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Publicidad electoral aún depende del caudal de votos: el partido que gane seguirá usando el dinero estatal para su campaña

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Desde el Frente Amplio consideran que el “mecanismo tradicional” usado por los gobiernos para juntar votos mediante la publicidad oficial se mantendrá.

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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en la legislatura pasada por la bancada oficialista, sin votos de la oposición, incluía un artículo según el cual los partidos políticos recibirían durante la campaña electoral minutos gratuitos de publicidad directamente proporcionales a los votos obtenidos en la elección anterior. Para la oposición la norma buscaba favorecer directamente al Frente Amplio (FA), aunque desde la fuerza política aclararon que está inspirada “en la costumbre de favorecer el statu quo y desalentar los recambios y las transformaciones, una de las características de la pintoresca izquierda uruguaya”. Pero el lunes la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a un recurso del Partido Independiente y declaró inconstitucional el artículo. “La publicidad electoral se debe repartir equitativamente, porque es la única forma de que finalmente todos los partidos terminen obteniendo exactamente la misma cantidad de votos, la única garantía para que se alcance el equilibrio que las democracias necesitan”, aseguró el líder independiente, Pablo Mieres. Sin embargo, en filas del FA la declaración de inconstitucionalidad no es vista como un problema grave. “La publicidad electoral va a seguir siendo proporcional a los votos, mediante el mecanismo tradicional que aún subsiste. El partido que obtiene más votos llega al poder, y desde allí utiliza la publicidad oficial en forma descarada para ir juntando votos de a poquito y así mantenerse en el poder y seguir haciendo publicidad oficial con fines electorales”, aseguró un diputado frentista, quien definió esta situación como “un perfecto círculo virtuoso”. Desde los canales de televisión privada, mientras tanto, aseguraron que la declaratoria de inconstitucionalidad “no soluciona el problema de fondo”. “La parte de la ley que realmente ataca la libertad de expresión, que es la obligación de otorgar minutos gratuitos de televisión, se mantiene intacta. Que los partidos políticos se maten repartiéndose los minutos no nos importa. Pero que paguen”, declaró un directivo de Andebu.

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