Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
No era tan difícil. Ayer por la tarde, representantes del Frente Amplio (FA) fueron recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou. En el marco de un civilizado intercambio de opiniones sobre la emergencia sanitaria, le presentaron propuestas para adoptar nuevas medidas, entre ellas un subsidio para trabajadores informales con un salario mínimo nacional por mes (o la diferencia con ese monto si ya reciben alguna prestación), que beneficiaría a unos 310.000 hogares. Según los cálculos del FA, si la crisis durara tres meses esto requeriría un desembolso estatal de no más de 240 millones de dólares.
El Poder Ejecutivo estudiará, por supuesto, esas propuestas, y decidirá si le parece conveniente aplicarlas. A su vez, el FA estudiará el proyecto de ley para formar un Fondo Coronavirus y establecer impuestos que contribuyan a solventarlo, que ingresará hoy al Parlamento. La iniciativa fue afinada desde los anuncios realizados el jueves y el viernes de la semana pasada, e incluye ahora previsiones detalladas sobre el aporte que se impondría a quienes cobran mayores jubilaciones y pensiones (lejos quedaron los tiempos en los que actuales gobernantes sostenían que no se debían gravar las pasividades). Además, el impuesto a las retribuciones personales proyectado se extiende más allá de quienes son “funcionarios públicos” en sentido estricto.
Otro anuncio del Ejecutivo que contribuye a descomprimir tensiones es que se convocará al Consejo Superior Tripartito, integrado por representantes del gobierno nacional, empresariales y sindicales, para buscar acuerdos generales ante la emergencia. Esto no sólo implica abrir un espacio donde los planteamientos sociales sean escuchados y discutidos formalmente, sino que además puede ser muy importante para prevenir que, en la actual dinámica de multiplicación de reclamos sobre las más diversas situaciones, se adopten medidas sin considerar el complejo panorama integral, y los sectores con mayor capacidad de presión obtengan mejores respuestas.
La lista de esos reclamos no cesa de crecer, y ayer se le agregaron varios. Los trabajadores rurales denuncian carencias de elementos sanitarios y piden un régimen de licencias especiales para cuando terminen las zafras. Al mismo tiempo, surgen iniciativas para evitar que mientras dure la emergencia se produzcan desalojos y despidos, en la línea de algunas de las medidas anunciadas por el gobierno de España.
En una coyuntura como la actual, no conviene que la voluntad de “hacerse cargo” políticamente se imponga a ultranza. Un ejemplo de esto es el caso de los nueve referentes en epidemiología del Ministerio de Salud Pública que pusieron sus cargos a disposición de las autoridades, luego de que esa secretaría de Estado anunciara, contra la opinión de los especialistas y sin notificarlos previamente, que en esta etapa de “circulación comunitaria” del nuevo coronavirus se seguirían aplicando test de diagnóstico a quienes no presentaran cuadros graves.
Hasta mañana.