante; no se cumplió con la Constitución de la República, están clarísimos los antecedentes”, afirmó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
A su turno, Repetto argumentó que el requerimiento establecido en la carta magna no es para la creación de cargos, sino “para calificar los cargos”. En concreto, el artículo 62 de la Constitución dispone que, a los efectos de “calificar los cargos de carácter político o de particular confianza, se requerirán los tres quintos del total de componentes de la Junta Departamental”.
La secretaria general de la IM sostuvo que dicha calificación “ya ocurrió” y está plasmada en el Digesto Departamental. Esto se votó por unanimidad, hace unos 20 años. “Por lo tanto, la exigencia del constituyente en relación con la calificación de los cargos políticos de particular confianza ya se dio”, afirmó Repetto.
Ema Buzeta, asesora letrada de la Junta Departamental, agregó que la exigencia constitucional es “para la calificación”. “Nosotros no podemos, conforme a las reglas de interpretación que tenemos en nuestro derecho, darle un sobretexto de pensar en un espíritu que el legislador quiso tener con respecto a esta norma y darle un significado que la norma no tiene, porque las palabras crear y calificar no son sinónimos”, alegó.
Así las cosas, la Cámara de Diputados tenía hasta el 13 de octubre para pronunciarse sobre el recurso impulsado por los ediles de la oposición. La cámara baja tiene sesión ordinaria este martes a las 16.00. Sin embargo, según supo la diaria por fuentes legislativas del oficialismo y la oposición, el recurso no saldrá de la comisión y la apelación quedará sin efecto. “No había intención de darle para adelante; hay una especie de costumbre parlamentaria de no darles camino a estos recursos”, apuntó uno de los diputados que integran la comisión.
“Estas tres áreas ya existen y funcionan bien como están”
Sobre la cuestión de fondo, Abdala dijo a la diaria que la oposición no acompañó la creación de los cargos porque “no es necesario que la Intendencia de Montevideo tenga más cargos políticos”, sobre todo, en vista del déficit que arrastra la comuna y las “medidas de austeridad” pregonadas por la actual administración. “Estas tres áreas ya existen y funcionan bien como están”, añadió, y apuntó que, en el caso particular del Departamento de Coordinación Institucional, el cambio supone otorgarle el rango máximo, “como si fuera un ministerio”. “Pasa a tener más jerarquía que la División de Limpieza”, mencionó.
En la exposición de motivos del presupuesto, la IM argumentó en su momento que la creación del Departamento de Coordinación Institucional permitirá “mejorar la articulación entre los distintos departamentos dentro de la intendencia, así como la articulación con otros niveles de gobierno y la Junta Departamental”. La División de Área Metropolitana, en tanto, permitirá “diseñar estrategias de trabajo cuya dinámica trasciende los límites departamentales; priorizando la movilidad y el transporte, el desarrollo económico, la gestión de residuos, la protección de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial”, mientras que la División de Compras es necesaria debido a “la relevancia y el volumen de procesos de compras, licitaciones y adquisiciones que lleva adelante la intendencia”, fundamentó la IM.