Entre lunes y martes, dos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos realizaron una visita a Uruguay para obtener información sobre la situación de los derechos humanos. Para ello, mantuvieron reuniones con actores de los tres poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Las conclusiones de la visita fueron informadas ayer de tarde en una conferencia de prensa en la sede del Mercosur. Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, destacó que Uruguay continúa siendo “uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en nuestra región”, y en ese sentido destacó, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
No obstante, al referirse a la situación de niños y adolescentes, señaló que visitaron un centro de privación de libertad de adolescentes y constataron que “su infraestructura mantiene un carácter carcelario, y no de socialización y de rehabilitación”. Pero destacó que la comisión se “complace” con “la intención del Estado” de “sustituir estas unidades por nuevas, con un modelo adecuado a sus fines”. Por su parte, Antonia Urrejola, vicepresidenta de la CIDH, señaló “la necesidad de mejorar las condiciones de detención en las cárceles, así como de generar una política integral en materia de medidas alternativas”. Luego felicitó “el esfuerzo brindado por el Estado en la investigación y sanción” de casos de violencia de género, y destacó que en 2018 tuvo lugar la primera sentencia que aplicó el agravante de femicidio, en el marco de la nueva ley; sin embargo, subrayó la “alarmante información de que la violencia doméstica es el delito más frecuente después del hurto”, e instó al Estado a continuar avanzando para disminuir y erradicar la violencia de género.
Además, Urrejola destacó la promulgación de la ley integral para personas trans, “que garantizó el derecho a la identidad de género basado en los estándares interamericanos”. De todos modos, tomó nota de la “preocupante información” de que la Corte Electoral aprobó un prerreferéndum para derogar dicha ley. Dijo que la CIDH reconoce “el gran valor democrático que tienen los referéndum y plebiscitos”, pero la identidad de género es un derecho humano y por eso ve con preocupación que un derecho humano “sea refrendado”. Por último, en materia de “memoria, verdad y justicia”, dijo que “subsiste una deuda del Estado” con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado.