Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer se produjeron los primeros anuncios del nuevo gobierno en materia de política fiscal, que incluyeron aumentos de las tarifas de Antel, OSE y UTE a partir del 1º de abril, en torno al 10%, la postergación por unos días de la suba de combustibles, e inesperados incrementos del IVA para los pagos con tarjeta.
Una vez más, el presidente Luis Lacalle Pou asumió personalmente la tarea de comunicar medidas, y una vez más cabe acotar que esa actitud de “hacerse cargo” implica riesgos de desgaste, aparte de que es materialmente imposible ocuparse de lo que hace cada secretaría de Estado. Para algo están los ministros (y los fusibles en las instalaciones eléctricas).
Entre los riesgos está el que surge cuando lo anunciado por Lacalle Pou no corresponde a sus promesas preelectorales. Entre estas estuvo, reiteradamente y con énfasis, la de no aumentar los impuestos ni las tarifas, y también la de reducir el déficit fiscal frenando el “despilfarro”, sin “meterle la mano en el bolsillo a la gente”, porque la sociedad ya había pagado la cuenta durante mucho tiempo, y era tiempo de que el Estado hiciera su parte.
Es muy difícil conciliar aquella premisa con la decisión de aumentar el IVA en los pagos con tarjeta: aunque el presidente haya sostenido que es parte de la “austeridad” y el “ahorro”, se trata sin duda de una suba de impuestos. Además, lo que se espera recaudar por ese concepto es poco significativo en relación con el actual déficit fiscal, y casi parece que fuera una medida con sesgo ideológico contra las políticas previas de inclusión financiera y estímulo a los pagos sin efectivo.
En todo caso, se disparó de inmediato la esperable controversia entre oficialistas y opositores. Lacalle Pou también asumió personalmente la tarea de responsabilizar al gobierno de Tabaré Vázquez por no haber aumentado en diciembre las tarifas, y desde el Frente Amplio hubo rápidas críticas al “tarifazo”, e incluso acusaciones de “rapiña”. En ese marco, el debate acerca de la relación entre estos aumentos y el del IPC tiene importancia, pero probablemente lo que más le importará a la gente es si la evolución de los salarios se acompasa o no con la suba de tarifas e impuestos.
Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública afina sus planes para afrontar la pandemia de coronavirus, y otros organismos se preparan también para eventualidades indeseables. La Institución Nacional de Derechos Humanos, que ha recibido una cantidad muy inusual de denuncias sobre malos tratos policiales, decidió enviar funcionarios a observar lo que ocurra en futuras movilizaciones. A su vez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció que establecerá un protocolo para los “descuelgues”, o sea los casos en que una empresa queda eximida de cumplir lo acordado en el marco de los Consejos de Salarios, debido a que no está en condiciones de hacerlo. En la actualidad, esto requiere el aval del sindicato correspondiente y del Poder Ejecutivo, y dirigentes de la actual coalición de gobierno enfatizaron, durante la campaña electoral del año pasado, la necesidad e importancia de tales excepciones.
Hasta mañana.