Antes de anunciar oficialmente la “adecuación tarifaria”, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, empezó la conferencia de prensa señalando que hay varios elementos que preceden al anuncio, como “compromisos electorales” hechos en la campaña, “la inacción u omisión” del gobierno anterior de “adecuar las tarifas en virtud de los costos de los servicios” –además de un trabajo “muy arduo de todo el equipo económico”– y, por último, “la inestabilidad económica generada a nivel mundial”. En la conferencia Lacalle Pou llevó la voz cantante, secundado por Azucena Arbeleche, cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Yendo al grano, Lacalle Pou anunció los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, que serán de 10,7% para OSE, 10,5% para UTE y 9,78% para Antel. El aumento de ANCAP será anunciado más adelante. El presidente informó que esta “adecuación es por debajo de los costos”. Los aumentos, dijo, no van a ser utilizados, “como se hizo durante mucho tiempo, como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su malgasto o gasto excesivo”.

El mandatario indicó que estos aumentos, que regirán a partir del 1º de abril, son acompañados por algunos decretos dirigidos a una mayor “austeridad”, para cumplir el compromiso de campaña “del ahorro de 900 millones de dólares”. Entre estas medidas, está el recorte de la rebaja del IVA para las compras con tarjetas de débito, que se reduce de 4% a 2%, y de crédito, que disminuye de 9% a 5% en restaurantes. Consultado por la prensa por el motivo de esta medida, Lacalle Pou dijo que es “porque el déficit es grande” y que en realidad es una pregunta que debió estar dirigida “a los que estaban acá [en la Torre Ejecutiva] hace seis meses”. En cuanto al “ahorro” que significará para el Estado esa medida, dijo que será del entorno de 40 millones de dólares.

Otra de las medidas tendientes a generar un “ahorro del Estado”, según se informó mediante un comunicado, será la “prohibición de renovar o comprar mobiliario y equipamiento” en las oficinas públicas, además de prohibir la “renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de carácter temporal, que no sean funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento”.

Acerca del precio de los combustibles, el mandatario explicó que el gobierno anterior había comprado petróleo para el primer semestre del año y que ahora, que se produjo una brusca caída del precio, el MEF hizo una nueva adquisición para al menos una parte del segundo semestre. Indicó que el aumento será menor al previsto, pero que se esperará unos días más antes de anunciarlo.

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Según Lacalle Pou, el gobierno anterior dejó a las empresas públicas en situación deficitaria: “Esta adecuación tarifaria es un efecto de la ineficiencia del gobierno que se fue el 1º de marzo”. “Lo que podemos hacer es distribuir el costo, que la ineficiencia del gobierno anterior no pese sobre los hombros de los uruguayos todos”, añadió.

El presidente también subrayó que continuarán “algunos beneficios en lo que hace al combustible y la electricidad para determinados sectores productivos”. A su turno, Arbeleche dijo que “el objetivo de todas estas medidas es reactivar la economía” y por eso “esta adecuación se hace por debajo de la evolución de los costos para cada una de las empresas públicas”.

Por su parte, Alfie aseguró que la última información de la que disponía la OPP sobre las empresas públicas era de principios de diciembre, cuando la proyección para 2020, sin el aumento de las tarifas, “daba muy deficitaria”. “En la suma de las cuatro empresas el déficit previsto para el año 2020 era de 20.000 millones de pesos”, dijo, unos 500 millones de dólares. “En ese contexto claramente no hay posibilidades de no adecuar los precios de venta de bienes y servicios”, justificó. “Es más, la adecuación estrictamente por costos debió ser bastante superior”, aseguró, pero no se hizo así “por un tema de competitividad”. Sin embargo, pese a este aumento de tarifas, las empresas “tampoco van a tener un resultado muy positivo este año”, sino que estarán “en zona de empate o algo de déficit”, agregó Alfie.

Repercusiones

Como no podía ser de otra manera, el anuncio de suba de tarifas y del aumento de IVA a las compras con débito generó repercusiones en la oposición. El senador del Frente Amplio (FA) Óscar Andrade escribió en Twitter: “Años dando manija con el compromiso de bajar, no sólo de no aumentar, sino de bajar las tarifas y la promesa electoral no duró ni un mes. Debe ser un récord digno del Guinness”. A su vez, el diputado del FA Alejandro Sánchez escribió en la misma red social que se trata del “aumento de tarifas más grande de los últimos 15 años”. “Reducen la exoneración del IVA y dejan que se dispare el dólar. Comenzó la rapiña al bolsillo de la gente, y sólo van unos días”, agregó.

Pablo Ferreri, subsecretario del MEF del gobierno anterior, escribió en Twitter que es un ajuste tarifario “por encima de la inflación y suba de impuestos, la receta que aplicaron siempre, la que dijeron que no iban a aplicar”. “A eso se suman las señales equivocadas en cuanto al tipo de cambio y ministros que reconocen estar al servicio de las corporaciones. Van sólo 11 días”, finalizó.

En tanto, el economista y senador del FA Mario Bergara escribió en Twitter que si “llamaban tarifazos cuando los gobiernos del FA subían tarifas por debajo de la inflación, ¿cómo le llaman ahora a este ajuste?”. “Y además suben los impuestos: Dos puntos de IVA con débito y cuatro en los restaurantes. Si lo hacía el FA, ¿le llamarían Impuestazo?”, preguntó.

A su vez, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla (que está desde el gobierno anterior), indicó en su cuenta de Facebook que con el aumento de 10,5% que se plantea en UTE, la contribución a la reducción del déficit fiscal de esa empresa ascenderá a 390 millones de dólares para este año. Según el jerarca, si no se hubieran aumentado las tarifas en el ente, igual se hubiera hecho una contribución al déficit de 280 millones de dólares.

En otras tiendas, Marcelo Nougué, uno de los voceros del grupo de productores autoconvocados Un Solo Uruguay, dijo que si la cifra que dio Alfie de 500 millones de dólares de déficit en las empresas públicas es cierta, “la preocupación es por la irresponsabilidad del cierre del gobierno de Tabaré Vázquez, que entregó las empresas públicas detonadas”. Según agregó, lo mejor sería que las empresas públicas den a conocer los balances, así “no hay más que discutir”, porque si no, todo se resume a “un relato contra otro”.