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Gobierno recibe 141 millones para infraestructura vial; “alcanza para arreglar tres calles de Solymar, después necesitamos más”

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Las autoridades también están preocupadas por la reacción de los habitantes de las zonas en donde se harán los arreglos cuando les pongan un peaje por cuadra.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) firmaron un acuerdo con el gobierno para otorgarle varias líneas de crédito que serán destinadas al mantenimiento de la infraestructura vial, por un monto total de 141 millones de dólares. Autoridades del BID aseguraron que con este dinero se espera “solucionar en parte uno de los grandes problemas que tiene Uruguay desde hace tiempo: la queja permanente de los intendentes del interior por los pocos recursos que les dan desde el gobierno central”.

Si bien en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas coinciden en que el préstamo servirá para “aplacar la sed redistributiva” del Congreso de Intendentes, también opinan que no representará una solución de fondo para la compleja situación de la infraestructura del país. “Ese dinero alcanza para arreglar tres calles de Solymar, después necesitamos más. Y eso si tenemos suerte y las empresas encargadas de las obras no nos cobran mucho. Porque si nos matan, a lo sumo podremos arreglar dos calles y media”, aseguró un jerarca de la cartera. En el MTOP también existe cierta preocupación por cómo reaccionarán los vecinos de la zona ante los arreglos. “Para devolver tanto dinero no va a haber más remedio que poner un peaje en cada una de las cuadras. Y acá en Uruguay todo el mundo quiere que las calles estén bárbaras, pero cuando se les dice que tienen que dejar la mitad del sueldo en peajes, se quejan”.

En el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras tanto, creen que el préstamo es una prueba “de que Uruguay es visto por los organismos internacionales como una economía seria, que prefiere endeudarse por decenas de millones de dólares antes que ponerle algún microimpuesto a los grandes productores rurales y empresas transnacionales responsables del estado calamitoso en que se encuentran las rutas”.

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