Dentro de los próximos 30 días la Justicia de Suiza deberá resolver a qué país extraditará a Eugenio Figueredo, que es reclamado por Uruguay y Estados Unidos por diferentes causas, ambas vinculadas a manejos ilícitos cometidos durante su gestión como dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Figueredo, de 83 años, está detenido en Zúrich desde mayo, pretende ser extraditado a Uruguay y no a Estados Unidos, e incluso, por intermedio de sus representantes legales, ya hizo saber al fiscal del caso, Juan Gómez, que está dispuesto a colaborar con la Justicia a cambio de una reducción de la pena. El ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Conmebol es, además de uruguayo, ciudadano de Estados Unidos; ese país pretende juzgarlo por las causas vinculadas a delitos económicos, pero también por haber mentido para obtener la ciudadanía, alegando “demencia severa” para evitar rendir un examen de inglés.
Ayer, en el límite del plazo, desde Estados Unidos se solicitó prioridad para la extradición del ex dirigente, en virtud de que el pedido de la Justicia de ese país fue anterior al realizado por la uruguaya. En cualquier caso, Figueredo deberá permanecer en Suiza hasta que la Justicia de ese país decida a dónde lo extraditará.
No sólo Eugenio
En Chile, además de estar pasando un mal momento deportivo a causa del implacable cachetazo que el martes le propinó la selección uruguaya a la roja, la escena dirigencial está conmovida por la renuncia de Sergio Jadue a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), entidad rectora del balompié chileno.
Si bien en los últimos días había dicho que no iba a renunciar a la ANFP y que iba a viajar a Estados Unidos un par de meses, de vacaciones con su familia, ayer se supo que Jadue fue a la nación norteamericana para colaborar con la Justicia de ese país. Según informó El Mercurio, Jadue fue vinculado por otros detenidos a los ilícitos económicos que investiga la Justicia de Estados Unidos, y ante la inminencia de ser detenido, decidió entregarse y colaborar con los fiscales, con la finalidad de evitar una pena mayor. El dirigente chileno tenía tres posibilidades, “ir a juicio, declararse culpable, o declararse culpable y cooperar con la investigación. Y eligió la tercera salida, que en la práctica le permite llegar a un acuerdo para reducir la condena que inevitablemente tendrá y cumplirá en Estados Unidos”, afirmaron fuentes vinculadas al caso, citadas por El Mercurio.
A Jadue, de 36 años, se lo acusa, al igual que a otros presidentes de asociaciones nacionales pertenecientes a la Conmebol, de recibir de Datisa, consorcio conformado por las empresas TyC, Traffic Group y Full Play, un millón y medio de dólares a cambio de adjudicar a esta firma los derechos comerciales de las ediciones de la Copa América 2015, 2019 y 2023, y de la Copa América Centenario, que se jugará el año que viene en Estados Unidos.
En una situación similar a la de Jadue estaría también el ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, quien presentó su renuncia al cargo el 9 de noviembre. En la carta de dimisión que hizo pública, Bedoya alegó simplemente que dejaba el puesto por “motivos personales”, pero en el fondo de la decisión está el soborno pagado por Datisa. Esta versión es sostenida entre otros por el periodista argentino Ezequiel Fernández Moores, quien en una columna publicada el miércoles en el diario La Nación afirmó, basándose en fuentes del caso, que Bedoya está negociando desde setiembre su entrega a las autoridades estadounidenses, una “delación compensada”, muy similar a la que realizó Jadue. A partir de las mismas fuentes, Fernández Moores asegura que es inminente que corran la misma suerte que Bedoya y Jadue el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, y el presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout, también señalados como receptores de los sobornos de Datisa.